Burocratismo, dependencia del Ejecutivo e impericia técnica, entre las críticas formuladas
AI aún percibe "graves defectos" en las comisiones de derechos humanos
Destaca la "relación anómalamente estrecha" entre esos órganos y el Ministerio Público
VICTOR BALLINAS
Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como sus equivalentes estatales, que al principio de su gestión, por depender del Ejecutivo, "tenían fundamentos jurídicos y actuaciones limitados" que en la práctica les impedían exigir responsabilidades a las autoridades violadoras de derechos humanos, han tenido que superar sus comienzos poco alentadores y "convertirse en instituciones que actúen con firmeza e independencia" para defender a las víctimas.
Sin embargo -sostiene Amnistía Internacional en el informe México, juicios injustos. Tortura en la administración de justicia-, la mayoría de esos órganos defensores de los derechos humanos "siguen adoleciendo de graves defectos" y con demasiada frecuencia sólo han reaccionado activamente ante casos de gran resonancia y no han establecido hábitos de trabajo que ofrezcan un recurso coherente y efectivo a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos, especialmente si están social y económicamente marginadas.
Disuasión a víctimas
El informe de AI -difundido el 25 de marzo pasado- refiere que ha recibido reiteradamente informes de víctimas y organizaciones de derechos humanos de todo el país, según los cuales "la ineficacia de muchas comisiones y su aparente dependencia del Ejecutivo disuaden a las víctimas de presentar denuncia, y en consecuencia los informes que publican esas comisiones no son fiables".
Abunda el informe que el hecho de que muchos empleados del Ministerio Público hayan trabajado en las comisiones, y viceversa, ha dado la frecuente impresión de que existe una "relación anómalamente estrecha" entre ambas instituciones.
Aunque las comisiones de derechos humanos tienen la obligación jurídica de emprender las investigaciones completas sobre la denuncias de tortura -apuntó-, "la frecuente falta de pericia técnica -incluido el acceso a expertos médicos independientes-, formación y metodología menoscaba las investigaciones desde el principio".
Esto, aunado a la falta de atribuciones legales para obligar a las autoridades a facilitar información sin demora, suele traer en consecuencia una respuesta excesivamente burocrática a las denuncias, así como largos retrasos en la pesquisa, lo que perjudica gravemente el resultado de la investigación. Más: las excesivas atribuciones de los agentes del Ministerio Público y la policía en el ámbito federal y estatal dificultan enormemente las investigaciones in situ. "Por tanto, las investigaciones de las comisiones suelen ir paralelas al formulismo burocrático de muchas indagatorias del Ministerio Público."
La organización internacional refiere que, al igual que otras instituciones, las comisiones de derechos humanos suelen clasificar indebidamente los casos de tortura como "abuso de autoridad" o "lesiones", socavando así los argumentos de la víctima y en última instancia distorsionando los datos publicados sobre la incidencia de tortura o malos tratos.
Además, subraya, las comisiones tienen prohibido considerar las repercusiones de una confesión obtenida mediante tortura sobre un proceso judicial, ya que una vez que la causa ha quedado sometida a la autoridad judicial, después de la consignación de la persona, las comisiones ya no son competentes. "No son mecanismos de vigilancia judicial."
No obstante, aun en los casos en que las comisiones publiquen un informe completo con recomendaciones para la apertura de una investigación criminal y la adopción de medidas apropiadas, estas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes y las demás autoridades las ignoran impunemente de manera sistemática.
