Una comisión lo sustituye

Aprueban diputados desaparición del INI

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que sustituirá al Instituto Nacional Indigenista (INI), y que operará con independencia del Poder Ejecutivo.

Un consejo consultivo en el que participarán los pueblos y comunidades indígenas, académicos e investigadores reforzará la independencia de la comisión. Esta instancia definirá los programas de apoyo a las etnias del país.

Durante la discusión del dictamen sobre la minuta que en diciembre pasado envió el Senado, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalaron que la actual legislatura deja pendiente el pleno reconocimiento de los derechos y la cultura de los indígenas e inclusive advirtieron que si el gobierno federal no mejora la condición de vida de los pueblos indios "es muy probable que se agudicen los problemas sociales que han surgido en el territorio nacional".

Con esta nueva legislación, que abroga la del INI publicada en diciembre de 1948, la estructura de apoyo gubernamental a las comunidades se desconcentrará de la Secretaría de Desarrollo Social y se le asignará un patrimonio, presupuestos propios y autonomía de gestión. Con ello, explicó el presidente de la Comisión de Asunto Indígenas de la Cámara de Diputados, el perredista Héctor Sánchez López, se dejará atrás la visión de que el problema del desarrollo de los pueblos indios radica sólo en la pobreza y que se resuelve con programas de asistencia social.

Al fundamentar el dictamen, el legislador del PRD insistió en que uno de los mayores saldos de la 59 Legislatura fue precisamente no garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los cuales no tendrán crecimiento pleno hasta que se cumplan sus demandas, tal como se inscribió en los acuerdos de San Andrés Larráinzar. "Necesitamos que la autonomía económica, política, social y cultural llegue a los pueblos indígenas para que la pobreza, la marginación y el olvido en el que viven puedan ser temas del pasado. Esa es una asignatura pendiente que esperemos que la próxima legislatura pueda sacar adelante", dijo.

Su compañero de partido, Bonifacio Castillo Cruz, reprochó que en la redacción del dictamen hayan prevalecido las disputas entre los diputados del Partido Acción Nacional, sus dirigentes y funcionarios federales, que pretendieron -dijo- frenar el dictamen, "quizá para asignar recursos económicos a la atención de las demandas de nuestro pueblos indígenas".

El diputado priísta, Santiago López, al expresar el voto de su partido en favor, consideró que si bien los indígenas han soportado más de 40 años "de políticas integracionistas", es muy probable que "las armas enarboladas por algunos hermanos para hacerse escuchar no le ganen la guerra al Estado, eso sería un sueño, y sin embargo, ahí están los movimientos sociales de 1994".

En la misma sesión el pleno de la cámara aprobó la Ley General de Bienes Nacionales, que asegura la protección jurídica y establece el régimen de dominio público para los bienes de la federación, y prevé la creación de un fondo que contribuya con el gobierno a los gastos de la administración y enajenación del patrimonio nacional. También limita las facultades del Estado para vender o enajenar los bienes a su cargo.