Cumplirá con las disposiciones de Hacienda

Cesará el gobierno federal al menos a 5 mil 300 empleados administrativos

FABIOLA MARTINEZ

La reducción de personal de base del gobierno federal continuará en lo que resta del año, en cumplimiento con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la materia, que prevé un recorte de por lo menos 5 mil 300 plazas en áreas ajenas a salud, educación y seguridad nacional. Es decir, independientemente del programa de separación voluntaria -actualmente en impasse- seguirán los recortes en el personal administrativo, sector más afectado y que constituye 16 por ciento de la plantilla total de burócratas.

Tan sólo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ordenó una disminución de 187.5 millones de pesos -cerca de 3 por ciento del total otorgado a esa dependencia-, para apoyar la política de austeridad y racionalidad del gasto.

"Ha habido una consistente disminución (del personal) por el necesario reajuste que se hizo en las estructuras. En mi oficina, debo decirlo con toda paz, había 78 personas y ahora tengo 31 plazas de base (...) Hay ajustes que tienen que hacerse", señaló el titular de la STPS, Carlos Abascal Carranza.

Lo anterior es ajeno a los alcances del programa de separación voluntaria impulsado por la administración foxista y que hasta el cierre de 2002 logró la salida de 18 mil empleados.

Sin embargo, esa alternativa se encuentra suspendida por el momento, según la versión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), cuya directiva considera que la separación voluntaria es en realidad un esquema de "despidos disfrazados" que no garantizan un monto de retiro suficiente para los empleados y mucho menos un ahorro para la Federación, ya que muchos de ellos pasarán a las filas del endeble fondo de pensiones del ISSSTE.

Tampoco la FSTSE o la SHCP han hecho público el recuento del número de empleados públicos que han sido despedidos, aunque para los próximos meses la dependencia en cuestión confía en llegar a un acuerdo con la directiva de los burócratas para disminuir aún más la plantilla en áreas "no estratégicas".

De acuerdo con información oficial, 2003 arrancó con 2.9 millones de servidores públicos; 84 por ciento de esa cantidad lo conforman maestros, médicos, personal de seguridad pública, así como personal civil y militar, sectores que incluso deberán registrar un aumento total de 15 mil 500 plazas, según los lineamientos de la SHCP.

Por ello, el recorte a la burocracia afectará principalmente a los trabajadores administrativos de las dependencias gubernamentales, que constituyen 16 por ciento de la plantilla total del gobierno federal, esto es, el llamado personal operativo de los principales programas gubernamentales.

Abascal Carranza justificó el recorte al afirmar que el ahorro derivado de ello se destinará directamente a gasto social, es decir, continuarán a la baja los egresos en el rubro denominado por Hacienda como "gastos personales".

Respecto a la inconformidad de los empleados que resultaron afectados por las medidas de austeridad del gobierno foxista, el funcionario expresó: "hay ajustes que tienen que hacerse porque tienen que hacerse, porque tenemos que ofrecerle a la ciudadanía un mucho mejor servicio y, bueno, hay casos puntuales (de despidos) en muchos lados.

"Yo diría que si con alguien se cometió una injusticia están expeditas las vías legales para defender sus derechos (como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje), y seremos los primeros en acatar las resoluciones legales correspondientes", dijo.

El caso de la JFCA

El 15 de mayo pasado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) despidió a 14 personas, algunas de ellas con más de 20 años de antigüedad, con el argumento de dar continuidad al programa de ajuste presupuestal. Sin embargo, coincidió en que el grupo de personas afectadas intentan desde 1999 constituir un sindicato alterno al de los empleados de la STPS.

En un documento interno, el presidente de este tribunal laboral, Virgilio Mena, argumentó que la STPS le solicitó aplicar una disminución presupuestal de 25.7 millones en el capítulo de servicios personales, monto que corresponde a los gastos de 11 oficinas regionales o particulares de la JFCA (juntas especiales), por lo que se decidió -afirma el funcionario- reducir el rubro de gasto corriente en lugar de afectar un número mayor de plazas.

Ante los reclamos y demandas correspondientes de los empleados despedidos, Mena expresó en el documento referido:

"La decisión fue enteramente institucional y no personal, y no tiene ninguna relación con el programa de retiro voluntario del gobierno federal, mismo que en su momento será atendido de conformidad con lo que establezca la SHCP."

Luego, intenta dar ánimo a su personal al recordarle que las "reducciones a nuestro presupuesto no son nuevas", y pese a ello este tribunal, afirma, ha podido salir adelante "gracias al compromiso y gran esfuerzo que todos ustedes han realizado".

Pese a la disminución de personal, la JFCA ha solicitado por todas las vías mayor presupuesto, especialmente para remozar o construir un edificio que albergue sus instalaciones y, en especial, para terminar con el rezago de expedientes de demandas individuales. No obstante, la solicitud no ha prosperado y, en cambio, se le ordenó hacer recortes.

Aunque Mena y Abascal afirman que el recorte no obedece a criterios personales, en el comunicado interno dirigido al personal de la JFCA se deja en claro que "los empleados adscritos a este tribunal pertenecen a la STPS y son representados por el sindicato correspondiente".