Washington pretende obtener mano de obra barata y sin derechos: Elaine Levine

El plan Bush sólo servirá para fichar a trabajadores migrantes, afirma experta

KARINA AVILES

El programa de "trabajadores huéspedes", anunciado ayer por el presidente George W. Bush, lejos de crear garantías y derechos laborales para los inmigrantes, significa una vía más para "tenerlos fichados", pues con esta iniciativa las autoridades estadunidenses "se aseguran de saber quiénes son y dónde están", expresó Elaine Levine, experta del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Señaló que si el gobierno federal no es capaz de defender los intereses de los mexicanos en nuestro territorio, "se ve más difícil que lo haga con los que viven en el extranjero".

En entrevista, la especialista destacó que en los tres años de empleo que prevé el programa los trabajadores no podrán obtener la residencia, lo cual significa que los "van a sacar" de Estados Unidos sin tener ninguna garantía. Es "idílico" pensar que en un trienio lograrán la legalización, pues hay que recordar que apenas se otorgan 140 mil permisos anuales, recalcó.

En realidad, lo que pretende esta iniciativa es "perpetuar el flujo de ilegales. Lo que sigue buscando el gobierno estadunidense es mano de obra barata que no vaya a crear derechos". La mayoría de los migrantes tendrá que salir de Estados Unidos para que entren otros nuevos.

Por otra parte, indicó, cualquier programa temporal es sumamente "restrictivo y punitivo", razón por la cual las organizaciones no gubernamentales los rechazan. Si el inmigrante está obligado a tener el mismo patrón y éste lo despide antes del tiempo pactado, las condiciones del trabajador quedan en una completa vulnerabilidad que además puede revertirse en su contra, porque si tiene que salir del país y no lo hace el gobierno estadunidense ya lo tendrá bien registrado.

Es decir, se trata de "ejercer un control" y de "asegurar quiénes son y dónde están (esos trabajadores) para tenerlos fichados". Por otro lado, si el trabajador cambia de patrón, esto pudiera utilizarse para que no sean candidatos a la residencia.

Levine manifestó que para que un convenio en materia de migración beneficie realmente a los buscan un empleo en el vecino país del norte, debe permitir la libre movilidad de la mano de obra, asegurar salarios mínimos y derechos humanos y laborales de quienes prestan sus servicios.

También tendría que reconocer la realidad del gran número de personas que acuden a Estados Unidos y garantizar que no habrá un trato distinto a los extranjeros que ocupan un puesto de trabajo en aquella nación.

La especialista recomendó tener cautela con este programa y no alzar expectativas demasiado optimistas, ya que "parece ser un arma de dos filos". Por otra parte, dijo, no hay que olvidar las razones políticas de Bush para anunciar este proyecto que, además, necesita de la aprobación del Congreso estadunidense.

Agregó que es difícil anticipar qué podrá ocurrir con los legisladores estadunidenses, ya que muchos insisten en que no se puede premiar a quienes ingresaron ilegalmente a su país.

Indicó que lo deseable es que el gobierno mexicano realizara una mejor defensa de los connacionales, pero se ve "difícil" que lo haga porque hasta el momento ha demostrado "aceptar cualquier cosa. Si no defiende los intereses de los mexicanos aquí, menos lo hará en el extranjero", finalizó.

Temen expertos y ONG que tenga la finalidad de ubicar y deportar a indocumentados

Anuncia Bush plan migratorio unilateral y descarta amnistía

Implica "legalización" máxima de seis años

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 7 de enero. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció un nuevo programa de trabajadores temporales que incluye un mecanismo de legalización temporal para algunos indocumentados, pero descarta explícitamente una amnistía para los entre 8 y 12 millones de migrantes en este país.

Pero al presentar su iniciativa, rompiendo así un silencio en torno a política migratoria desde el 11 de septiembre de 2001, y en contraste con las primeras declaraciones sobre el tema al comienzo de su gestión, Bush nunca mencionó hoy que esta propuesta haya sido resultado de una negociación bilateral con México u otros países.

Su única mención de México y su gobierno fue al referirse al próximo viaje a Monterrey para la Cumbre de las Américas. La Casa Blanca informó que Bush se comunicó con Vicente Fox para informarle del contenido de su propuesta, dejando claro que no fue fruto de una negociación bilateral.

En parte por eso, varios analistas y promotores de una amplia reforma migratoria cuestionaron si el discurso de hoy está diseñado más para efectos electorales que para un intento de generar una reforma real. Muchos opinan que el discurso sólo tendrá valor si es seguido por hechos, y la medida de ello será si hay un esfuerzo serio y suficiente inversión de capital político para consolidar lo que fue, en efecto, una lista de principios y conceptos en un proyecto de ley en busca de lograr su aprobación en el Congreso estadunidense.

En una ceremonia realizada esta tarde en la Casa Blanca, Bush inició su discurso elogiando la contribución histórica de los inmigrantes para crear la "grandeza" del país, y señaló que el sistema migratorio actual "no está funcionando".

Existe, dijo, una "masiva economía indocumentada" ante la realidad de que hay empleos que no son ocupados por estadunidenses. No los quieren.

"Muchos trabajadores indocumentados han caminado milla tras milla en el calor del día y en el frío de la noche. Son trabajadores que sólo buscan hacer su vida, pero que acaban en las sombras de la vida estadunidense", sujetos a maltrato y explotación, separados de sus familias. Frente a esto, indicó Bush, su gobierno propone un nuevo "programa de trabajadores temporales", que ofrezca una condición legal para "millones de indocumentados en este país y aquellos que desde otras naciones" deseen participar en el esquema. Con el plan, "trabajadores dispuestos podrán obtener un empleo que no será ocupado por un estadunidense".

Pero Bush subrayó que se opone a la amnistía, lo cual, dijo, sólo lleva a una mayor violación de las leyes estadunidenses y nutre las filas de los indocumentados. A pesar de que varios medios nacionales, incluidos el New York Times, el Washington Post y varias agencias, caracterizaron la iniciativa en esencia como una amnistía, la propuesta presidencial no brinda ningún paso hacia la ciudadanía o residencia permanente para los indocumentados que no sea a través de los canales legales ya establecidos. Los expertos saben que el paso para la ciudadanía está sujeto a una espera casi eterna.

Bush insistió en que "no es justo recompensar a los que han violado la ley" sólo porque ya se encuentran en el país, por lo que descartó que se trate de algún tipo de amnistía.

Aunque defensores de inmigrantes criticaron de inmediato la propuesta por la ausencia de algún mecanismo para una legalización permanente de la situación de los indocumentados -lo que antes se llamaba "regularización" y que otros consideraban amnistía, aunque casi todos evitan la palabra por ser muy cargada en el contexto político estadunidense-, para algunos no fue sorpresa el beneplácito de Fox, pese a esta carencia.

Fuentes cercanas a la negociación bilateral durante los años recientes informaron a La Jornada que la "regularización" nunca fue prioridad del gobierno de Fox, sino una concesión a organizaciones latinas estadunidenses. La intención del gobierno foxista, indicaron estas fuentes, era lograr un programa de trabajadores temporales que incluyera un mecanismo para incorporar a los indocumentados que ya están aquí, y con ello lograr la "circularidad" (permitir el tránsito legal de inmigrantes entre ambos países).

Para las organizaciones latinas, su interés es lograr un camino a la ciudadanía y ampliar así sus filas y presencia política y económica aquí, pero para el gobierno de Fox, según estas fuentes, la prioridad era establecer un mecanismo que garantizara el flujo continuo de remesas a México.

La propuesta

El discurso del presidente logró tocar todos los temas candentes de este debate, incluso algunos de los puntos que forman parte de los argumentos de sus opositores demócratas y de la comunidad pro inmigrante: derechos laborales, reunificación familiar, permitir el libre tránsito de trabajadores dentro del programa entre éste y su país de origen, mejorar la seguridad pública de los migrantes y defenderlos del mercado negro de mano de obra, así como ofrecerles incentivos económicos de ahorro para regresar a su país, entre otros temas que fueron mencionados, pero en esencia todo lo propuesto es un nuevo programa de trabajadores temporales.

Sin embargo, al subrayar estos temas, como obviamente fue la intención, coloca a los opositores y críticos en situación difícil, ya que Bush es quien toma la ofensiva sobre el tema.

En lo que fue caracterizado como una amplia reforma de las leyes de migración, la iniciativa ofrece un mecanismo para "legalizar" de manera temporal la situación de inmigrantes indocumentados que puedan demostrar que cuentan con un empleo en Estados Unidos. Este mecanismo también sería utilizado para los que están en su país de origen pero tienen un empleo esperando aquí. Un requisito adicional es que se debe comprobar que ningún trabajador estadunidense desea ese empleo, aunque es poco claro cómo se lograría.

Por el momento, un trabajador indocumentado que pueda comprobar que cuenta con empleo podrá solicitar su legalización temporal por un periodo de tres años, plazo que podría ser renovado, pero, según Bush, la prórroga tiene fin, y el trabajador deberá regresar a su país.

Además, Bush anunció que incrementará el numero de green cards, las visas de residencia permanente, pero no detalló cifras. Dijo que los que se registren en el programa temporal podrán también, con el patrocinio de sus empleadores, solicitar la residencia permanente, aunque no hay ninguna garantía que la obtendrán en el periodo de tres años.

Aunque no lo detalló explícitamente, altos funcionarios señalaron que si no logran obtener su residencia permanente dentro del periodo de legalización temporal -algo muy probable, ya que hay una enorme reserva de solicitudes de años atrás-, los trabajadores deberán regresar a su país para solicitar su green card desde ahí.

Si bien la propuesta permite que los familiares acompañen a un trabajador cuya situación es temporalmente legalizada, y resuelve así el problema de tránsito entre su país de origen y Estados Unidos (siempre y cuando pueda demostrar que está en posibilidad de apoyar a sus dependientes), todos deberán retornar a su país si no obtienen la residencia permanente dentro del plazo en que formen parte del programa temporal.

Para Cecilia Muñoz, del Consejo Nacional de la Raza, este aspecto es muy desalentador, ya que invita "a ser trabajador huésped sin ofrecer una oportunidad significativa para permanecer en Estados Unidos y convertirse en residente permanente legal".

Según otro observador estadunidense, el programa propuesto es más bien una "amnistía para los patrones", ya que ellos son los más beneficiados al legalizar la condición migratoria de su mano de obra durante tres años y sustituirla sin más compromiso que el respeto a sus derechos laborales mínimos.

Los trabajadores obtienen el privilegio de laborar legalmente durante tres años, tal vez con una extensión de este plazo, y la oportunidad de solicitar su residencia permanente, pero sin garantía de obtenerla, y deben regresar o enfrentar la deportación después de concluir su contribución a la economía y sociedad estadunidenses.

En el anuncio de lo que fue su primera iniciativa política de este año electoral, Bush invitó a unas 200 personas a la Casa Blanca, entre ellos líderes de algunas organizaciones latinas y de defensa de migrantes, multitud de caras seleccionadas para ofrecer la imagen deseada ante las cámaras: inmigrantes que están en las fuerzas armadas (señaló en particular a un sargento de los marines, un mexicano herido en Irak) y legisladores. También estaban presentes los secretarios de Estado, Colin Powell; de Comercio, Don Evans; de Seguridad Interna, Tom Ridge; el procurador general, John Ashcroft, y Tony Graza, a quien Bush identificó, en español, como "embajador de México".

Con esto se abrió una vez más el gran debate sobre inmigración en este país. Legisladores, analistas, líderes latinos, empresarios y asesores de diversas posiciones elogiaron y criticaron la propuesta desde antes de ser presentada formalmente. Casi todos descartan la posibilidad de que esta iniciativa culmine en una reforma este año. Por lo tanto, entienden que en 2004 nada se hace fuera del margen del cálculo electoral.

No falta quien señale que Bush conquistó 35 por ciento del voto latino en los cerrados comicios de 2000, y que ese sufragio podría ser determinante en estados claves del mapa electoral, particularmente si vuelve a ser tan disputada la competencia.

Los inmigrantes están nuevamente en la agenda política del país, pero por el momento no se sabe si se trata de resolver sus problemas o sólo serán una vez más piezas en el juego político electoral.

Niegan que se haya negociado con México

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 7 de enero. La iniciativa de reforma migratoria anunciada hoy por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no podrá concretarse en menos de dos o tres años, está llena de ambigüedades diseñadas para el debate político interno y su éxito dependerá sólo de la decisión de los inmigrantes indocumentados para participar en el proyecto, advirtió Demetrios G. Papademetriou, director del Instituto de Políticas de Migración.

En entrevista con La Jornada, el experto advirtió: "El problema es que resultará sólo una promesa vacía si Bush no invierte suficiente capital político para lograr convertirla en ley". En lo que consideró un discurso "fantástico", ya que se refirió a todos los principios que los promotores de una reforma amplia han establecido, mantuvo una "ambigüedad estudiada para dejar a la interpretación toda una amplia lista de asuntos", y quedó la interrogante de si hay una intención real de avanzar.

"No dijo una sola palabra sobre la agenda legislativa, sobre todos los proyectos de ley con apoyo bipartidista, ni aprovechó la oportunidad para endosar alguno de ellos; esto provoca dudas sobre su intención de aterrizar esta iniciativa", expuso.

Papademetriou señaló que la gran debilidad de la propuesta es la ausencia de un mecanismo para regularizar o legalizar la situación de los indocumentados de forma permanente. También criticó el dicho de que los participantes en el programa de trabajadores temporales podrían solicitar su residencia permanente mediante los canales establecidos, porque ese sistema no tiene manera de acomodarlos. "La espera ahora para un mexicano es de entre ocho y 15 años."

En parte por la ausencia de tal mecanismo de legalización permanente, advirtió que la propuesta, "llevada a su extremo, podría ser un sistema perfecto para sacar a los indocumentados del país". Pero esto, a la vez, sería casi imposible, ya que si se calcula que Estados Unidos podría deportar a unos 200 mil indocumentados al año (de todos los países), tardaría 50 años con un costo de decenas de miles de millones de dólares en expulsar a los 10 millones de indocumentados (sin contar a los que entran cada año).

El analista señaló que el discurso de Bush es positivo, ya que reabrió el debate sobre migración en el país. Pero advirtió que se trata de "un maratón, y no algo que se gana en una carrera de 100 metros". Consideró que se está "a dos o tres años mínimo" para lograr una reforma sobre estas bases.

Aun si se consigue implantar la propuesta de Bush, "la clave de todo esto es si la sociedad civil y los gobiernos de Estados Unidos y México lograrán convencer a suficiente gente (indocumentados) para que solicite el ingreso a este programa". Papademetriou indicó que "todo el edificio de la oferta de Bush se derrumbará si no logra convencer a la población indocumentada de presentarse; y si no se presenta, fracasa". Si eso ocurre, el efecto de la propuesta podría ser que la gente "se esconda aún más, generando mayor caos".

El gobierno de México, estimó Papademetriou, no tiene otra opción que decirse complacido, ya que va en dirección de establecer legalidad en lugar de caos en el rubro de la migración. Sin embargo, descartó que la iniciativa haya sido resultado de una negociación entre ambos países: "Los mexicanos no lograron obtener el bilateralismo que deseaban".

Al mismo tiempo, insistió, el gobierno de Fox puede darse algún crédito en "sensibilizar a los estadunidenses sobre el tema migratorio", y por colocar algunos de los principios sobre la mesa. Si esta iniciativa prospera, agregó, los más beneficiados serán los mexicanos, porque son la mayoría de los indocumentados y los que tienen las redes más grandes de empleo en Estados Unidos.

Pero hubo más reacciones. Grupos empresariales señalaron que es un buen comienzo, grupos latinos la rechazaron por ser "demasiado limitada", y legisladores y candidatos presidenciales ofrecieron un sinnúmero de respuestas.

Raúl Yzaguirre, presidente del Consejo Nacional de la Raza, declaró que no es más que "una versión recalentada del Programa Bracero", sólo limitada a un programa de trabajadores temporales sin un mecanismo para lograr su legalización permanente.

En declaraciones a CNN, expuso que podría ser apenas "una invitación a que se presenten los indocumentados para enfrentar una deportación probable". A la vez, Yzaguirre expresó la sospecha de que sólo se trate de un "gesto electoral", y dijo haber esperado una reforma "comprensiva" de la migración, y no una lista de conceptos.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos consideró que el anuncio ofrece una buena oportunidad para avanzar hacia la promulgación de una reforma migratoria "sensible y comprensiva". Su vicepresidente, Randel Jonson, afirmó: "Nuestro sistema de migración está roto y se requiere un ajuste para trabajadores indocumentados que cumplen un papel vital en nuestra economía, a fin de que se les permita lograr una calidad legal".

Legisladores republicanos conservadores, como Tom Tancredo y Peter King, calificaron la propuesta de "recompensa para personas que han violado las leyes estadunidenses" y la consideraron una "amnistía disfrazada".

Legisladores liberales, como Edward Kennedy, y candidatos presidenciales demócratas, como John Edwards y Howard Dean, la consideraron decepcionante, limitada e insuficiente, en particular por la falta de un mecanismo para la legalización permanente y un canal para lograr la ciudadanía estadunidense de los indocumentados.

La central obrera AFL-CIO ya había señalado sus críticas de que una reforma no podría estar limitada a un programa de trabajador huésped, ya que sólo mantenía en pie la explotación y falta de derechos de los trabajadores indocumentados.

Mientras tanto, los medios ofrecen una amplia gama de interpretaciones: desde "fronteras abiertas con México", según ABC News, o "amnistía" de acuerdo con el New York Times y varias agencias, hasta "legalización de 8 millones de indocumentados", de acuerdo con otros.

El debate apenas empieza de nuevo.

Rehúsa comentar si es la enchilada completa de Castañeda

El proyecto estadunidense, "fin del principio": Derbez

Niega Bremer que el plan surgiera por generación espontánea

GEORGINA SALDIERNA

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, dio la bienvenida al programa de trabajadores temporales que anunció el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y señaló que se trata de un "muy buen paso, con el cual se ha avanzado en la resolución de un tema pendiente por generaciones".

Con este anuncio, agregó que se da respuesta a lo que con insistencia ha planteado el gobierno del presidente Vicente Fox, en torno a la necesidad de tener una serie de parámetros que permitan llegar "a cosas muy concretas" en materia de migración. Así, refirió que se abre una oportunidad clara en este rubro. "Estamos en el fin del principio, pero no en el principio del fin", explicó.

Cuando se le preguntó si está satisfecho con el programa anunciado, destacó que nunca se le puede pedir a un secretario de Relaciones Exteriores decir si está satisfecho o no, y agregó que la dependencia a su cargo seguirá trabajando en el rumbo que ha planteado el Presidente.

Así, subrayó que se analizarán las características del proyecto y se seguirá trabajando hasta que se obtenga lo que "realmente hemos buscado: un programa total integral", que incluya tanto a quienes buscan emplearse en Estados Unidos de manera temporal como a los que ya se encuentran en ese país, para que se les respeten derechos humanos y laborales.

En el contexto de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México en el Extranjero, el funcionario manifestó que durante el encuentro que sostendrán en Monterrey el próximo martes, los presidentes Bush y Fox analizarán el impacto específico que la propuesta tendrá para el país. Por lo pronto, equipos de ambas naciones ya trabajan para ver la particularidad respecto a los mexicanos.

También refirió que el gobierno federal dialogará con los representantes de las comunidades mexicano-estadunidenses o de mexicanos en Estados Unidos para saber qué opinan sobre el planteamiento de Bush, de tal manera que para el próximo lunes ya se tenga la oportunidad de hacer una serie de sugerencias y calendario concreto de trabajo entre los equipos de ambas naciones.

Derbez se abstuvo de señalar si el anuncio de Bush constituye o no la "enchilada completa" que demandaba el ex canciller Jorge G. Castañeda en materia migratoria. Simplemente dijo que el proyecto del mandatario estadunidense es resultado de la estrategia que desarrolló México durante 2003, en la cual "hemos dicho que lo que nos interesa es ir resolviendo el problema de todos nuestros compatriotas y que esto requiere ir de paso en paso".

Frente a la insistente pregunta en torno a si la propuesta de Bush se inscribe en el proceso electoral que se inició en el vecino país del norte, el canciller resaltó que el gobierno foxista no trabaja sobre la base de calendarios electorales, "ni nuestros ni de ningún otro país. Nosotros trabajaremos sobre la base de la necesidad de proteger los derechos de nuestros ciudadanos y de lograr los beneficios máximos para ellos", añadió.

Por su parte, el embajador de México en Washington, Juan José Bremer, destacó que el programa anunciado no se da por generación espontánea. El gobierno mexicano no ha quitado el dedo del renglón en el asunto migratorio y lo único que espera es que este movimiento que se observa en el vecino país del norte pueda llegar a traducirse en hechos.

Manifestó que es necesario permanecer con los pies en la tierra, y destacó que una reforma migratoria integral, como la que buscan los mexicanos, tiene que darse paso a paso y de manera progresiva.

Cambio de discurso

El programa, ajeno al acuerdo integral que se perseguía

JUAN MANUEL VENEGAS

"Impondré enérgicamente la ley en nuestras fronteras": así recibió el 25 de agosto de 2000 el entonces candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, George W. Bush, al mandatario electo de México, Vicente Fox. La cita fue en Dallas, y esa fue la respuesta del gobernador texano al planteamiento del guanajuatense de abrir las fronteras de México, Estados Unidos y Canadá "al libre tránsito de personas".

Seis meses después, el 16 de febrero de 2001, en el rancho San Cristóbal, en Guanajuato, iniciando ambos su gestión, sorprendieron con el anuncio de que trabajarían en un "acuerdo migratorio integral", y en su primera visita de Estado a Washington, el 5 de septiembre de ese año, Fox llegó con el reto público: concluir el acuerdo antes de diciembre de 2001 y "legalizar" a más de 3 millones de indocumentados mexicanos.

"Debemos y podemos llegar a un acuerdo migratorio antes de fin de este año, que nos permita antes de que terminen nuestros mandatos (lograr) que no haya para entonces mexicanos indocumentados en Estados Unidos, y que aquellos que ingresen a este gran país lo hagan con papeles", fue la propuesta del Presidente de México. La administración foxista quería la enchilada completa, convino el entonces canciller, Jorge G. Castañeda.

En entrevista con el New York Times, Fox fue más preciso: "El objetivo central de esta negociación bilateral es abordar la situación de los más de 3 millones de mexicanos que actualmente residen en Estados Unidos sin calidad legal".

En resumen, esos fueron los planteamientos del mandatario mexicano en la fugaz negociación del acuerdo migratorio, congelada por la Casa Blanca a raíz de los atentados del 11 de septiembre. En los dos años siguientes, la relación entre ambos se tensó debido a la oposición de Fox a la invasión estadunidense en Irak y el 26 de octubre de 2002, en Los Cabos, Bush fue tajante: "El acuerdo migratorio será a largo plazo".

En enero de 2003 Castañeda renunció, "decepcionado" porque el acuerdo migratorio "en los términos que lo concebimos hace dos años" no sería aprobado. No hubo más, ni siquiera insinuaciones de retomar la negociación. Hasta que el pasado 20 de octubre en Bangkok, Fox y Bush se volvieron a encontrar y "retomaron la agenda bilateral".

Hubo, a partir de entonces, un cambio en el discurso del presidente Fox y sus colaboradores para abordar el tema migratorio. Ni el mandatario ni el actual canciller, Luis Ernesto Derbez, volvieron a hablar de un "acuerdo integral".

Ya para el 18 de diciembre pasado, luego de felicitar a Bush por la captura del derrocado presidente iraquí, Saddam Hussein, Fox aclaró: "No vamos a promover la amnistía, a pesar de que sea demanda de grupos de mexico-americanos o mexicanos en Estados Unidos".

Así ha sido el curso de las negociaciones Fox-Bush sobre el tema migratorio: salvo la aclaración última del Ejecutivo mexicano de que su "bandera" no era la amnistía, nada que ver con el plan propuesto ayer por Bush. El objetivo de Fox fue, en todo momento, el "acuerdo integral". Con ese reto se presentó a negociar.

En EU, senadores mexicanos apoyarán a inmigrantes

El anuncio debe trascender la etapa electoral: partidos

El plan, un tlacoyo que no se puede despreciar: Monreal

R. DAVALOS, C. PEREZ SILVA Y G. SALDIERNA

El anuncio en materia migratoria del presidente estadunidense, George W. Bush, tiene que convertirse en ley y no quedarse en un entorno electoral, declaró la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado, Silvia Hernández. En los próximos días, un grupo de legisladores mexicanos estará en el Capitolio para promover que tres o cuatro iniciativas guardadas allá se traduzcan en derechos para los mexicanos, apuntó la queretana.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, dijo que si bien no es la enchilada completa, el plan "es un tlacoyo que no se puede despreciar".

Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional perredista planteó que los señalamientos de Bush constituyen un "ardid electoral", sin planteamientos que resuelvan de fondo el asunto migratorio. El diputado priísta y vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso, Manlio Fabio Beltrones, señaló a su vez que si se trata de una "oportunidad electoral" lo más importante es que haya avances en la condición de millones de migrantes.

Por su parte, el gobernador oaxaqueño, José Murat, consideró "muy difícil" que haya avances en ese tema en un año electoral en Estados Unidos. No obstante, dijo que la obligación del gobierno federal es insistir ante su contraparte de que hay una conveniencia mutua para avanzar en un acuerdo o en un pacto para regular la estancia de millones de inmigrantes.

"No nos importa que haya motivaciones electoreras en la propuesta de Bush -dijo Silvia Hernández-. Lo trascendente es que haya una legislación después de muchos años de intentos fallidos. En el Capitolio hay tres o cuatro iniciativas que se han presentado por demócratas y republicanos, y en la próxima visita que haremos se buscará impulsar la voluntad política para aprobar una propuesta conjunta, que permita consagrar derechos y seguridades para los connacionales."

Beltrones señaló: "Esperamos que no se trate de un simple maquillaje electoral, de una pretensión del presidente Bush para su propia conveniencia, sino una ocasión para encontrar una solución definitiva a una fuente interminable de conflictos en los vínculos bilaterales".

Por su parte, el senador perredista Demetrio Sodi de la Tijera sostuvo que si la medida es electorera y beneficia a 7 u 8 millones de mexicanos, "bienvenido lo electorero". Por ahora hay que esperar a que los anuncios sean concretados y observar si realmente existe voluntad de Bush. "Pero no debe perderse de vista que el martes el presidente del Senado estadunidense, Bill Frist, externó en México que este año no habrá acuerdo migratorio".

Por su parte, el senador panista César Jáuregui indicó que el carácter electorero de las palabras de Bush será determinado sólo por los ciudadanos en los próximos comicios de noviembre. Sobre este punto, precisó que hay un voto duro tanto demócrata como republicano que difícilmente cambia con anuncios de esta naturaleza.

"Para nosotros es de vital importancia continuar con una estrategia de impulso entre los legisladores estadunidenses de la aprobación de medidas legislativas que beneficien a los trabajadores mexicanos", indicó.

Principios de la iniciativa de reforma

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció una serie de "principios" y conceptos para guiar el desarrollo de un programa de trabajadores temporales.

Los llamados principios son:

* Control de las fronteras.

* Servir a la economía estadunidense al juntar un trabajador extranjero dispuesto con un patrón estadunidense dispuesto cuando no se encuentre a estadunidenses para ocupar el empleo.

* Promover la compasión para trabajadores desprotegidos.

* Ofrecer incentivos para el retorno de los inmigrantes a sus países.

* Protección de los derechos de los inmigrantes legales al no recompensar injustamente a los que llegaron al país de manera ilegal.

Los objetivos:

Este programa, declaró Bush, "ofrecerá una calidad legal como trabajadores temporales a los millones de hombre y mujeres indocumentados ahora empleados en Estados Unidos, y para los que en otros países buscan participar en el programa y a quienes se les ha ofrecido empleo aquí". Agregó que "este programa espera que los trabajadores temporales regresen permanentemente a sus países después de vencerse su plazo de trabajo en Estados Unidos". Los que deseen la ciudadanía, dijo, tendrán que hacerlo de la manera normal, sin gozar de ninguna ventaja sobre los que han seguido las normas desde el inicio. "Me opongo a la amnistía, poniendo a trabajadores indocumentados en el camino hacia la ciudadanía estadunidense. Otorgar amnistía propicia la violación de nuestras leyes y perpetúa la inmigración ilegal".

Este plan ayudará a recuperar el orden y la imparcialidad de nuestro sistema de inmigración, "y al hacerlo honraremos nuestros valores al demostrar respeto para aquellos que trabajan duro y comparten los ideales de Estados Unidos", concluyó Bush.

Los conceptos para desarrollar la iniciativa incluyen:

Un nuevo programa de trabajador temporal para indocumentados que ya cuentan con un empleo y para los que deseen inmigrar desde el exterior y tienen el ofrecimiento de un empleo, siempre y cuando el patrón pueda demostrar que no pudo hallar a un estadunidense para ese puesto.

Se rechaza la amnistía, ya que individuos que violan la ley no deberían ser "recompensados por su comportamiento ilegal y porque la amnistía promueve la inmigración ilegal". Lo que se ofrece es la calidad de trabajador temporal a los indocumentados y a los que están en el exterior que cuenten con oferta de empleo. Quienes se encuentran aquí pagarían una cuota de un solo pago (no se ha establecido el monto). Todos deberían retornar a sus países al vencer el plazo de su trabajo. El periodo inicial será de tres años, con la posibilidad de renovarlo (aún no se determinan cifras), a menos que el trabajador ya no esté empleado.

Los estadunidenses tienen prioridad, y un contratista o patrón deberá demostrar que hizo todo lo posible para ofrecer primero el empleo a uno de ellos.

Se incrementará la vigilancia y penas contra toda empresa que viole la ley y contrate a indocumentados.

Se buscará establecer mecanismos con otros países para que inmigrantes temporales aquí reciban crédito para sus fondos de jubilación en sus propios países.

Los que deseen solicitar la ciudadanía lo deberán hacer mediante los canales ya establecidos y no pueden saltar a otros que ya están en este proceso.

Se elevará el numero de visas de trabajo, la seguridad pública mejorará al poder identificar a los extranjeros que residen o que ingresan al país y asegurar sus "intenciones".

Se otorgarán las garantías y derechos laborales, el derecho de cambiar empleos, sueldos justos y condiciones laborales sanas a los inmigrantes.

Le falta calendarización y una iniciativa formal, dice

El proyecto responde al momento político electoral, sostiene Meissner

GEORGINA SALDIERNA

La ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos, Doris Meissner, se refirió ayer al programa de trabajadores temporales que anunció el presidente George W. Bush, y llamó la atención sobre el hecho de que el mandatario no fijó calendarización alguna para la concreción de su proyecto ni aclaró si enviará una iniciativa en la materia al Congreso estadunidense o si se utilizarán las que ya existen en el Senado y en la Cámara de Representantes.

La funcionaria en tiempos del presidente William Clinton agregó que en Estados Unidos existen sospechas de que el proyecto de Bush responde al momento electoral y político que se vivirá en aquella nación en los próximos días. Por ende, es muy típico que el ejecutivo se adelante, haga este anuncio y con ello se esté "autoinoculando", puntualizó.

Doris Meissner aseveró que la coyuntura para hacer este anuncio es perfecta, aunque reconoció que no se sabe si el presidente Bush realmente está interesado en resolver el tema migratorio o si presenta su propuesta por interés electoral.

Fundadora del Programa Internacional de Políticas de Migración del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, Meissner consideró importante que el presidente Bush haya hecho su planteamiento luego de señalar que las leyes migratorias no funcionan en su país; que los empresarios contratan ilegalmente a los migrantes; que éstos están condenados a vivir con temor, y que la legislación debe permitir que los trabajadores lleguen en una situación humana.

Entrevistada en la reunión anual de embajadores y cónsules mexicanos, la ex funcionaria destacó que el presidente Bush haya hecho el anuncio teniendo en consideración que el programa debe servir a las necesidades económicas de Estados Unidos, que se debe alentar a la gente a regresar a su país de origen y que todos los migrantes que se encuentran en aquel país puedan participar.

Meissner también llamó la atención acerca de que la propuesta se hizo mediante "un gran megáfono", lo que habla de la enorme importancia que concede al tema la Casa Blanca.

En contrapartida, manifestó que el ejecutivo estadunidense no dejó en claro si a las personas que ya se encuentran en el vecino país del norte se les permitirá que sean ciudadanizadas.

Advirtió que el presidente Bush le pide al Congreso que se una a él en este tema, pero no puntualiza si enviará una iniciativa de ley o si se avanzará con las que ya existen.

Además Meissner consideró que, al no marcar una calendarización para el logro de este programa, la administración estadunidense le está dando al tema un nivel diferente al que han tenido otras propuestas. Esta es una señal de largo plazo, lo que sin duda resulta controvertido.

Retirarán de Internet informes sobre peligros para ciudadanos de EU

Tijuana, BC, 7 de enero. El gobierno de Estados Unidos ofreció retirar de un portal en Internet información acerca del peligro que corren los ciudadanos de ese país al visitar ciudades como Tijuana.

El gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, informó que desde el martes pasado se puso en contacto con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, para manifestarle su inconformidad por la difusión que se hizo sobre México y en especial sobre Tijuana, en el portal de Internet del Departamento de Estado del gobierno estadunidense.

Informó que este miércoles el canciller Derbez le comentó que a raíz de su llamada se comunicó con el secretario de Estado, Colin Powell, quien al recibir la queja del gobierno mexicano reconoció que no hay sustento en esas acusaciones. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ofreció una disculpa por la información difundida y señaló que próximamente se retirará del portal de Internet.

El gobierno debe buscar un acuerdo integral, sostiene la AMDPDH

No negociar derechos de viajeros por el tema migratorio, demandan ONG

La propuesta no soluciona el problema de fondo, pero representa un discreto avance

CAROLINA GOMEZ MENA

Aunque no se trata de "una solución de fondo, sino sólo de un avance discreto que por lo pronto no soluciona la situación de los migrantes indocumentados", la propuesta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que pretende dar trabajo temporal a los migrantes, puede ser considerada como el "primer paso importante" en busca de un acuerdo más integral en la materia, manifestó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Advirtió que, en cierta forma, la propuesta del mandatario estadunidense no obedece a las expectativas que se habían creado en el país, pues en muchos sectores se esperaba "la legalización de los indocumentados, si no de todos, sí de los que tienen muchos años trabajando en aquel país".

Ximena Andión Ibáñez, integrante de la CMDPDH, destacó que debido a que se trata de una medida incompleta, "el gobierno mexicano no debería conformarse, sino continuar solicitando medidas más profundas".

En tanto, el sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que "haría mal nuestro gobierno si pretende negociar los derechos humanos de los migrantes con los de quienes viajan por vía aérea a Estados Unidos", palabras con las cuales hizo alusión a que no debe permitirse que se violenten las garantías individuales de los viajeros que se trasladan a ese país por vía aérea a cambio de obtener un pequeño avance en materia de derechos de los migrantes indocumentados.

Al respecto, Andión comentó que "no podemos intercambiar medidas de seguridad que al final de cuentas van a violentar los derechos humanos, a cambio de tener algún acuerdo migratorio". De existir la posibilidad, agregó, el gobierno "no debe tratar de intercambiar unos derechos por otros".

En entrevista, señaló que a la CMDPDH le preocupa que de parte del presidente estadunidense pareciera haber "cierto doble discurso, pues mientras lanza señales de que quiere avanzar en el terreno migratorio, por otro lado habla de sellar la frontera, con lo cual se sabe que habrá más riesgos en los cruces para los indocumentados, además de que su gobierno impone férreas medidas de seguridad en el aeropuerto".

Andión manifestó que quizá es la proximidad de los tiempos electorales lo que ha animado a Bush a dar, después de más de tres años de promesas, el primer paso para un eventual acuerdo migratorio. Estimó que la propuesta, en caso de ser aprobada, es una medida que debe ser "complementada" con otras acciones.

Algunas de éstas podrían ser que el gobierno de Estados Unidos "otorgara la residencia a los migrantes que tengan cierto número de años trabajando y viviendo allá, y esto podría ser un proceso paulatino".

Otra medida podría ser "la regularización de los jornaleros agrícolas y desplegar estrategias para que dejen de violarse los derechos humanos de quienes cruzan la frontera", agregó.

Mientras tanto, concluyó Andión, en México deben empezarse "a generar las condiciones económicas y laborales para reducir la migración".

Crecerá el flujo: INM

Prevén beneficios para un millón 200 mil jaliscienses

J. DIAZ, C. BAÑUELOS Y J. A. CORNEJO CORRESPONSALES

El programa migratorio que anunció el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, beneficiará a casi un millón 200 mil personas nacidas en Jalisco, que actualmente laboran de manera ilegal en el vecino país, estimó el delegado en esa entidad del Instituto Nacional de Migración (INM), José Luis Gutiérrez.

Manifestó que Jalisco ocupa el tercer lugar en cuanto a expulsión de migrantes hacia territorio estadunidense, después de Guanajuato y Michoacán, y consideró que el programa de registro laboral, "que no amnistía", incrementará expectativas y el flujo migratorio, pero terminará con "muchas irregularidades".

En otro contexto, el encargado del Programa de Empleo Temporal del gobierno de Aguascalientes, Jesús Ramírez, dio a conocer que se prevén 2 mil fuentes de empleo en Canadá -principalmente en el sector agrícola- para habitantes de la entidad, que comenzarán a ser reclutados la próxima semana e iniciarán sus labores como trabajadores migrantes a más tardar en marzo próximo. Agregó que serán elegibles para trabajar en Canadá durante un semestre personas "casadas, con edades entre los 25 y 45 años", con "experiencia en las faenas agrícolas ".

Toman ex braceros garita de Mexicali

Casi 200 ex braceros tomaron este miércoles las instalaciones del INM en la garita tradicional de Mexicali, Baja California, para exigir a las autoridades mexicanas que les entreguen los recursos que les descontaron de sus sueldos cuando trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1964.

Encabezados por el dirigente de la agrupación Alianza Binacional de Braceroproa, Ventura Gutiérrez, los ex agricultores pidieron además que se amplíe a 90 días el registro de quienes se hallan en esa situación ante la Secretaría de Gobernación, el cual concluyó el 15 de octubre anterior. Gutiérrez señaló que en Mexicali viven alrededor de 10 mil ex braceros, de los cuales sólo 3 mil han realizado el trámite ante Gobernación para que les devuelvan su fondo de ahorros, "por lo que es necesario la ampliación del plazo".

Reconoce Acción Nacional el esfuerzo del gobierno foxista

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN manifestó ayer su reconocimiento al esfuerzo realizado por el gobierno federal en materia migratoria, que "hoy se refleja en el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos (George W. Bush), en el sentido de iniciar una reforma a la legislación y regulación" de los migrantes en ese país.

Si bien la propuesta presentada constituye un primer paso, el anuncio es un reconocimiento a la importancia que representan los trabajadores de origen mexicano en el funcionamiento de la economía de Estados Unidos, "siendo éste uno de los puntos torales de una sana y benéfica relación bilateral".

En breve comunicado de prensa, el Partido Acción Nacional también hizo un reconocimiento a la labor realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual ha trabajado de manera sostenida para lograr un acuerdo migratorio con el vecino país del norte. El PAN brinda su apoyo a esta dependencia y a la administración pública en general para que continúe en la lucha por un pacto que beneficie a los migrantes mexicanos.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN resaltó que uno de los postulados prioritarios de la política exterior del gobierno de Vicente Fox ha sido la defensa de los derechos de los connacionales que radican en Estados Unidos y la búsqueda de un acuerdo integral en la materia.

Insuficiente, dicen unos; ambiciosa, señalan otros

Demócratas y republicanos atacan propuesta de Bush

AFP

Washington, 7 de enero. Legisladores demócratas y republicanos conservadores atacaron el miércoles la propuesta migratoria realizada por el presidente estadunidense George W. Bush; los primeros por considerarla insuficiente, los segundos por encontrarla demasiado ambiciosa.

"La propuesta de Bush fracasa en enfrentar las penurias de los inmigrantes que vienen a trabajar a Estados Unidos al no suministrar un camino significativo para convertirse en residente legal permanente", estimó el senador y precandidato presidencial demócrata John Kerry.

El representante republicano Tom Tancredo, conocido por su oposición a cualquier flexibilización de las leyes migratorias, afirmó por su lado que la propuesta de Bush es "peligrosa" y predijo que será rechazada por el Congreso.

"El presidente dice que se opone a la amnistía, pero su plan es exactamente eso", subrayó. "Esta propuesta es engañosa y falsa", agregó.

"La propuesta de Bush se queda corta", opinó la lideresa de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata de California).

"Debemos asegurarnos de que los inmigrantes no sean tratados como ciudadanos de segunda clase y que haya avenidas disponibles para obtener la ciudadanía", añadió Pelosi.

La representante demócrata pidió a Bush, en primera instancia, apoyar otros dos proyectos de ley sobre migración que ya están en el Congreso: uno para permitir que jóvenes inmigrantes puedan acceder a la universidad y otro para permitir a 5 millones de trabajadores agrícolas indocumentados legalizar su situación de manera permanente.

El nuevo programa migratorio "será una rotación de capital humano, para ser usado y descartado, sin esperanza de legalizar de manera permanente su estatus", lamentó el representante Bob Menéndez, que preside el caucus demócrata de la Cámara baja.

"Esta propuesta no es más que política de año electoral por parte de un presidente (George W. Bush) que ha rechazado invertir su capital político con su propio partido en el Congreso" para hacer avanzar esta propuesta, añadió.

El plan propuesto por Bush "crearía una generación de ciudadanos de segunda clase que se tragan el anzuelo de trabajar en Estados Unidos con la falsa promesa de disfrutar alguna vez de los beneficios de la ciudadanía", sostuvo el también representante demócrata Ciro D. Rodríguez, que dirige el caucus hispano del Congreso.

Pero republicanos como el representante de Arizona, Jeff Flake, uno de los autores de un proyecto de ley sobre migración, del cual se nutrió el presidente Bush para hacer su propuesta, se mostraron satisfechos con el anuncio.

"El presidente Bush tiene las cosas claras. Un programa de trabajadores temporales mejorará dramáticamente la situación en nuestras fronteras", sostuvo.

Este es "un paso positivo hacia la mejora de nuestras leyes migratorias y para asegurar un sistema justo y compasivo para los inmigrantes en nuestro país", estimó el republicano Bill Frist, líder de la mayoría del Senado.

Defensores de migrantes, decepcionados con el plan

AFP

Washington, 7 de enero. Grupos de defensa de inmigrantes de origen hispano expresaron su decepción con la propuesta migratoria del presidente George W. Bush, a la que consideran una estrategia electoral que no provee un camino para la legalización permanente de millones de indocumentados residentes aquí.

La propuesta de Bush legalizaría temporalmente a cerca de 8 millones de indocumentados que ya trabajan en Estados Unidos, la mitad de ellos mexicanos.

El anuncio "es, en el mejor de los casos, una promesa hueca, y en el peor, una artimaña política dirigida a inmigrantes vulnerables y a aquellos de nosotros que nos preocupamos profundamente por ellos", afirmó Raúl Yzaguirre, director del Consejo Nacional La Raza (CNLR), la mayor organización de defensa de los hispanos en Washington.

"Estamos profundamente decepcionados porque no se trata de una legalización, sino de la creación de un nuevo programa de trabajadores temporales", dijo Michelle Waslin, del CNLR.

Bush prometió durante su primera campaña electoral que emprendría una reforma migratoria, pero sus planes, alentados por el presidente mexicano Vicente Fox, cayeron en el olvido tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando Washington apostó por reforzar sus fronteras para mejorar la seguridad.

"Hasta que no demos a la gente la oportunidad de pertenecer realmente a este país (...) no creo que tengamos un sistema migratorio que sirva a los intereses de la nación", señaló Angela Kelly, vicedirectora del Foro Nacional de Inmigración.

Si es aprobado por el Congreso, el programa también aumentaría la cantidad de permisos de residencia y trabajo permanente otorgados anualmente, aunque se desconocen los detalles de cuán grande sería el aumento y a quiénes beneficiaría.

"Esto no es una solución, sino un curita", lamentó Gabriela Lemus, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.

La propuesta de Bush "es una promesa hueca para indocumentados que trabajan duro (en este país), gente que busca emigrar a Estados Unidos y trabajadores estadunidenses por igual", señaló John Sweeney, presidente de la central sindical AFL-CIO. La propuesta "crea una subclase permanente de trabajadores que no podrán participar totalmente en la democracia", agregó.

Acerca de las perspectivas del programa, Waslin consideró que "para que el Congreso apoye una propuesta migratoria se requiere apoyo bipartidario" y este plan no lo tiene. En tanto, Kelly manifestó que "a menos que sea mejorado y haya serios auspiciantes detrás", el Congreso no aprobará la propuesta de Bush.

Suman 8 o 9 millones los inmigrantes clandestinos

Washington, 7 de enero. Según las proyecciones oficiales estadunidenses más recientes, los inmigrantes clandestinos en Estados Unidos eran al menos 7 millones de personas en 2000, y se acercan ahora a los 8 o 9 millones, con inmigrantes que desde hace más de una década llegan a un ritmo de 35 mil por año.

De acuerdo con otras estimaciones no oficiales, el número de inmigrantes podría ser de 12 a 14 millones.

Los indocumentados, que representan oficialmente más de 3 por ciento de la población de Estados Unidos, son en su mayoría latinoamericanos y constituyen una fuente de mano de obra barata, que se ha vuelto casi indispensable para el funcionamiento de ciertos sectores industriales y también de la agricultura.

Entre los "clandestinos", los mexicanos, que comparten 2 mil 500 kilómetros de frontera, son la mayoría. Según el Servicio Federal de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en 2000 eran 4,8 millones, es decir 69 por ciento.

Los ciudadanos de otros cinco países latinoamericanos le siguen en la lista: El Salvador (189 mil), Guatemala (144 mil), Colombia (141 mil), Honduras (138 mil) y Ecuador (115 mil). Después están República Dominicana (91 mil), Brasil (77 mil) y Perú (61 mil).

Los indocumentados asiáticos más numerosos vienen de China (115 mil en 2000), Filipinas (85 mil), India (70 mil) y Corea del Sur (55 mil). Otros dos países aportaron también importantes contingentes de indocumentados en 2000: Haití (76 mil) y Canadá (47 mil).

Según las proyecciones de la USCIS, cerca de tres cuartas partes de los indocumentados se concentran en siete estados: California, Texas, Nueva York, Illinois, Florida, Arizona y Georgia.

AFP