Cuestiona a funcionarios mexicanos en la ONU

Señora directora: Al leer el artículo de Horacio Labastida y observar el cartón de El Fisgón, ambos del 23 de mayo, no deja uno de preguntarse qué es peor: si la invasión estadunidense a las naciones o el agachamiento de nuestros (¿de verdad, nuestros?) representantes en Naciones Unidas. ¿Será también acaso posible que ya nadie extrañe tales demostraciones de lealtad que en su oportunidad caracterizaron al ex canciller Castañeda? Gracias.

Hermilo Suárez Domínguez

Señora directora: Los abajo firmantes nos pronunciamos enérgicamente en contra del brutal operativo llevado a cabo por policías estatales en contra de la comunidad Nuevo Tepeyac, municipio de Villa Las Rosas, Chiapas, el 21 de mayo del presente año. En dicho operativo fueron lesionadas seis personas y detenidas 27, entre ellas dos menores de edad, uno ellos el compañero José Manuel Martínez Pérez, miembro de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, quien se encontraba realizando labores propias de la defensa de los derechos humanos.

Desde el inicio de su administración, Pablo Salazar Mendiguchía ha gobernado con base en un doble discurso en materia de derechos humanos: muchos discursos y publicidad pagada para hacer creer que en su gobierno se respetan los derechos humanos, pero en la práctica sus acciones son de desprecio a los mismos. Operativos policiacos como el llevado a cabo en Nuevo Tepeyac se realizan con frecuencia con el pretexto de la "aplicación del estado de derecho", dejando saldos de heridos, detenciones arbitrarias y masivas, y la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares y defensores.

Ya es tiempo de poner las cosas en claro con el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía: es un gobierno que viola los derechos humanos, que continúa con las prácticas de tortura, que viola las garantías del debido proceso a las personas detenidas, intolerante ante la crítica y que ha demostrado suficientemente que los derechos humanos no han ocupado un espacio en su política de gobierno, como no sea para violarlos.

Una muestra de esto es que el 22 de mayo de 2003 a las 13 horas, fueron golpeados Miguel Angel de los Santos y Alejandra del Valle, defensores de los derechos humanos de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, mientras se encontraban en los separos buscando hablar con los detenidos. Este brutal acto fue cometido por Arturo Cordero, responsable de la Policía del estado, un agente de la policía estatal y dos agentes más. Finalmente, los sacaron de los separos, obstaculizando su labor de defensa de los derechos humanos.

Exigimos la libertad inmediata de las personas injustamente detenidas, en especial del defensor comunitario de los derechos humanos, cuya actividad es ajena a los motivos que dieron origen al operativo policiaco. Exigimos el cese a la represión en contra de los y las defensores de derechos humanos en el estado.

Joaquín Cáceres (Reebok Human Rights Award 1988, coordinador del Programa de Educación y Comunicaciones de la Asociación "Entre amigos", de El Salvador), Mexico Solidarity Network, ASA (Asamblea Solidaria en Acción de Sant Vicenc, dels Horts), Reus Societat Civil, Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista de Barcelona, Aquario de L'Hospitalet de Llobregat, Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona. Nicolás Rose, Julia Tucker (Ceshra/ Cemas, Guatemala); Rubén Estrada Talonia, director de la revista Regeneración; Manuel Lario Bastida, de la Asociación pro Derechos Humanos de Murcia (España), Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (Aspa), Ya Basta Italia, Associazione Razzismo Stop Italia, Intersindical Alternativa de Catalu- nya, Plataforma México Viena Austria, TINKU-Dinamarca, Ya Basta París, Liga Suiza de los Derechos Humanos Sección Ginebra, Comité de Apoio ás Lutas da América Latina, Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de Sao Paulo, Grupo Tortura Nunca Mais (Sao Paulo), Sindicato dos Jornalistas do Estado de Sao Paulo, Sindicato dos Radialistas do Estado de Sao Paulo, William Elie, (Francia), María A. Rosario (España), Yuli Mosquera (España), Nuria Barberá (España), Ana Esther Ceceña, Felipe Echenique, Marisa Kramsky Espinosa y más de cien firmas

Señora directora: En la edición del pasado viernes se aborda la denuncia de agresión a "abogados de transportistas piratas". En interés de proporcionar más elementos a los lectores de La Jornada, le ruego incorporar estas líneas en la sección El Correo Ilustrado:

A la llegada del actual gobierno, uno de los rubros que reflejó la corrupción para beneficiar intereses particulares fue el del transporte. En los últimos momentos del gobierno anterior se autorizaron discrecionalmente cerca de 2 mil concesiones.

El gobernador Pablo Salazar determinó no autorizar concesiones mientras no se concluya con el trabajo de reordenamiento de la compleja problemática heredada. Ese proceso ha llevado más de dos años.

En este contexto, se han revocado ya algunas de las concesiones, y quienes las poseían se han mantenido en la ilegalidad como taxis piratas. Estos taxistas irregulares han buscado distintas maneras de presión para obligar al gobierno a devolverles las concesiones sin sujetarse a las conclusiones del trabajo de ordenamiento.

Como parte de esas acciones de presión, el domingo 18 de mayo taxistas irregulares secuestraron a cinco trabajadores de las unidades móviles legales. El secuestro duró cuatro días, durante los cuales se mantuvo un intenso diálogo con los secuestradores. No obstante, persistieron en la comisión del delito. La fuerza pública legítimamente procedió al rescate de los secuestrados y a la detención de los plagiarios.

Entre los detenidos está una persona que la Red de Defensores Comunitarios ha señalado como su integrante. Es necesario decir el contexto en que ocurrieron esos hechos, porque la acción en contra de las garantías individuales de cualquier persona constituye delitos perfectamente tipificados en la legislación vigente. La defensa de los derechos humanos nada tiene que ver con actos de piratería y secuestro.

En relación con la presunta agresión a De los Santos, el gobierno de Chiapas se comprometió a investigar minuciosamente la circunstancia y los hechos para proceder en contra de los responsables si llegara a comprobarse la afirmación de los organismos no gubernamentales, compromiso hecho público por conducto del secretario de Gobierno, que no se refleja en la nota publicada.

La Procuraduría General de Justicia del Estado ha iniciado la investigación instruida por el Ejecutivo estatal, y como parte de ésta recabará todos los testimonios que permitan conocer la realidad de los hechos. Por ahora, se tienen pruebas que registran pormenorizadamente lo ocurrido en el lugar y el momento señalados por el abogado defensor de taxistas piratas que no estaba acreditado como tal. La verdad se conocerá y la opinión pública recibirá información y no una propaganda surgida de un interés que ninguna relación tiene con los derechos humanos.

LCC José Domingo Pérez Sarmiento, director de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas
 
 
 

El Correo Ilustrado