En 2003 llegaron 100 mil asuntos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Tarda dos años la solución de los juicios laborales en el país

Despido injustificado y mal cálculo en las indemnizaciones, principales causas de las demandas

FABIOLA MARTINEZ

En México, si un trabajador es despedido de manera injustificada o no recibió las prestaciones que le corresponden debe tener recursos económicos, o por lo menos la paciencia necesaria, para esperar casi dos años a que concluya el juicio correspondiente.

Como reconoce el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Carlos Abascal Carranza, el tiempo promedio de esos trámites en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) es de un año y 10 meses.

En el año que recién concluyó, este tribunal dio curso a alrededor de 100 mil asuntos, el mismo nivel que en 2002, pero con 280 personas menos para atender este tipo de trámites. "Es un rezago que debemos atender y 2004 será clave para la modernización de la junta, aun con menos recursos", admitió.

El 16 de diciembre pasado, en el informe anual de la JFCA, el secretario del Trabajo dijo que "más allá de cualquier posición ideológica, hoy tenemos un sistema de impartición de justicia, de conciliación y arbitraje en tribunales de conciencia y buena fe".

Sin embargo, parece que "la buena fe" a que hizo referencia el responsable de la política laboral del país resulta insuficiente para atender con mayor celeridad poco más de 100 mil asuntos individuales al año y los procesos derivados de 42 huelgas estalladas. Más aún, falta tiempo, recursos humanos y materiales para resolver miles de casos y depurar los expedientes de cerca de 35 mil contratos de diversos tipos que se hayan depositados en la JFCA.

De acuerdo con información proporcionada por el titular de la STPS, los organismos públicos y dependencias paraestatales, como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad o el Instituto Mexicano del Seguro Social, continúan como los principales demandados, al absorber, en su conjunto, casi 90 por ciento del total de casos, aun cuando existen juntas especiales para ellos y se han impulsado programas para evitar que el empleado llegue al nivel de la demanda.

Estas querellas, dijo, son generadas principalmente por presuntos pagos incorrectos y cálculos erróneos por concepto de indemnización, jubilación, pensiones e incapacidades, mientras que por despido injustificado serían sólo "entre 8 y 9 por ciento". Las dependencias, por su parte, afirman que no cuentan con el presupuesto suficiente para saldar los conceptos reclamados.

Fue en este contexto que Abascal se refirió al promedio de trámites de un año 10 meses, dato del que se puede inferir que un empleado prefiera firmar y aceptar su finiquito en las condiciones en que se lo ofrece el patrón, antes de acudir a fincar una demanda cuya resolución difícilmente recibirá en un lapso menor a dos años.