La iniciativa para conceder a algunos trabajadores indocumentados permisos para laborar en Estados Unidos por tres años prorrogables, presentada ayer por el presidente George W. Bush, constituye tan sólo una promesa ambigua, incompleta e incierta que no recoge las aspiraciones nacionales de un acuerdo migratorio duradero, justo y suficiente.

Rápidamente, el Ejecutivo federal se aprestó a calificar tal propuesta de un "primer paso" e, incluso, aventuró que fue resultado de un largo esfuerzo de negociación bilateral, supuesto que no guarda relación ni con el discurso de Bush ni con la realidad de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En contraste, ese primer paso -de ser avalado por el Congreso de Estados Unidos, lo que no resulta seguro- probablemente no se moverá en una dirección auspiciosa para los connacionales que trabajan allende el río Bravo.

En primer término, la vigencia de los eventuales permisos de trabajo estará severamente acotada, tres años con opción a una renovación limitada, pues la propuesta de Bush pretende incentivar el retorno de los migrantes a sus lugares de origen y no otorgará un número de permisos suficiente para resultar significativo. Así las cosas, si bien Washington anuncia que su iniciativa reconoce las cruciales aportaciones de los trabajadores indocumentados a su economía, también los considera como recursos humanos circunstanciales a los que se dará un perfil meramente utilitario: aprovechar su mano de obra eficiente y barata y luego desecharlos para sustituirlos por otros migrantes, en un ciclo que no ofrece a los trabajadores la certidumbre laboral ni las opciones de desarrollo futuro -para ellos y sus familias- que cabría esperar de toda fuente de empleo digna y justa. Los patrones que contraten a tales inmigrantes podrían, al vencimiento de los permisos, finalizar la relación con sus empleados sin que éstos puedan hacer valer derechos ni prerrogativas laborales de ninguna índole.

Además, este esquema operaría como un nuevo instrumento de control de los residentes extranjeros en el país vecino del norte, dato que, a la luz de las recientes medidas de vigilancia y fichaje emprendidas por Washington, implica riesgos para la vigencia de las garantías individuales de quienes intenten afiliarse a tal esquema. ¿Cómo se convencerá a los indocumentados, siempre temerosos del acoso de las autoridades migratorias, de que este programa los favorece y no es sólo un ardid para legalizar su explotación, mantenerlos bajo una mirada inquisitiva o simplemente para facilitar su deportación?

En este contexto, será poco lo que este plan resolverá de llegar a aplicarse: a lo sumo, contribuirá a abrir el debate sobre la migración en los estamentos políticos del país vecino y será apenas un paliativo cuyas ventajas se repartirán desigualmente entre gobierno y empleadores estadunidenses, que recibirán los mayores beneficios, y algunos migrantes, que sólo obtendrán una precaria seguridad. Por añadidura, no puede desestimarse la evidente coloratura electoral de esta iniciativa. Con miras a conducir hacia Bush al sufragio hispano, crucial para sus aspiraciones de relección, el esquema de visas de trabajo temporal operaría como un instrumento para utilizar a los migrantes en el juego comicial estadunidense.

Finalmente, debe reconocerse que Estados Unidos, como todo país, tiene el derecho de reglamentar su política migratoria y laboral como mejor convenga a sus intereses legítimos. Sin embargo, ha de reiterarse que la propuesta de Washington no es una solución al fenómeno migratorio ni tiene necesariamente como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los trabajadores indocumentados que laboran en su territorio: constituye fundamentalmente una medida de política interna con fuertes tintes electorales y ceñida a la estrategia de seguridad de Bush.

Por ello, las autoridades nacionales deberían abstenerse de celebrarla y a cambio tomarla con las debidas reservas y, sobre todo, mantenerse firmes en la búsqueda de un verdadero acuerdo migratorio bilateral entre ambos países y en la defensa, bajo cualquier circunstancia, de los derechos de los connacionales en Estados Unidos. Desde luego, potenciar el desarrollo nacional y las oportunidades de vida y trabajo digno en el país resulta una medida obligada para atender las causas del flujo de mexicanos hacia el vecino del norte, obligación que a la fecha, y por numerosos factores, el gobierno de México no ha sido capaz de cumplir.