El EMP es la instancia responsable de cuidar al Ejecutivo, dice

Se vulneró la seguridad del Presidente: Macedo

Deslindes de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública

El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, reconoció ayer que sí se ''vulneró la seguridad del Presidente'' y de su familia por la irrupción de casi 2 mil ex braceros en la casa de la madre de Vicente Fox, por lo que ordenó al Ministerio Público federal levantar ''de inmediato'' un acta circunstanciada, ante el presunto ilícito de allanamiento de morada. Este hecho, ocurrido el sábado pasado, prendió focos de alerta en el gabinete de seguridad nacional, aunque fue evidente la diversidad de criterios y puntos de vista emitidos por sus miembros.

En este tenor, no obstante que el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, afirmó que el presidente Fox dio instrucciones para deslindar responsabilidades en contra de los integrantes de las organizaciones de ex braceros, y se hicieran las denuncias correspondientes a nivel local y federal, en los hechos, ante la falta de querella presentada por la familia Fox, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato informó anoche que inició una investigación de oficio sobre los hechos.

Desde temprano, en entrevista, el procurador Macedo de la Concha había señalado que la familia Fox Quesada tenía que presentar la querella penal correspondiente; sin embargo, por la tarde el esposo de Mercedes Fox, Arturo Torres del Valle, aseguró que la familia del Presidente no había presentado denuncia penal alguna ante ninguna instancia. ''No creo que vayan a poner nada, no lo creo; es algo que es mejor dejar así'', respondió vía telefónica al corresponsal de La Jornada, Martín Diego.

Pese al hermetismo que privó sobre el tema en Los Pinos, ayer el presidente Fox tuvo una reunión con su gabinete de Seguridad Nacional para abordar el asunto. Desde la mañana, Ramón Muñoz, jefe de la oficina presidencial para la Innovación Gubernamental, confirmó en entrevista que se realizaría esa junta de trabajo y adelantó que ahí se trataría el tema del presunto allanamiento.

Muñoz agregó que ese tema estaba en manos del secretario Creel. Y aunque se mostró a favor de una salida política en este conflicto dijo no estar autorizado para hablar de ello, ''porque se tratará en el seno del gabinete de Seguridad, del cual yo formo parte'''. Asimismo, el funcionario convino en que se trata de un asunto delicado que mantiene ''ocupado'', que no preocupado, al gobierno federal.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se deslindó en conferencia de prensa del problema que viven los ex braceros, así como de la irrupción de más de 2 mil de ellos a la finca de la familia presidencial, el pasado sábado, pero justificó las acciones y competencias de la dependencia a su cargo. Por un lado dijo que el Congreso de la Unión no ha aprobado los recursos para hacer frente a esta añeja demanda y, por el otro, aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informó oportunamente a las corporaciones policiacas de la acción planeada por los manifestantes.

A su vez, el procurador Macedo de la Concha, expresó que su dependencia ''actuó de inmediato'', levantó un acta circunstanciada ''y está recabando todas las formalidades del procedimiento para, en su caso, si hubiera denunciantes, llevar a cabo la investigación''.

En entrevista por separado, el secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, evitó hablar sobre la eventual responsabilidad de la dependencia a su cargo en la vigilancia de la finca invadida. ''Esa no es nuestra tarea'', se justificó.

Por su parte, el Estado Mayor Presidencial (EMP) -bajo las órdenes del general Armando Tamayo Casillas-, que es el encargado directo de garantizar la seguridad del presidente Vicente Fox y de su familia, guardó silencio sobre el tema, aunque trascendió en medios castrenses que no se descartaba que militares encargados de la custodia directa de la propiedad de la madre del Ejecutivo federal pudieran ser sujetos de correctivos disciplinarios. ''La aplicación de las sanciones sería en el interior del EMP y seguramente no se sabría nada afuera.''

Sobre este particular, el procurador Macedo aseveró que el EMP ''actúa también por instrucciones y por órdenes del Presidente'', además de que ''debe ver y debe velar por todo aquello que pudiera vulnerar la seguridad del mandatario y tomar las medidas necesarias''. Insistió en que cada autoridad asuma las acciones que le correspondan para garantizar el respeto a la vida personal del Presidente.

Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, precisó: ''El EMP custodia de manera directa a la familia y al Presidente mismo; nosotros tenemos que atender otro tipo de consideraciones'', aunque aceptó que ante la posibilidad de que se den más movilizaciones en las inmediaciones del rancho San Cristóbal, ''tendremos que coordinarnos (con la Secretaría de Gobernación) de mejor manera''.

Por otra parte, en conferencia de prensa, Creel Miranda aseguró que desde hace una semana el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) notificó a los diferentes órganos de seguridad pública del país, tanto federales como estatales, lo planeado por las organizaciones de los ex braceros, a fin de que tomaran las providencias necesarias y se garantizara la seguridad de la familia del mandatario.

''La Secretaría de Gobernación no tiene a su cargo las funciones de seguridad pública; no tenemos mando en la fuerza pública, y eso debe quedar muy claro. Por lo tanto, la procuración de justicia está a cargo precisamente del Ministerio Público y la seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. A nuestro cargo está la seguridad nacional en materia de información y la información se previó en tiempo y forma.''

Por su parte, el procurador Macedo advirtió que el gobierno federal debe analizar las consecuencias de la irrupción de los ex braceros, además de que, ''en lo personal, estimo que en una parte sí se vulnera la seguridad de la familia del señor Presidente, y desde luego las autoridades locales y federales debemos hacer lo que nos corresponde''.

En otro orden, el titular de Gobernación dijo que el Congreso de la Unión no cuenta con los recursos económicos para resolver el problema de los ex braceros. La Cámara de Diputados no ha dictaminado ninguna de las tres iniciativas de ley que se han presentado desde la anterior legislatura. ''Si el gobierno tuviera fondos haríamos frente de manera inmediata a los reclamos que se nos plantean. No se nos autorizó en el presupuesto la partida para hacerle frente a estos reclamos, hay que decirlo con toda claridad'', dijo.

Y añadió: ''Por lo tanto, lo único que podemos hacer como gobierno federal es dialogar e invitar a que los integrantes de estos grupos formen parte de los programas sociales del gobierno federal (...) Si se quiere resolver esto con recursos, se tienen que aprobar en el presupuesto''.

A pesar de que el problema de los ex braceros lleva ya varios años, y cuando menos en este último ha intervenido la Secretaría de Gobernación, aceptó que desconoce dónde están los recursos económicos que reclaman los manifestantes y que son resultado de los descuentos que sus patrones estadunidenses les hicieron de 10 por ciento de su salario, con el argumento de formarles un fondo de pensiones. ''¿Dónde están? Ese es el punto'', respondió.

Creel precisó que resultado del diálogo sostenido con las organizaciones de ex braceros se ha elaborado ya un padrón, y que el gobierno federal les ha ofrecido incluirlos en distintos programas de seguridad social, tanto del IMSS como de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, dicho padrón reconoce únicamente a 5 mil 790 ex braceros que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1946, cifra menor a los 77 mil 500 expedientes que tiene tan sólo una de las organizaciones de ex braceros.

Las víctimas, nosotros y no la familia del Presidente, dicen

La invasión a la finca de los Fox, ''medida desesperada''

Marchan del Angel de la Independencia a Los Pinos

PATRICIA MUÑOZ Y JOSE DIAZ BETANCOURT REPORTERA Y CORRESPONSAL

La irrupción de los ex braceros en el rancho San Cristóbal se pudo haber evitado si el gobierno federal hubiera atendido la solicitud de audiencia, que desde semanas atrás se le hizo, o si ya se hubieran tomado medidas para resolver este problema, que se ha venido planteando hace varios años, sostuvieron los dirigentes del movimiento Braceroproa, que ayer marcharon del Angel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos.

En una carta abierta que leyeron a su llegada a la residencia oficial exponen que ''la desesperación de los ex braceros fue lo que produjo esta acción, frente a un gobierno que no ha respondido con certeza a una demanda que tiene más de tres años de movilizaciones''.

Los casi 4 mil manifestantes -según reportes policiacos- arribaron a Los Pinos, y en un improvisado templete algunos de los líderes de este movimiento señalaron que los trabajadores mexicanos son las víctimas y no la familia Fox, como se ha querido hacer ver.

Nicasio Martínez, uno de los dirigentes de este movimiento que se ha integrado en la Asamblea Nacional de Braceros, recordó que el objetivo de acudir al rancho del Presidente era pedirle su intervención para el pago de 10 por ciento de los salarios que les descontaron durante el tiempo que trabajaron en Estados Unidos.

Explicó que los ex braceros sólo exigen que se les devuelvan las retenciones correspondientes al tiempo que laboraron en Estados Unidos, las cuales fueron recogidas en un fondo del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y estos fondos nunca fueron entregados.

Antes, en otro foro, Francisco Ibarra, otro de los dirigentes, indicó que Gobernación no les ha resuelto sus demandas y que esta dependencia tiene registradas a 80 mil personas que podrían tener derecho a esos fondos, pero entre trabajadores que aún están vivos y sus viudas se estima que hay más de 800 mil en esta situación.

Por su parte, en Jalisco, el dirigente del movimiento Braceroproa y coordinador del Centro de Atención a Migrantes con sede en esta entidad, Gilberto Parra Rodríguez, declaró que la paciencia de los ex migrantes ya se agotó y por eso se dieron los sucesos del sábado pasado. Sostuvo que ''nadie vio el supuesto desmayo de la madre del Presidente, porque ni siquiera tuvieron contacto con ella'', y que la hermana del mandatario de nombre Mercedes fue quien los atendió por tres horas, por lo que no hubo violencia alguna, "sólo un reclamo justificado''.

En la ciudad de México, los manifestantes hicieron durante su recorrido una parada frente a la embajada de Estados Unidos, donde exigieron que se cumpla con los acuerdos entre los dos gobiernos, bajo los mecanismos que establecieron para los braceros de aquel entonces.

Los manifestantes, procedentes de Tlaxcala, San Luis Potosí, estado de México y Puebla, principalmente, fueron acompañados por sus familiares y viudas; recorrieron Paseo de la Reforma con mantas y pancartas y luego se desplazaron hasta llegar a la residencia oficial. Según advirtieron, no cesarán sus movilizaciones hasta que se les liquiden los sueldos retenidos, más los intereses.

Por la noche, la Presidencia de la República informó que fue recibida una comisión de 14 personas, quienes forman parte de la Asamblea Nacional de Braceros y que, aclararon en Los Pinos, representan ''un grupo distinto al que se presentó en el rancho San Cristóbal''.

Sin embargo, estos manifestantes, que también reclaman se les reintegre 10 por ciento del dinero descontado por el salario que devengaron en Estados Unidos entre 1942 y 1966, fueron atendidos con toda la amplitud que requirió el tema.

De acuerdo con el comunicado de Presidencia estuvieron cinco horas en diálogo con funcionarios de la oficina de Laura Carrera Lugo, coordinadora de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía. ''Ella intervino al final de la reunión para manifestarles la voluntad del gobierno federal para encontrar alternativas de solución al problema que plantean.''

El próximo lunes, esta oficina de Los Pinos y los líderes de los ex braceros se comunicarán ''para fijar fecha de la próxima reunión de trabajo''. 

No asumir respuestas berrinchudas, pide el PRD a Fox

En marzo, comisión legislativa para atender el caso de los ex braceros

ENRIQUE MENDEZ, VICTOR BALLINAS; RENE RAMON Y JOSE DIAZ REPORTEROS Y CORRESPONSALES

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ayer constituir en marzo las comisiones especiales de la 59 Legislatura, entre ellas la que dará seguimiento a los fondos aportados por los ex braceros. Los grupos parlamentarios precisaron que su decisión no implica relevar al titular del Ejecutivo de su responsabilidad de dar respuesta a las exigencias de los ex trabajadores en Estados Unidos; inclusive, la bancada del PRD hizo un exhorto al presidente Vicente Fox a ''serenarse y no asumir respuestas berrinchudas'' contra quienes irrumpieron en su rancho.

Sobre este asunto, en el Senado de la República el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Jorge Zermeño Infante, manifestó que ''corresponde a la señora (Mercedes) Quesada (madre del mandatario) presentar una querella en el estado de Guanajuato, porque se trata de un delito del fuero común y tendrán que actuar las autoridades estatales''. Presentar o no la denuncia depende ''exclusivamente de ella'', subrayó.

No sin criticar la invasión de campesinos a la finca de la señora Quesada -''porque eso no resolverá las demandas sociales''-, el senador informó que el Congreso y la Secretaría de Gobernación trabajan para encontrar una solución a este problema, pues supuestamente los recursos que están reclamando los ex braceros fueron depositados en lo que fue Banrural, ''y ese dinero no aparece, por lo que deberá hacerse una investigación''.

Mientras, en el estado de México, el diputado perredista y dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Valentín González Bautista, reprobó la irrupción en el rancho de la familia Fox Quesada y lamentó que la Alianza Braceroproa intentara ''chanta-jear'' al gobierno federal, expusiera la seguridad de los ancianos y desgastara con una confrontación innecesaria el movimiento.

También representante ante el Congreso de la Organización Binacional de Trabajadores Ex Braceros, González Bautista aseguró que la alianza no representa ni 10 por ciento de los más de 150 mil ex braceros que conforman la organización binacional, y que ya negocia el pago con Hacienda y Gobernación.

En la Cámara de Diputados, luego del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la creación de las comisiones especiales, Acción Nacional defendió la postura presidencial de iniciar acción penal contra los invasores de la finca, al considerar que llevaron a cabo ''actos de barbarie''. Sin embargo, las bancadas perredista y petista plantearon que las sanciones deben enfocarse, en todo caso, a los funcionarios de Gobernación que no atendieron el problema a tiempo, lo cual habría evitado el hecho.

El coordinador de los diputados del sol azteca, Pablo Gómez Alvarez, afirmó que Fox ''no arreglará nada metiendo a la cárcel a los ex braceros'' y lo llamó a que, por el contrario, busque constituir un esquema para devolver a los ex trabajadores 10 por ciento de sus ingresos que se les descontaron como fondo de retiro.

Consideró que la advertencia de Fox de que se procederá penalmente contra ellos dibuja ''a un Presidente irascible, con respuestas un poquito elementales cada día más. Eso es preocupante, porque un país no se puede dirigir sobre la base de respuestas emotivas y berrinchudas. šHay que serenarnos! El debe serenarse, tener la cabeza fría, atender los asuntos del país, como el de los ex braceros. Está obligado a buscar una solución''.

Por su parte, el diputado del PT Pedro Vázquez sostuvo que ''si política y legalmente no hubo respuesta a una problemática, los ex braceros se vieron obligados a tomar una medida desesperada, así que el Presidente no debería amagar con que habrá una represión''.

Mientras, el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, lamentó los hechos y cuestionó la seguridad en el país, pues la invasión al rancho ''habla de una incapacidad de los sistemas de seguridad al servicio del Presidente que lo pone en riesgo, y tendríamos que preguntarnos: Ƒsi se pone en riesgo la seguridad de la señora madre del Presidente, qué estará pasando en el resto del país?''.