Condiciona el intercambio de bonos por papeles con aval del gobierno a otra revisión

Firme, la determinación del IPAB de someter a bancos a nueva auditoría

El juez noveno de distrito dejó sin efecto el proceso de amparo iniciado por las intermediarias

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) confirmó este miércoles que mantiene firme la determinación de someter a una nueva auditoría a cualquiera de los bancos que deseen intercambiar los bonos del rescate financiero emitidos por el anterior gobierno durante la crisis bancaria, por otros papeles que cuenten con el aval del organismo.

Esta semana cobró relevancia nuevamente la polémica sobre la realización de otra auditoría a cuatro bancos (Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, Banorte y Bital), como requisito para que los bonos que emitió sin el aval del Congreso el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo sean intercambiados por otros instrumentos que cuenten con la garantía de pago del IPAB.

El tema salió otra vez a discusión, luego de que el juez noveno de distrito en materia administrativa, Alvaro Tovilla León, dejó sin efecto un proceso iniciado por los cuatro bancos para solicitar un amparo ante la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, de ''recomendar'' a la Secretaría de Hacienda y al IPAB reducir el costo de las operaciones de rescate bancario realizadas por el gobierno del ex presidente Zedillo con ese grupo de instituciones, que involucran un monto bruto de 218 mil millones de pesos.

La decisión del juez federal no tiene efecto sobre la sustancia del asunto, es decir, sobre la capacidad o incapacidad del IPAB de realizar la auditoría como prerrequisito para concretar el intercambio de pagarés. El fallo judicial sólo deja en claro a las cuatro instituciones que no procede que soliciten un amparo sobre los efectos de la decisión de la ASF de recomendar a Hacienda y al IPAB reducir el costo del rescate bancario.

''Esta determinación no cambia en nada la sustancia de la polémica. Los bancos trataron de enredar más el asunto y de crear cortinas de humo para defenderse. La resolución del juez Tovilla León puede interpretarse como una forma de decir a los bancos que no se involucren en un asunto en el que no son parte, en el que lo que se discute es la recomendación de la ASF a Hacienda y al IPAB'', comentó ayer una fuente gubernamental que participa en este litigio.

El año pasado, la ASF documentó, durante el análisis de la cuenta pública del último año de la administración del ex presidente Zedillo, que Banamex, Bancomer, Banorte y Bital recibieron apoyos irregulares durante el rescate bancario de 1995. Estas instituciones obtuvieron beneficios no establecidos en las reglas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (uno de los mecanismos establecidos entonces por el gobierno para evitar la quiebra de las instituciones) por un monto bruto actualizado de 218 mil millones de pesos.

La ASF ordenó a Hacienda que redujera los avales, en la misma cantidad, a esos cuatro bancos, pero las instituciones obtuvieron un amparo contra esa disposición, que fue otorgado por los tribunales con el argumento de que el órgano de fiscalización no tiene facultades legales para ordenar a una entidad del Ejecutivo. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación emitió una ''recomendación'' a Hacienda para reducir los avales y al IPAB para no intercambiar los pagarés Fobaproa por otros avalados por el instituto, hasta que no se realice la auditoría a la que se oponen los bancos.

En caso de que Hacienda o el IPAB incumplan la recomendación, sus responsables se podrían hacer merecedores a una sanción legal.