La decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de realizar una auditoría para esclarecer las prácticas dispendiosas de Carlos Flores Alcocer, representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, constituye una medida pertinente que debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias.

El citado funcionario, quien carece de experiencia diplomática y sólo tiene como credenciales una larga trayectoria de colaboración con el presidente Vicente Fox, solicitó que el erario público pague una mansión en la capital francesa con valor de más de 16 millones de pesos, automóviles de lujo, costosos alquileres de oficinas, sueldos exorbitantes para él y sus subalternos y una larga lista de artículos de uso doméstico a precios de escándalo.

Tal circunstancia, además de mostrar una actitud prepotente, insensible y derrochadora, resulta ofensiva para los mexicanos, en su mayor parte agobiados por la pobreza y el desempleo, y contradice el discurso de austeridad del gobierno al que Flores Alcocer dice servir, pero del que se sirve.

La intolerable altanería de ese funcionario quedó demostrada con su oferta de cubrir de su bolsillo los 18 mil dólares en recursos públicos que, en su momento, no tuvo empacho en destinar "por error" a la compra de colchones para su residencia personal. Una disculpa y la devolución del dinero derrochado no bastan: la representación mexicana ante la OCDE debe ser auditada a fondo y, en su caso, deberán fincarse responsabilidades conforme a derecho contra Flores Alcocer y quienes autorizaron esas y otras erogaciones innecesarias e injustificables.

Por añadidura, la desmesura del diplomático es causa de irritación social y pone en entredicho a su propio jefe y benefactor, Vicente Fox: mientras el mandatario afirma que serán despedidos 50 mil empleados públicos para reducir la nómina federal -decisión de suyo cuestionable-, Flores Alcocer ordena gastos sin medida y pretende que el país le pague una vida de lujo y comodidades en París, sin importar que, además, el gobierno de México mantenga una deuda de casi 30 millones de pesos con la OCDE. Un caso censurable en todos los sentidos.

Con todo, y en la exigencia de que la auditoría encargada por la SRE corrija tales despropósitos, el caso de Flores Alcocer no es un ejemplo aislado: el presupuesto destinado para cubrir los elevadísimos sueldos y los numerosos privilegios que disfrutan los altos funcionarios de la administración foxista resulta desproporcionado y contrario a la austeridad, la racionalidad económica y la sensibilidad social que exigen los difíciles tiempos por los que atraviesan el país y la mayoría de los mexicanos, sumidos en la estrechez y la incertidumbre.

Mientras no se reduzcan drásticamente tales gastos y se revise el programa de despidos masivos de trabajadores del Estado anunciado por Fox, el gobierno federal seguirá siendo percibido -tal como sucedía durante las peores etapas de despilfarro en los sexenios priístas- como causante directo de injusticias, del desamparo de miles de familias y del uso de los recursos públicos para dar trato privilegiado a un reducido grupo de funcionarios. ¿Dónde quedó el tan prometido cambio?