Temen expertos y ONG que tenga la finalidad de ubicar y deportar a indocumentados

Anuncia Bush plan migratorio unilateral y descarta amnistía

Implica "legalización" máxima de seis años

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 7 de enero. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció un nuevo programa de trabajadores temporales que incluye un mecanismo de legalización temporal para algunos indocumentados, pero descarta explícitamente una amnistía para los entre 8 y 12 millones de migrantes en este país.

Pero al presentar su iniciativa, rompiendo así un silencio en torno a política migratoria desde el 11 de septiembre de 2001, y en contraste con las primeras declaraciones sobre el tema al comienzo de su gestión, Bush nunca mencionó hoy que esta propuesta haya sido resultado de una negociación bilateral con México u otros países.

Su única mención de México y su gobierno fue al referirse al próximo viaje a Monterrey para la Cumbre de las Américas. La Casa Blanca informó que Bush se comunicó con Vicente Fox para informarle del contenido de su propuesta, dejando claro que no fue fruto de una negociación bilateral.

En parte por eso, varios analistas y promotores de una amplia reforma migratoria cuestionaron si el discurso de hoy está diseñado más para efectos electorales que para un intento de generar una reforma real. Muchos opinan que el discurso sólo tendrá valor si es seguido por hechos, y la medida de ello será si hay un esfuerzo serio y suficiente inversión de capital político para consolidar lo que fue, en efecto, una lista de principios y conceptos en un proyecto de ley en busca de lograr su aprobación en el Congreso estadunidense.

En una ceremonia realizada esta tarde en la Casa Blanca, Bush inició su discurso elogiando la contribución histórica de los inmigrantes para crear la "grandeza" del país, y señaló que el sistema migratorio actual "no está funcionando".

Existe, dijo, una "masiva economía indocumentada" ante la realidad de que hay empleos que no son ocupados por estadunidenses. No los quieren.

"Muchos trabajadores indocumentados han caminado milla tras milla en el calor del día y en el frío de la noche. Son trabajadores que sólo buscan hacer su vida, pero que acaban en las sombras de la vida estadunidense", sujetos a maltrato y explotación, separados de sus familias. Frente a esto, indicó Bush, su gobierno propone un nuevo "programa de trabajadores temporales", que ofrezca una condición legal para "millones de indocumentados en este país y aquellos que desde otras naciones" deseen participar en el esquema. Con el plan, "trabajadores dispuestos podrán obtener un empleo que no será ocupado por un estadunidense".

Pero Bush subrayó que se opone a la amnistía, lo cual, dijo, sólo lleva a una mayor violación de las leyes estadunidenses y nutre las filas de los indocumentados. A pesar de que varios medios nacionales, incluidos el New York Times, el Washington Post y varias agencias, caracterizaron la iniciativa en esencia como una amnistía, la propuesta presidencial no brinda ningún paso hacia la ciudadanía o residencia permanente para los indocumentados que no sea a través de los canales legales ya establecidos. Los expertos saben que el paso para la ciudadanía está sujeto a una espera casi eterna.

Bush insistió en que "no es justo recompensar a los que han violado la ley" sólo porque ya se encuentran en el país, por lo que descartó que se trate de algún tipo de amnistía.

Aunque defensores de inmigrantes criticaron de inmediato la propuesta por la ausencia de algún mecanismo para una legalización permanente de la situación de los indocumentados -lo que antes se llamaba "regularización" y que otros consideraban amnistía, aunque casi todos evitan la palabra por ser muy cargada en el contexto político estadunidense-, para algunos no fue sorpresa el beneplácito de Fox, pese a esta carencia.

Fuentes cercanas a la negociación bilateral durante los años recientes informaron a La Jornada que la "regularización" nunca fue prioridad del gobierno de Fox, sino una concesión a organizaciones latinas estadunidenses. La intención del gobierno foxista, indicaron estas fuentes, era lograr un programa de trabajadores temporales que incluyera un mecanismo para incorporar a los indocumentados que ya están aquí, y con ello lograr la "circularidad" (permitir el tránsito legal de inmigrantes entre ambos países).

Para las organizaciones latinas, su interés es lograr un camino a la ciudadanía y ampliar así sus filas y presencia política y económica aquí, pero para el gobierno de Fox, según estas fuentes, la prioridad era establecer un mecanismo que garantizara el flujo continuo de remesas a México.

La propuesta

El discurso del presidente logró tocar todos los temas candentes de este debate, incluso algunos de los puntos que forman parte de los argumentos de sus opositores demócratas y de la comunidad pro inmigrante: derechos laborales, reunificación familiar, permitir el libre tránsito de trabajadores dentro del programa entre éste y su país de origen, mejorar la seguridad pública de los migrantes y defenderlos del mercado negro de mano de obra, así como ofrecerles incentivos económicos de ahorro para regresar a su país, entre otros temas que fueron mencionados, pero en esencia todo lo propuesto es un nuevo programa de trabajadores temporales.

Sin embargo, al subrayar estos temas, como obviamente fue la intención, coloca a los opositores y críticos en situación difícil, ya que Bush es quien toma la ofensiva sobre el tema.

En lo que fue caracterizado como una amplia reforma de las leyes de migración, la iniciativa ofrece un mecanismo para "legalizar" de manera temporal la situación de inmigrantes indocumentados que puedan demostrar que cuentan con un empleo en Estados Unidos. Este mecanismo también sería utilizado para los que están en su país de origen pero tienen un empleo esperando aquí. Un requisito adicional es que se debe comprobar que ningún trabajador estadunidense desea ese empleo, aunque es poco claro cómo se lograría.

Por el momento, un trabajador indocumentado que pueda comprobar que cuenta con empleo podrá solicitar su legalización temporal por un periodo de tres años, plazo que podría ser renovado, pero, según Bush, la prórroga tiene fin, y el trabajador deberá regresar a su país.

Además, Bush anunció que incrementará el numero de green cards, las visas de residencia permanente, pero no detalló cifras. Dijo que los que se registren en el programa temporal podrán también, con el patrocinio de sus empleadores, solicitar la residencia permanente, aunque no hay ninguna garantía que la obtendrán en el periodo de tres años.

Aunque no lo detalló explícitamente, altos funcionarios señalaron que si no logran obtener su residencia permanente dentro del periodo de legalización temporal -algo muy probable, ya que hay una enorme reserva de solicitudes de años atrás-, los trabajadores deberán regresar a su país para solicitar su green card desde ahí.

Si bien la propuesta permite que los familiares acompañen a un trabajador cuya situación es temporalmente legalizada, y resuelve así el problema de tránsito entre su país de origen y Estados Unidos (siempre y cuando pueda demostrar que está en posibilidad de apoyar a sus dependientes), todos deberán retornar a su país si no obtienen la residencia permanente dentro del plazo en que formen parte del programa temporal.

Para Cecilia Muñoz, del Consejo Nacional de la Raza, este aspecto es muy desalentador, ya que invita "a ser trabajador huésped sin ofrecer una oportunidad significativa para permanecer en Estados Unidos y convertirse en residente permanente legal".

Según otro observador estadunidense, el programa propuesto es más bien una "amnistía para los patrones", ya que ellos son los más beneficiados al legalizar la condición migratoria de su mano de obra durante tres años y sustituirla sin más compromiso que el respeto a sus derechos laborales mínimos.

Los trabajadores obtienen el privilegio de laborar legalmente durante tres años, tal vez con una extensión de este plazo, y la oportunidad de solicitar su residencia permanente, pero sin garantía de obtenerla, y deben regresar o enfrentar la deportación después de concluir su contribución a la economía y sociedad estadunidenses.

En el anuncio de lo que fue su primera iniciativa política de este año electoral, Bush invitó a unas 200 personas a la Casa Blanca, entre ellos líderes de algunas organizaciones latinas y de defensa de migrantes, multitud de caras seleccionadas para ofrecer la imagen deseada ante las cámaras: inmigrantes que están en las fuerzas armadas (señaló en particular a un sargento de los marines, un mexicano herido en Irak) y legisladores. También estaban presentes los secretarios de Estado, Colin Powell; de Comercio, Don Evans; de Seguridad Interna, Tom Ridge; el procurador general, John Ashcroft, y Tony Graza, a quien Bush identificó, en español, como "embajador de México".

Con esto se abrió una vez más el gran debate sobre inmigración en este país. Legisladores, analistas, líderes latinos, empresarios y asesores de diversas posiciones elogiaron y criticaron la propuesta desde antes de ser presentada formalmente. Casi todos descartan la posibilidad de que esta iniciativa culmine en una reforma este año. Por lo tanto, entienden que en 2004 nada se hace fuera del margen del cálculo electoral.

No falta quien señale que Bush conquistó 35 por ciento del voto latino en los cerrados comicios de 2000, y que ese sufragio podría ser determinante en estados claves del mapa electoral, particularmente si vuelve a ser tan disputada la competencia.

Los inmigrantes están nuevamente en la agenda política del país, pero por el momento no se sabe si se trata de resolver sus problemas o sólo serán una vez más piezas en el juego político electoral.

Niegan que se haya negociado con México

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 7 de enero. La iniciativa de reforma migratoria anunciada hoy por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no podrá concretarse en menos de dos o tres años, está llena de ambigüedades diseñadas para el debate político interno y su éxito dependerá sólo de la decisión de los inmigrantes indocumentados para participar en el proyecto, advirtió Demetrios G. Papademetriou, director del Instituto de Políticas de Migración.

En entrevista con La Jornada, el experto advirtió: "El problema es que resultará sólo una promesa vacía si Bush no invierte suficiente capital político para lograr convertirla en ley". En lo que consideró un discurso "fantástico", ya que se refirió a todos los principios que los promotores de una reforma amplia han establecido, mantuvo una "ambigüedad estudiada para dejar a la interpretación toda una amplia lista de asuntos", y quedó la interrogante de si hay una intención real de avanzar.

"No dijo una sola palabra sobre la agenda legislativa, sobre todos los proyectos de ley con apoyo bipartidista, ni aprovechó la oportunidad para endosar alguno de ellos; esto provoca dudas sobre su intención de aterrizar esta iniciativa", expuso.

Papademetriou señaló que la gran debilidad de la propuesta es la ausencia de un mecanismo para regularizar o legalizar la situación de los indocumentados de forma permanente. También criticó el dicho de que los participantes en el programa de trabajadores temporales podrían solicitar su residencia permanente mediante los canales establecidos, porque ese sistema no tiene manera de acomodarlos. "La espera ahora para un mexicano es de entre ocho y 15 años."

En parte por la ausencia de tal mecanismo de legalización permanente, advirtió que la propuesta, "llevada a su extremo, podría ser un sistema perfecto para sacar a los indocumentados del país". Pero esto, a la vez, sería casi imposible, ya que si se calcula que Estados Unidos podría deportar a unos 200 mil indocumentados al año (de todos los países), tardaría 50 años con un costo de decenas de miles de millones de dólares en expulsar a los 10 millones de indocumentados (sin contar a los que entran cada año).

El analista señaló que el discurso de Bush es positivo, ya que reabrió el debate sobre migración en el país. Pero advirtió que se trata de "un maratón, y no algo que se gana en una carrera de 100 metros". Consideró que se está "a dos o tres años mínimo" para lograr una reforma sobre estas bases.

Aun si se consigue implantar la propuesta de Bush, "la clave de todo esto es si la sociedad civil y los gobiernos de Estados Unidos y México lograrán convencer a suficiente gente (indocumentados) para que solicite el ingreso a este programa". Papademetriou indicó que "todo el edificio de la oferta de Bush se derrumbará si no logra convencer a la población indocumentada de presentarse; y si no se presenta, fracasa". Si eso ocurre, el efecto de la propuesta podría ser que la gente "se esconda aún más, generando mayor caos".

El gobierno de México, estimó Papademetriou, no tiene otra opción que decirse complacido, ya que va en dirección de establecer legalidad en lugar de caos en el rubro de la migración. Sin embargo, descartó que la iniciativa haya sido resultado de una negociación entre ambos países: "Los mexicanos no lograron obtener el bilateralismo que deseaban".

Al mismo tiempo, insistió, el gobierno de Fox puede darse algún crédito en "sensibilizar a los estadunidenses sobre el tema migratorio", y por colocar algunos de los principios sobre la mesa. Si esta iniciativa prospera, agregó, los más beneficiados serán los mexicanos, porque son la mayoría de los indocumentados y los que tienen las redes más grandes de empleo en Estados Unidos.

Pero hubo más reacciones. Grupos empresariales señalaron que es un buen comienzo, grupos latinos la rechazaron por ser "demasiado limitada", y legisladores y candidatos presidenciales ofrecieron un sinnúmero de respuestas.

Raúl Yzaguirre, presidente del Consejo Nacional de la Raza, declaró que no es más que "una versión recalentada del Programa Bracero", sólo limitada a un programa de trabajadores temporales sin un mecanismo para lograr su legalización permanente.

En declaraciones a CNN, expuso que podría ser apenas "una invitación a que se presenten los indocumentados para enfrentar una deportación probable". A la vez, Yzaguirre expresó la sospecha de que sólo se trate de un "gesto electoral", y dijo haber esperado una reforma "comprensiva" de la migración, y no una lista de conceptos.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos consideró que el anuncio ofrece una buena oportunidad para avanzar hacia la promulgación de una reforma migratoria "sensible y comprensiva". Su vicepresidente, Randel Jonson, afirmó: "Nuestro sistema de migración está roto y se requiere un ajuste para trabajadores indocumentados que cumplen un papel vital en nuestra economía, a fin de que se les permita lograr una calidad legal".

Legisladores republicanos conservadores, como Tom Tancredo y Peter King, calificaron la propuesta de "recompensa para personas que han violado las leyes estadunidenses" y la consideraron una "amnistía disfrazada".

Legisladores liberales, como Edward Kennedy, y candidatos presidenciales demócratas, como John Edwards y Howard Dean, la consideraron decepcionante, limitada e insuficiente, en particular por la falta de un mecanismo para la legalización permanente y un canal para lograr la ciudadanía estadunidense de los indocumentados.

La central obrera AFL-CIO ya había señalado sus críticas de que una reforma no podría estar limitada a un programa de trabajador huésped, ya que sólo mantenía en pie la explotación y falta de derechos de los trabajadores indocumentados.

Mientras tanto, los medios ofrecen una amplia gama de interpretaciones: desde "fronteras abiertas con México", según ABC News, o "amnistía" de acuerdo con el New York Times y varias agencias, hasta "legalización de 8 millones de indocumentados", de acuerdo con otros.

El debate apenas empieza de nuevo.