En 2003 se destinaron $140 mil millones: Hacienda

En jubilaciones el gobierno federal pagará más que para cubrir deudas

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Los recursos que demandarán los trabajadores del gobierno federal para cubrir sus jubilaciones al término de este sexenio serán ''incluso'' superiores a su deuda total, y equivalentes a 26 por ciento del producto interno bruto (PIB), advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La deuda total, interna y externa del gobierno federal, se ubica en 1.8 billones de pesos, según los informes oficiales enviados al Congreso de la Unión, y ese sería el monto, a precios de 2003, al que llegarían los recursos requeridos para pagar la jubilación de sus trabajadores en 2006, precisó Alejandro Werner, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

El saldo de la deuda interna gubernamental al término del año pasado ascendió a 927 mil 97.1 millones de pesos; en tanto que el de la deuda pública externa se ubicó en 77 mil 303.4 millones de dólares, equivalentes a casi 852 mil millones de pesos, según los reportes oficiales. Sin embargo, para el endeudamiento externo ''por fuentes de financiamiento'' figura un saldo de 79 mil 274.2 millones de dólares en el mismo informe, sin que se explique el porqué de la diferencia entre ambos.

En conferencia de prensa expuso que el ritmo de crecimiento anual de los recursos para jubilación de los trabajadores del gobierno federal es de 6 por ciento, y que en 2003 se destinaron para este fin 140 mil millones de pesos del presupuesto, los cuales representaron aproximadamente 2 por ciento del PIB.

''Año con año se incrementa el esfuerzo para satisfacer estos requerimientos, que presionan otros rubros del gasto. Lo que implica es que el pasivo contingente asociado a las pensiones podría ser mayor, eventualmente, a la deuda total del gobierno federal en la actualidad'', expresó el funcionario.

El pasado 6 de febrero, durante el segundo día de trabajos de la Convención Nacional Hacendaria, el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Eduardo Sojo, estimó en 70 por ciento del PIB el monto de los pasivos laborales contingentes. Pero agregó en sus cálculos los recursos para la pensión de los trabajadores que laboran en los gobiernos estatales y municipales, así como de otras entidades públicas.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Política de Ingresos y Control Presupuestal, Guillermo Bernal, estimó que 15 por ciento de los trabajadores del gobierno federal que anualmente se retiran dentro del Programa de Separación Voluntaria, alcanzan su jubilación. Este año el gobierno federal intenta prescindir de 50 mil de sus trabajadores mediante este programa, por lo que se espera que 7 mil 500 personas lo hagan por jubilación.

Guillermo Bernal aseguró que el costo en que incurre el gobierno federal por la separación de trabajadores no incide en el problema de las pensiones. Es más elevado el ahorro que se obtiene por la cancelación de una plaza que lo que se paga por una jubilación, señaló el funcionario.

Según el informe sobre las Finanzas Públicas y la Deuda, enviado recientemente al Congreso de la Unión, en 2003 fueron liquidados 49 mil 263 trabajadores del gobierno federal, lo que representó un costo de 15 mil 556.5 millones de pesos.

Adiós al SAR 92

Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda informaron que de los 20 mil millones de pesos que tomó el Ejecutivo federal de los fondos de jubilación de los trabajadores, que fueron ubicados en la cuenta conocida como SAR 92, 11 mil millones fueron utilizados para la creación de la Financiera Rural que sustituyó al Sistema Banrural, el cual fue liquidado en el primer semestre de 2003.

Otros 8 mil millones se canalizaron a diversos programas de apoyo al campo, indicaron; pero declinaron precisar hacia cuáles. Los mil millones de pesos restantes se emplearon para crear un fondo para cubrir las jubilaciones de los trabajadores que reclamaran, con apego jurídico, la propiedad de esos recursos.

Hasta la fecha se desconoce la existencia de algún informe oficial que precise el monto de los reclamos hechos sobre esa cuenta que fuera constituida con recursos aportados por trabajadores para su jubilación.

Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda aseguraron que si esos mil millones de pesos fueran insuficientes para hacer frente a las reclamaciones, ''se utilizarán recursos presupuestales para pagar esas pensiones''.