No hay voluntad para resolver crímenes de la guerra sucia, señalan defensores
Cuestionan el trabajo de Carrillo Prieto
VICTOR BALLINAS
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Edgar Cortez, destacó ayer que la negativa del juzgado cuarto de distrito en materia penal, con sede en Monterrey, Nuevo León, de girar órdenes de aprehensión contra Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), es el primer revés jurídico y político para la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y el titular de la misma, Ignacio Carrillo Prieto, y muestra que no hay un interés real ni un compromiso del gobierno federal de hacer justicia a los familiares de los desaparecidos en la guerra sucia.
Lo ocurrido, subrayó Cortez, representa un panorama poco halagador para la posibilidad del acceso a justicia integral para los familiares y víctimas de la denominada guerra sucia.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por medio de la abogada Siria Oliva Ruiz; el abogado de Asociación de Cristianos contra la Tortura y académico Arturo Requezens; el embajador e integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) Oscar González, y la directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Eréndira Cruz, señalaron en entrevistas por separado que si hay errores en la integración de la consignación se puede deber, entre otros factores, a las limitaciones jurídicas de la fiscalía para actuar, por lo que demandaron la modificación del marco legal y que se eliminen las reservas y la declaración interpretativa de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada y de la Convención contra los Delitos de Lesa Humanidad.
El director del Centro Pro cuestionó la negativa del juez cuarto penal de no girar las órdenes de aprehensión contra los ex titulares de la DFS, y del juez segundo de distrito de Puebla, quien también negó el amparo a la viuda de Joel Arriaga Navarro, militante del Partido Comunista asesinado en julio de 1972, con el argumento de la prescripción del delito.
Cortez abundó: "a ello hay que sumar la simulación que representa la investigación efectuada por la procuraduría militar sobre las violaciones a los derechos humanos imputadas a Francisco Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, producto de la negativa de la fiscalía especial para atraer las investigaciones de esos casos, que representan severos reveses a las medidas mediante las cuales el gobierno federal ha pretendido, por medio de la imposición de acciones unilaterales, sin la consulta adecuada a los familiares y organismos de la sociedad civil, dar respuesta al clamor de justicia de la sociedad mexicana".
