El EMP es la instancia responsable de cuidar al Ejecutivo, dice

Se vulneró la seguridad del Presidente: Macedo

Deslindes de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública

El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, reconoció ayer que sí se ''vulneró la seguridad del Presidente'' y de su familia por la irrupción de casi 2 mil ex braceros en la casa de la madre de Vicente Fox, por lo que ordenó al Ministerio Público federal levantar ''de inmediato'' un acta circunstanciada, ante el presunto ilícito de allanamiento de morada. Este hecho, ocurrido el sábado pasado, prendió focos de alerta en el gabinete de seguridad nacional, aunque fue evidente la diversidad de criterios y puntos de vista emitidos por sus miembros.

En este tenor, no obstante que el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, afirmó que el presidente Fox dio instrucciones para deslindar responsabilidades en contra de los integrantes de las organizaciones de ex braceros, y se hicieran las denuncias correspondientes a nivel local y federal, en los hechos, ante la falta de querella presentada por la familia Fox, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato informó anoche que inició una investigación de oficio sobre los hechos.

Desde temprano, en entrevista, el procurador Macedo de la Concha había señalado que la familia Fox Quesada tenía que presentar la querella penal correspondiente; sin embargo, por la tarde el esposo de Mercedes Fox, Arturo Torres del Valle, aseguró que la familia del Presidente no había presentado denuncia penal alguna ante ninguna instancia. ''No creo que vayan a poner nada, no lo creo; es algo que es mejor dejar así'', respondió vía telefónica al corresponsal de La Jornada, Martín Diego.

Pese al hermetismo que privó sobre el tema en Los Pinos, ayer el presidente Fox tuvo una reunión con su gabinete de Seguridad Nacional para abordar el asunto. Desde la mañana, Ramón Muñoz, jefe de la oficina presidencial para la Innovación Gubernamental, confirmó en entrevista que se realizaría esa junta de trabajo y adelantó que ahí se trataría el tema del presunto allanamiento.

Muñoz agregó que ese tema estaba en manos del secretario Creel. Y aunque se mostró a favor de una salida política en este conflicto dijo no estar autorizado para hablar de ello, ''porque se tratará en el seno del gabinete de Seguridad, del cual yo formo parte'''. Asimismo, el funcionario convino en que se trata de un asunto delicado que mantiene ''ocupado'', que no preocupado, al gobierno federal.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se deslindó en conferencia de prensa del problema que viven los ex braceros, así como de la irrupción de más de 2 mil de ellos a la finca de la familia presidencial, el pasado sábado, pero justificó las acciones y competencias de la dependencia a su cargo. Por un lado dijo que el Congreso de la Unión no ha aprobado los recursos para hacer frente a esta añeja demanda y, por el otro, aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informó oportunamente a las corporaciones policiacas de la acción planeada por los manifestantes.

A su vez, el procurador Macedo de la Concha, expresó que su dependencia ''actuó de inmediato'', levantó un acta circunstanciada ''y está recabando todas las formalidades del procedimiento para, en su caso, si hubiera denunciantes, llevar a cabo la investigación''.

En entrevista por separado, el secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, evitó hablar sobre la eventual responsabilidad de la dependencia a su cargo en la vigilancia de la finca invadida. ''Esa no es nuestra tarea'', se justificó.

Por su parte, el Estado Mayor Presidencial (EMP) -bajo las órdenes del general Armando Tamayo Casillas-, que es el encargado directo de garantizar la seguridad del presidente Vicente Fox y de su familia, guardó silencio sobre el tema, aunque trascendió en medios castrenses que no se descartaba que militares encargados de la custodia directa de la propiedad de la madre del Ejecutivo federal pudieran ser sujetos de correctivos disciplinarios. ''La aplicación de las sanciones sería en el interior del EMP y seguramente no se sabría nada afuera.''

Sobre este particular, el procurador Macedo aseveró que el EMP ''actúa también por instrucciones y por órdenes del Presidente'', además de que ''debe ver y debe velar por todo aquello que pudiera vulnerar la seguridad del mandatario y tomar las medidas necesarias''. Insistió en que cada autoridad asuma las acciones que le correspondan para garantizar el respeto a la vida personal del Presidente.

Al respecto, el gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, precisó: ''El EMP custodia de manera directa a la familia y al Presidente mismo; nosotros tenemos que atender otro tipo de consideraciones'', aunque aceptó que ante la posibilidad de que se den más movilizaciones en las inmediaciones del rancho San Cristóbal, ''tendremos que coordinarnos (con la Secretaría de Gobernación) de mejor manera''.

Por otra parte, en conferencia de prensa, Creel Miranda aseguró que desde hace una semana el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) notificó a los diferentes órganos de seguridad pública del país, tanto federales como estatales, lo planeado por las organizaciones de los ex braceros, a fin de que tomaran las providencias necesarias y se garantizara la seguridad de la familia del mandatario.

''La Secretaría de Gobernación no tiene a su cargo las funciones de seguridad pública; no tenemos mando en la fuerza pública, y eso debe quedar muy claro. Por lo tanto, la procuración de justicia está a cargo precisamente del Ministerio Público y la seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. A nuestro cargo está la seguridad nacional en materia de información y la información se previó en tiempo y forma.''

Por su parte, el procurador Macedo advirtió que el gobierno federal debe analizar las consecuencias de la irrupción de los ex braceros, además de que, ''en lo personal, estimo que en una parte sí se vulnera la seguridad de la familia del señor Presidente, y desde luego las autoridades locales y federales debemos hacer lo que nos corresponde''.

En otro orden, el titular de Gobernación dijo que el Congreso de la Unión no cuenta con los recursos económicos para resolver el problema de los ex braceros. La Cámara de Diputados no ha dictaminado ninguna de las tres iniciativas de ley que se han presentado desde la anterior legislatura. ''Si el gobierno tuviera fondos haríamos frente de manera inmediata a los reclamos que se nos plantean. No se nos autorizó en el presupuesto la partida para hacerle frente a estos reclamos, hay que decirlo con toda claridad'', dijo.

Y añadió: ''Por lo tanto, lo único que podemos hacer como gobierno federal es dialogar e invitar a que los integrantes de estos grupos formen parte de los programas sociales del gobierno federal (...) Si se quiere resolver esto con recursos, se tienen que aprobar en el presupuesto''.

A pesar de que el problema de los ex braceros lleva ya varios años, y cuando menos en este último ha intervenido la Secretaría de Gobernación, aceptó que desconoce dónde están los recursos económicos que reclaman los manifestantes y que son resultado de los descuentos que sus patrones estadunidenses les hicieron de 10 por ciento de su salario, con el argumento de formarles un fondo de pensiones. ''¿Dónde están? Ese es el punto'', respondió.

Creel precisó que resultado del diálogo sostenido con las organizaciones de ex braceros se ha elaborado ya un padrón, y que el gobierno federal les ha ofrecido incluirlos en distintos programas de seguridad social, tanto del IMSS como de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, dicho padrón reconoce únicamente a 5 mil 790 ex braceros que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1946, cifra menor a los 77 mil 500 expedientes que tiene tan sólo una de las organizaciones de ex braceros.