Los inconformes piden se reconozca la relación laboral y se respeten sus derechos

Cien vendedores de Autofin demandan por despido injustificado y abusos

Denuncian insultos de Hernández Venegas ante la Procuraduría del Trabajo y la JLCA

FABIOLA MARTINEZ

Alrededor de cien vendedores de automóviles interpusieron una demanda en contra de Autofinanciamiento de México (Autofin), por reconocimiento de la relación laboral y despido injustificado en esta empresa propiedad de Juan Antonio Hernández Venegas.

En 26 años de existencia, este emporio ha sustentado su expansión en sistemas financieros peculiares -como la adjudicación de automóviles y casas con base en aportaciones colectivas- y sobre todo en la explotación de los empleados referidos bajo la figura de un contrato mercantil, mismo que anula de facto cualquier aspiración a obtener derechos laborales.

De acuerdo con la versión ofrecida por los demandantes ante las autoridades del trabajo, este grupo de vendedores aguantó por muchos años "abusos de poder y el trato prepotente y agresivo" de Hernández Venegas, dueño de 30 agencias de automóviles.

Además, el ex propietario de otras empresas, como el Club Deportivo de México (Toros Neza) y activo promotor de magnas actividades como la Ruta Ciclista Vuelta de las Américas, que se realizó el mes pasado, participa en inmobiliarias, gasolinerías, restaurantes, centros de impresión y diseño, arrendadoras de autos, agencias de vehículos usados y accesorios, entre otros giros.

Sin embargo, señalan, a pesar de la riqueza acumulada que le permite ostentarse en la publicidad como El líder en la República Mexicana, "no es nada raro escuchar al contador (Hernández Venegas) decirles a sus gerentes 'pendejos, hijos de la chingada y estúpidos', o afirmar que no servimos para nada porque, según él, sus vehículos se colocan automáticamente en el mercado", señalan los vendedores, quienes solicitaron no se publicaran sus nombres.

Por la necesidad de conservar un empleo aceptaron "malos tratos" y, en particular, un cúmulo de requisitos para desempeñar su función, lo mismo la obligación de comprar el uniforme con dinero propio o cumplir con un horario fijo.

A cambio recibían una comisión de uno por ciento del total de la venta concretada. No más. Nunca hubo para ellos pago de aguinaldo, seguro social, prestaciones, vacaciones, descansos, horas extras, transporte, seguro de vida o antigüedad, y mucho menos reparto de utilidades, producto de las millonarias ganancias en esta compañía, una de las más importantes del país en el giro de autofinanciamiento.

La figura de contrato mercantil, con el que se fundamenta la relación entre los vendedores y la empresa, descartaría cualquier aspiración para exigir algo más allá de la comisión respectiva; sin embargo, la presunta ilegalidad que ya investiga la Procuraduría del Trabajo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) estriba en que Hernández Venegas, en calidad de patrón, aplica un cúmulo de obligaciones propias de un contrato laboral.

La gota que derramó el vaso

La historia de la demanda comenzó en noviembre pasado, cuando un grupo de cerca de cien vendedores, ex integrantes de una plantilla de más de 500 empleados de ese nivel, llegó a su límite cuando les informaron que su comisión (la cual, en años pasados representaba ingresos promedio de 10 mil pesos mensuales) sería reducida a poco menos de la mitad, esto es, una comisión de 0.4 por ciento por unidad adjudicada.

Además, firmarían un nuevo contrato mercantil con empresas desconocidas por ellos, en el que se colocaba la exclusividad de relación, es decir, se especificaba la prohibición de tener alguna otra actividad con competidoras de Autofin. Debían firmar entonces contratos en blanco con las empresas facturistas, incluida la posible rescisión del "contrato mercantil", sin obligación alguna para el emporio en cuestión.

A cambio se les permitiría dedicar el tiempo para su labor de manera voluntaria, aunque en la práctica se les exigía llegar puntuales a juntas, cubrir un horario preciso, un mínimo de guardias semanales con horario corrido, en especial en agencias y centros comerciales, y usar un impecable uniforme (siempre pagado con dinero del vendedor), consistente en traje azul marino, camisa o blusa blanca, corbata o pañoleta y zapatos negros o azul marino.

Por supuesto, el "reglamento" incluía la prohibición expresa de no comer en las guardias -frecuentemente realizadas en centros comerciales- no fumar o salir a alguna cita (aun cuando fuera para cerrar una venta), porque de lo contrario se aplicaría una sanción.

Más allá de esa subordinación, señalaron los vendedores en su demanda y luego en entrevista con este diario, "siempre estábamos en riesgo de ver reducidas nuestras comisiones o ser dados de baja si el número de operaciones iba a la baja".

Ante esto decidieron solicitar asesoría a la Procuraduría del Trabajo y, tras la primera cita conciliatoria convocada por la autoridad, los inconformes fueron dados de baja de inmediato. De ahí se derivó la demanda interpuesta en la JLCA, aunque los propios abogados de la procuraduría les han advertido que el proceso podría ser largo, debido a la peculiaridad del caso.

No obstante, los vendedores se mantienen en el proceso jurídico, "porque no tenemos nada que perder, por la sencilla razón de que no teníamos absolutamente ningún beneficio más allá de nuestra comisión". Relatan que Hernández Venegas no sólo incurre en omisiones de tipo laboral, sino en falta de respeto y ofensas extremas.

"Por ejemplo, una compañera, Lourdes Zamacona, se encontraba en una promoción en Perisur y momentáneamente se recargó en uno de los automóviles. El señor Hernández le dijo que quitara 'sus mugrosas nalgas de ahí'.

"En otra ocasión, la señora Gloria Ortega, luego de haber sido dada de baja, se dirigió al centro administrativo a darle las gracias al señor Hernández, quien le dijo: 'a mí me vale una chingada, yo quiero mis ventas, y en plan ofensivo, -se agrega en el testimonio- le dijo: '¡por eso usted no vende, porque está gorda!, ¿cómo va a vender con esa figura?; usted está bien para el servicio de limpieza'" Por eso, insisten los demandantes, no tenemos nada que perder.

Exigen además de un trato respetuoso, el cumplimiento de los términos exactos de los contratos mercantiles o, en su caso, aspirar a establecer una relación laboral. Los trabajadores en cuestión son conocedores del proceso de autofinanciamiento, lo mismo que de los presuntos beneficios para los clientes que el entramado financiero y administrativo permite al empresario asegurar la expansión de su capital.

Mientras el lento proceso jurídico transcurre, insisten en que "es posible que el crecimiento de la compañía no se sustente sólo en la explotación y la falta de respeto a la dignidad de los vendedores".