Supuesto caso de tortura

Defiende la CDHD su recomendación a la procuraduría

AGUSTIN SALGADO

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteró que la recomendación 10/2003 que envió a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) fue producto de una "seria y profunda investigación" y que las evidencias que ha logrado recabar "permiten afirmar claramente que se trata de un caso de tortura" cometido por policías judiciales de la dependencia.

El caso referido por la CDHDF se derivó de una queja presentada por la esposa de uno de los cuatro presuntos secuestradores que fueron detenidos el 9 de junio del año pasado en el municipio de Ecatepec, estado de México.

Un día después de que el ombudsman del DF emitiera la recomendación 10/2003, el titular de la PGJDF, Bernardo Bátiz, señaló que aceptaría el recurso, pero sostuvo que las lesiones que presentaban los presuntos secuestradores -referidas en la queja- fueron resultado de que los policías judiciales tuvieron que actuar "con cierta violencia", al aprehenderlos en flagrancia, por lo cual desde el punto de vista de la PGJDF no eran elementos que "evidenciaran un caso de tortura, ya que no se necesitaba obtener ninguna confesión".

Por su parte, ese mismo día, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, sentenció que la CDHDF debió hacer una valoración pormenorizada del caso, antes de emitir la recomendación.

Ante estos cuestionamientos, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad dio a conocer anteayer un documento con 10 puntualizaciones en relación con el caso, en el cual "le recuerda" a la procuraduría que la tortura no siempre tiene como fin único obtener confesiones.

La CDHDF explica que la recomendación 10/2003 se emitió "exclusivamente bajo la consideración que toda persona tiene derecho a que se le garantice su integridad física" y si "la autoridad cuenta con evidencias de que los detenidos son responsables de un delito, deberá llevar a cabo el debido proceso para someterlos a juicio y hacer que respondan ante la ley, pero la actuación de la propia autoridad deberá estar siempre sujeta al estricto cumplimiento de la ley".