Javier Wimer

El voto del miedo

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU es un escenario donde todos tiran piedras sin preocuparse por estar libres de culpa. Espacio donde los estados exhiben su fuerza, alianzas, complicidades y capacidad de maniobra, donde las condenas y las absoluciones son meros rituales diplomáticos. Pero que tales decisiones no tengan mayores consecuencias en el campo estricto de los derechos humanos, no reducen su importancia como signos de más importantes luchas políticas.

Prueba de esta importancia, y también de la imposibilidad de separar la política bilateral de la multilateral, fue el efecto devastador que el voto condenatorio de México tuvo el año pasado sobre nuestras relaciones con Cuba. La reacción de su gobierno fue de extrema violencia y la intervención de Castro en la crisis puso las relaciones diplomáticas entre los dos países al borde mismo de la ruptura. A las buenas razones para que México se abstuviera en la votación se impuso la militancia anticastrista del canciller Castañeda. De entonces a la fecha se han apaciguado los ánimos y se han normalizado dichas relaciones. Pero precisamente en estos días, de luto y de vergüenza por una guerra infame, reaparece en el horizonte diplomático el mismo problema.

Desde el 21 de marzo circula en el Palacio de las Naciones un proyecto de resolución sobre Cuba, patrocinado por Perú, Uruguay y Costa Rica, cuyo núcleo central consiste en:

"Instar al gobierno de Cuba para que reciba y preste todas las facilidades necesarias a la representante personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la finalidad de que pueda cumplir plenamente el mandato contenido en la Resolución No. 2002/18, de 19 de abril de 2002".

Este documento solicita el cumplimiento de una resolución que ya fue rechazada por el gobierno cubano y que, sin sombra de duda, volverá a rechazar. El texto no puede ser más escueto, aunque sí menos imperativo. Es posible sustituir el verbo instar y agregar al conjunto algún eufemismo estilístico, pero carece de sentido hacerlo, por la simple razón de que el fondo del asunto es someter al gobierno cubano a una inspección que no acepta.

Sale sobrando cualquier análisis jurídico del caso, pues resulta evidente que las normas de los sistemas de partido único son incompatibles con las normas de inspiración liberal que protegen los derechos civiles y políticos. Las violaciones son notorias, pero el objetivo de la resolución no es ampliar las libertades de los cubanos, sino sentar o mantener sentado en el banquillo de los acusados a su gobierno, tratarlo como a un reo enamorado de sus errores, relapso y contumaz, para decirlo con palabras gratas a la Inquisición.

Tiene la comisión atribuciones para examinar irregularidades en procesos realizados en La Habana y también en Miami. Pero si atiende unos casos y descuida otros mediante el uso de mayorías automáticas, se convierte en un tribunal inequitativo y pierden sus pronunciamientos sustento moral.

La Comisión de Derechos Humanos es, por desgracia, un foro esencialmente político y los votos en su seno tienen significación claramente política. Cualquier asunto relacionado con su desempeño ha de plantearse en este terreno. El sentido del voto de México debiera o debería haber tomado en cuenta las siguientes consideraciones.

En primer término, que México no obtuvo ninguna ventaja de su pasado voto contra Cuba. Produjo, al contrario, una crisis innecesaria con la Isla y una pérdida de nuestro decaído prestigio en el ámbito de América Latina y del Caribe. Pérdida que puede advertirse en las escandalosas derrotas sufridas por nuestros candidatos a cargos internacionales.

Otro hecho, el mayor, es la invasión de Irak por los ejércitos angloestadunidenses, realizada al margen del derecho internacional y en abierta violación de los principios que tiene por tarea custodiar la Comisión de Derechos Humanos. El mismo organismo que el 27 de marzo se negó a examinar, con el voto de México, el conflicto en Irak, bajo el pueril pretexto de que el tema ya se trataba en el Consejo de Seguridad.

Destaco, por último, que Estados Unidos, campeón indiscutible de los atropellos a todos los derechos humanos, es, desde luego, el animador estrella del voto contra Cuba. Algunos países se pronunciarán en este sentido por arraigadas convicciones democráticas o anticomunistas. Pero la mayoría, por abyección esperanzada o por miedo de ofender al autoproclamado Big Brother del planeta.

Resulta grotesco que la Comisión de Derechos Humanos se niegue a recibir el expediente criminal de una gran potencia y prepare, imperturbable, su calendario de juicios y castigos para los países sin poder intimidatorio. Es decir, la gran mayoría, excepción hecha de los pertenecientes al primer mundo y China, que debe estar desolada por el desdén que le manifiesta nuestro secretario de Economía.

Por decoro y conveniencia propia, México no debe ser cómplice de esta farsa. Desde el siglo xviii ha vivido al lado del gigante estadunidense y sabe que más provechoso le resulta establecer diferencias que asumir subordinaciones.