Intencional, el corte del cable; a la fecha, 33 denuncias penales por daños, señala

Reforzar vigilancia, pide el director del Metro a SSP y procuraduría

El dictamen definitivo, hasta que concluyan las investigaciones, señala Bernardo Bátiz

LAURA GOMEZ Y SUSANA GONZALEZ

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó que mientras peritos en tránsito terrestre, electricidad y mecánica de la procuraduría capitalina (PGJDF) investigan si el corte de los cables de energía en la estación San Antonio de la línea 7 del Metro se debió al desgaste o se hizo intencionalmente, con el fin de "crear problemas", entre 50 y 100 trabajadores de base y limpieza que ahí laboran serán llamados a declarar ante el Ministerio Público (MP).

El director del Sistema de Transporte Colectivo-Metro (STC), Javier González Garza, adelantó que ante la existencia de 33 denuncias penales por robo de cables, vandalismo y sabotaje durante esta administración, se propondrá a la PGJDF y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la realización de operativos conjuntos para prevenir afectaciones y ataques a las instalaciones del organismo.

Asimismo, se sugerirá a los titulares de ambas corporaciones que se financie -de manera tripartita- la instalación de mil 300 cámaras de videovigilancia en andenes, estaciones de correspondencia y terminales, así como la presencia de policías judiciales y preventivos adentro y afuera de las estaciones del Metro, para garantizar la seguridad de los 4.7 millones de usuarios que utilizan este medio de transporte diariamente.

El funcionario declaró en entrevista que la falla que ocurrió anteayer en la estación San Antonio se debió al "corte intencional" de un cable que permite energizar la vía y no por falta de mantenimiento preventivo o correctivo del material rodante, talleres o estaciones, en el que se han invertido 3 mil 500 millones de pesos, incluida la modernización del mando centralizado, como ha señalado el sindicato del STC.

Por ello se tomó la determinación de que los trabajadores de base y de limpieza que laboraron el martes en la madrugada, quienes ya fueron identificados, sean llamados a declarar ante el MP para deslindar responsabilidades, mientras continúan las supervisiones de las áreas estratégicas del Metro por personal técnico y de vigilancia, así como los recorridos en trenes vacíos antes de iniciar operaciones.

A la fecha, precisó, el STC ha presentado 33 denuncias penales por robo de cable, daños en bardas y alambrados, actos de vandalismo, la colocación de bloques de concreto para obstaculizar el paso de los trenes y sabotaje, de las cuales 13 ocurrieron en las estaciones Los Reyes y La Paz, de la línea A, solicitándose el apoyo de la procuraduría mexiquense, principalmente, por el robo de catenaria (cable aéreo).

Al respecto, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, informó que peritos en tránsito terrestre, electricidad y mecánica de la dependencia investigan si el corte del cable de energía se debió a desgaste o fue intencional, con el fin de "crear problemas", aunque el incidente en la línea 7 "no puso en peligro la vida ni la seguridad de los usuarios".

Sobre las acciones cometidas contra el Metro en julio y diciembre de 2003, admitió que no se consignó a nadie, pero no descartó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga este nuevo caso por tratarse de un ataque a las vías generales de comunicación. No obstante, acotó que el Metro es un vehículo de transporte del Distrito Federal, así que "vamos a mantener el caso, salvo que la PGR lo atrajera".

Bátiz anticipó que la PGJDF no "prejuzgará" en la investigación, por lo que hasta que concluya se determinaría si se trató de sabotaje, además de que la averiguación previa iniciada el martes es "contra quien resulte responsable".

-ƑPodría ser un problema partidista?

-Se da en un marco de discusión política. Sin embargo, ese juicio le correspondería más a los políticos y no a la procuraduría -aseveró el funcionario al salir de la reunión del gabinete de gobierno y seguridad.

En ese mismo sentido se pronunció el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, al argumentar que "nosotros no tenemos sospechosos y no estamos acusando a nadie, pero si se pone el saco el sindicato del Metro, es otro asunto, aunque resulta grotesco que acuse a las autoridades capitalinas de provocar el incidente".