Busca la PGR cerrar el expediente de manera definitiva

Investigan posibles nexos de funcionarios en caso Posadas

Descartan que se indague el delito de homicidio

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) en realidad no investiga el delito de homicidio en el caso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, sino que desarrolla diligencias para establecer si hubo involucramiento de funcionarios federales en el crimen y si algunos de los más de 70 detenidos, procesados e incluso sentenciados incurrieron en ilícitos del fuero federal y distintos a los que se les acusó inicialmente.

Fuentes oficiales revelaron que la intención del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, es declarar el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa SE/001/95, lo que significaría, ahora sí, el cierre definitivo del caso, ya sea consignando a los involucrados ante jueces federales o archivando el asunto.

Como se recordará, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el estacionamiento del aeropuerto internacional de Guadalajara, Jalisco, el 24 de mayo de 1993.

Los funcionarios de la PGR explicaron que el caso se encuentra de la siguiente manera: el Ministerio Público del fuero común, es decir, dependiente del gobierno de Jalisco, consignó el 29 de mayo de 1993 el expediente 12948/93 ante el juzgado cuarto de lo criminal en esa entidad por los homicidios de Juan Jesús Posadas Ocampo, Pedro Pérez Hernández (chofer de Posadas), Martín Alejandro Aceves Rivas, chofer del alcalde de Arandas; los escoltas de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, José Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán Medina; así como los peatones José Manuel Vega Rodríguez y Francisca Rodríguez Cabrera.

Así, las autoridades de Jalisco obtuvieron órdenes de aprehensión que involucraban a 46 personas en la muerte del cardenal.

En tanto, la PGR iniciaba la averiguación previa 1132/93 para investigar los delitos de carácter federal, como daños en propiedad ajena, por lo que hace a las instalaciones del aeropuerto, y acopio de armas de fuego, ilícito que corresponde investigar al Ministerio Público Federal.

En 1993 no existía el término de delincuencia organizada en el Código Penal, como tampoco la facultad de atracción para que la PGR se encargara del caso, aunque sí se hubiera podido hacer si las autoridades de Jalisco hubieran determinado que en el asesinato estaban involucrados funcionarios federales, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, explicaron los entrevistados.

Sin embargo, la PGR se sumó a las investigaciones en un afán de colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, por la investidura del prelado.

Así, la PGR consignó ante un juez federal la averiguación previa 1132/93 y obtuvo órdenes de aprehensión por los delitos de daño en propiedad ajena y portación y uso ilegal de arma de fuego reservada para el uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros.

No obstante, "el 2 de enero de 1995 la PGR remitió el triplicado de la averiguación previa 1132/93 a la subprocuraduría especial para el caso Posadas, para que se continuara con la investigación y determinar si se cometió algún delito del fuero federal, distinto de aquellos por los que se ejerció acción penal, y si resultaran otros probables responsables de su comisión, iniciándose así la averiguación previa SE/001/95", señala un documento elaborado por Comunicación Social de la PGR y difundido en días pasados.

La averiguación previa SE/001/95 es la que hoy día se mantiene abierta y fue sacada de reserva en junio de 2001, debido a que la ley establece que el Ministerio Público Federal jamás podrá negarse a recibir pruebas en torno a un ilícito mientras el expediente no se haya declarado cerrado; esto es, que se dictamine si hay o no ejercicio de acción penal.

Según la declaración del viernes pasado de Marisela Morales, coordinadora general de Investigaciones Especiales de la PGR, "hasta hoy, de las diligencias practicadas por la PGR no se desprenden otros delitos del orden federal ni otros probables responsables que sean distintos a los ya consignados ante la autoridad judicial".

Según los funcionarios entrevistados, el valor de estas investigaciones consiste en que se realizarán las pesquisas que los anteriores encargados del caso no llevaron a cabo y se terminará con todas las diligencias exigidas por quienes han entregado alguna supuesta prueba en torno al crimen, como han sido los integrantes del Grupo Jalisco, conformado por el cardenal Juan Sandoval, el abogado José Antonio Ortega y el panista Fernando Guzmán.

De acuerdo con las versiones obtenidas, otra vertiente importante en esta nueva investigación es que finalmente, pese a que esa oportunidad la tuvieron todos los procuradores que antecedieron a Macedo de la Concha, finalmente el expediente va a ser concluido, determinado, haya o no consignaciones contra ex funcionarios federales, ya que mantenerlo en estado de reserva significa que cada vez que alguien diga tener una nueva prueba la averiguación previa tendrá que ser reabierta.

Por otra parte, uno de los supuestos nuevos testigos del caso Posadas, José Luis Thirión Muñoz, fue condenado a siete años seis meses de cárcel, al ser encontrado culpable de haber cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Thirión fue relacionado con la venta de plazas de la PGR en la delegación de Chihuahua en diciembre de 2000; sin embargo, supuestamente él participó en las investigaciones del caso Posadas y entregó dos grabaciones que demostrarían que el cardenal era espiado telefónicamente días antes de su muerte. Empero, los peritajes de la PGR demostraron que en esa cinta no aparece la voz del prelado.

En tanto, la PGR dio a conocer que continuará con las indagatorias que relacionan al hijo de José Antonio Ortega Sánchez (abogado del cardenal Juan Sandoval) con un presunto intento de secuestro de dos jovencitas. Lo anterior luego de que el Ministerio Público Federal detectara que desde un vehículo propiedad de Ortega Sánchez se filmó y siguió a las jóvenes mientras viajaban en un autobús escolar.

El vehículo de Ortega Sánchez, supuestamente, fue perseguido por agentes federales y en su fuga golpeó a otros automóviles. Peritajes de la PGR detectaron que la unidad fue reparada recientemente, por lo que buscarán determinar si existió el intento de plagio. La autoridad afirmó que el abogado del cardenal Sandoval ha pretendido obstruir las investigaciones señalando de manera reiterada que se le indaga en un afán de que ya no participe en las investigaciones del caso Posadas.