Acordó la medida con el Departamento de Estado, sin consultar al gabinete de seguridad

La entrada de agentes de EU, decisión unilateral de la SRE

La PGR "tomó cartas en el asunto" luego de enterarse por medio de las notas periodísticas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadunidenses en el operativo antiterrorista que se lleva a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se acordó de manera directa entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Fuentes gubernamentales revelaron a La Jornada que la medida se adoptó sin tomar en cuenta el programa que para este tipo de actos había establecido el gabinete de seguridad.

A este respecto, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó de oficio (es decir, por obligación de la autoridad ante un probable hecho delictivo) un acta circunstanciada luego de la aparición de notas periodísticas sobre probables atentados desde México, y no porque le fuera proporcionada información por la cancillería.

Además, funcionarios aeroportuarios informaron que semanas antes de que se pusiera en marcha el operativo antiterrorista, en la terminal aérea capitalina y en Tijuana se establecieron de manera secreta "puntos de revisión transfronterizos" de Estados Unidos para detectar bandas de traficantes de personas.

Sin embargo, una vez que se descubrió el plan antiterrorismo quedó sin efecto el supuesto acuerdo para que los agentes estadunidenses permanecieran ajenos a cualquier revisión documental de los pasajeros, y su trabajo encubierto en una oficina de la terminal área se convirtió en libertad para actuar.

Por ello los agentes de la CIA y de la FBI revisan pasaportes e interrogan a los pasajeros catalogados como sospechosos.

Respecto al operativo antiterrorista, las fuentes indicaron que se inició a partir de un "informe de inteligencia" elaborado por el gobierno de Canadá, que fue enviado de manera directa a la cancillería el pasado diciembre, en el cual se aseguró que tenían "elementos sólidos para considerar un probable ataque desde México".

A ese informe se unió otro días después, que fue enviado por el Departamento de Estado a la cancillería y difundido mediante las representaciones de Interpol.

Las advertencias, supuestamente, se sumaron a "informes" recabados por el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) en el mismo sentido: la posibilidad de que una aeronave mexicana fuera utilizada para un acto terrorista en territorio estadunidense o canadiense en los últimos días de diciembre o las primeras semanas de enero.

Los funcionarios entrevistados aseguraron que en ninguno de los informes se dieron datos precisos de cómo se realizaría el atentado ni la manera en que actuarían los supuestos terroristas.

Los puntos medulares para que se consideraran válidas las sospechas son que el aeropuerto capitalino es el centro de las operaciones aéreas en México, y que la forma de llegar a la frontera norte mexicana o a territorio estadunidense desde el sur del país es abordar un vuelo en esa terminal aérea.

La manera de operar en contra de cualquier atentado sería similar al intercambio de información que se utiliza para detectar a integrantes de bandas de polleros: revisar la listas de pasajeros que tratan de llegar a Estados Unidos, mediante el sistema de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que permite en tiempo real e inmediato obtener informes de cada uno de los viajeros.

Ante la puesta en marcha de la alerta naranja en Estados Unidos y los informes recibidos, la cancillería, dijeron las fuentes, decidió poner en marcha una sobrevigilancia con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y agentes estadunidenses, en coordinación con las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Seguridad Pública (SSP) federal.

Esto aconteció sin antes haberlo consultado con la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, entre otras que también forman parte del gabinete de seguridad.

Esa situación, según documentos oficiales a los cuales se tuvo acceso, se analizó apenas la tarde-noche de ayer durante la reunión del gabinete de seguridad.

La revisión

Las fuentes entrevistadas señalaron que una vez integradas las listas de pasajeros que habrán de viajar a Estados Unidos, éstas son canalizadas al personal estadunidense y también enviadas a la AFI, para que en las bases de datos que poseen se revisen antecedentes penales de cada uno de los viajeros.

Cuando un nombre es introducido al sistema binario (sí-no) y aparece con una referencia criminal (sí), entonces se solicitan mayores datos y se precisa de qué tipo, si es una orden de aprehensión, si ha sido detenido, en qué clase de hechos ha estado involucrado y si es peligroso.

Supuestamente el análisis puede tomar entre una hora o dos, sobre todo porque en Estados Unidos no se utiliza, como parte del nombre, el apellido de la madre.

Este mecanismo de intercambio de información supuestamente no es nuevo, ya que a decir de los entrevistados tendría operando por lo menos tres años y se incrementó a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El aeropuerto capitalino se convirtió en el principal punto de revisión para Estados Unidos tanto en materia de inmigración ilegal como de un probable ataque terrorista, porque concentra la llegada de vuelos desde Europa, Asia, Centro y Sudamérica.

Desde noviembre, según las fuentes consultadas, México habría acordado establecer los puntos de revisión transfronterizos en el Distrito Federal y Tijuana ante el "alarmante" tráfico de indocumentados vía aérea hacia Estados Unidos, lo que ha permitido en los meses recientes la detección de gran número de checos, húngaros, coreanos e inclusive libaneses que buscan llegar a ese país.