En diciembre les otorgó amparos para no ser trasladados a penales de máxima seguridad

Investiga la PGR al juez que benefició a los cinco narcos que se fugaron en Apatzingán

De los 25 internos evadidos, falta recapturar a 13, admiten en Michoacán

ERNESTO MARTINEZ, ISRAEL DAVILA Y RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSALES

La delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán, María Teresa García Chávez, informó que se investiga a Jorge López Campos, el juez federal que en diciembre pasado otorgó amparos a cinco presuntos narcotraficantes vinculados con el cártel del Golfo para no ser reubicados del penal de Apatzingán, de donde se fugaron el lunes pasado, junto con otros 20 internos.

Por otro lado, la Procuraduría de Justicia del estado informó que desde el día de la fuga fueron recapturados o se entregaron a las autoridades 11 reos, además de que uno murió, por lo que la cifra de prófugos se redujo a 13, incluidos los cinco presuntos narcotraficantes.

García Chávez confirmó que el lunes llegaron a Michoacán 50 agentes de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Agencia Federal de Investigación, quienes se sumaron a los 200 policías de otras corporaciones y del Ejército en la búsqueda de los 16 internos del Cereso de Apatzingán que permanecen prófugos.

La funcionaria indicó que la PGR atrajo el caso, pero aclaró que la SIEDO encabezará las investigaciones.

De su lado, la Procuraduría de Justicia informó que de los 25 reos fugados fueron recapturados el mismo lunes Martín Ramírez Contreras, Fernando Porras Mayorga y José Rafael Ramírez Caballero; asimismo, se entregaron Marco Antonio Garibay López y Alfredo López Ciprés, mientras que en la fuga murió Fernando Coria Huerta.

De los 19 restantes fueron recapturados o se entregaron entre martes y miércoles Nicolás Torres Naranjo, Pedro Jiménez Magaña, Hugo Alberto Ceja Palacios, Ricardo Cervantes Madriz, Antonio Solís Martínez y Alejandro Cabadas Zamora.

Esclarecen móvil de la muerte del subdirector de La Palma

El procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, reveló ayer que días antes de que fuera ejecutado en Toluca el subdirector del penal de máxima seguridad de La Palma, Noé Hernández Flores, tuvo problemas con un interno sentenciado por narcotráfico. Se sospecha, dijo, que esta situación motivó el homicidio.

Al iniciar las investigaciones, dijo, "recabamos dos testimonios de familiares de la víctima que nos referían que había tenido problemas con uno de los internos y que ese conflicto había ocasionado la ejecución".

Indicó que existe un sujeto detenido, Francisco Reynoso, quien está siendo procesado por su presunta autoría material en el crimen del funcionario, pero hay otros dos prófugos.

Noé Hernández Flores fue ejecutado el 17 de diciembre en Toluca tras una persecución. Su cuerpo fue ubicado en un camión de la Policía Municipal, donde trató de esconderse de sus victimarios.

En estos momentos, la investigación corre a cargo de la fiscalía contra la delincuencia organizada de la PGR, a la que la procuraduría estatal ya turnó un desglose de las indagatorias realizadas a escala local.

La Procuraduría de Justicia de Chihuahua analiza la petición de diputados federales y de Amnistía Internacional de trasladar al penal de Ciudad Juárez a Víctor García Uribe, quien está recluido en el penal de alta seguridad de San Guillermo, en la capital del estado, donde enfrenta la acusación de matar a 11 mujeres, entre ellas las ocho cuyos cuerpos fueron localizados el 6 y 7 de noviembre de 2001 en un campo algodonero.

El subprocurador estatal de Justicia, Antonio Piñón Jiménez, dijo que un grupo de legisladores solicitó que regresaran a García Uribe a Ciudad Juárez, donde presuntamente cometió los homicidios de que es acusado.

Dijo que pese a que uno de los problemas de la cárcel de Juárez es la sobrepoblación, se puede admitir de nuevo al reo, pues allí está radicado el juez que tuvo conocimiento del caso y que inició el juicio al dictarle auto de formal prisión.