Ramón Vera Herrera

Otro disturbio zacatecano

El domingo 16 de marzo, el comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, comunidad wixárika de Jalisco, mandatado por la asamblea dio plazo de 72 horas para que los ejidatarios de San José del Refugio, del municipio zacatecano de Valparaíso, abandonen los terrenos que reiteradamente le invaden a San Andrés. Los wixaritaris exigen una indemnización de 570 mil pesos por los gastos incurridos por la comunidad a causa de la invasión.

Desde 1994 el tribunal unitario agrario del primer distrito de Zacatecas, mediante el juicio 232/93, resolvió este conflicto en favor de los comuneros de San Andrés, resolución ejecutada en 1997, después de varios recursos jurídicos interpuestos.

Los ejidatarios de El Refugio reclaman mil 700 hectáreas, pese a que el tribunal unitario agrario los condenó "a dejar de molestar en la posesión, en una superficie de mil 700-75-37,73 hectáreas, a la comunidad de San Andrés Cohamiata".

Desde entonces, "los de El Refugio insisten en meter su ganado y trabajar tierras que son nuestras, de las cuales tenemos posesión", se quejan los wixaritaris. "Cortan alambres e incurren en destrozos de nuestros lienzos, nos lanzan amenazas y a mediados de 2002 quemaron dos casas de comuneros".

En octubre pasado, San Andrés se vio obligado a practicar un realeo del ganado de los ejidatarios que, de acuerdo con la legislación agraria, implica una multa por cabeza de ganado. Fue el gobierno de Zacatecas el que cubrió la multa por El Refugio. Los ejidatarios sacaron su ganado, le dieron la vuelta y lo volvieron a meter.

El 6 de noviembre se reunieron en Mezquitic, Jalisco, sanandreseros, ejidatarios zacatecanos, el subsecretario de gobierno de Zacatecas, el director de asuntos agrarios de Jalisco, la Procuraduría Agraria, el presidente municipal de Mezquitic y el Instituto Nacional Indigenista (INI). Dando una muestra de bonhomía extrema, los wixaritaris aceptaron una verificación de los linderos señalados en la sentencia del tribunal unitario agrario de Zacatecas, de 1994, después de muchos años de negarse. Y es que existen por lo menos tres verificaciones anteriores: una del tribunal colegiado de Zacatecas, otra de Procuraduría Agraria y otra de los propios wixaritaris para ver por qué reclamaban tanto los ejidatarios. En todos los casos se constató que los linderos eran correctos y que la razón la tenía San Andrés. La sentencia del Tribunal Agrario, en 1994, a decir de los jueces, era asunto "total y definitivamente concluido".

Los wixaritaris fijaron como condición para permitir la verificación que los ejidatarios nombraran a su comisariado, algo que no ha ocurrido pese a ser requisito legal (se rumora que el ejido El Refugio está muy dividido). De cumplirse el requisito se establecería una mesa de trabajo para fijar las condiciones y tiempos de la verificación. Los ejidatarios se comprometieron a suspender cualquier invasión mientras se instalaba la mesa, algo que debía ocurrir el 15 de febrero. Esto lo firmaron todos los presentes.

La invasión persistió y el 15 de febrero no había avance, trámite ni convocatoria para nombrar al comisariado, ni para la mesa. Incumplieron el gobierno de Zacatecas y los ejidatarios. Al momento, los wixaritaris le avisaron al gobierno de Monreal que esto tendría reacciones de la comunidad, cuya asamblea estaba programada para el 15 de marzo pasado.

La asamblea decidió practicar otro realeo, recogiendo 65 cabezas de ganado, y dar un ultimátum para que los ejidatarios desalojaran la tierra invadida.

Presionadas, las instancias de gobierno efectuaron una reunión con los comuneros de San Andrés, lo que desactivó momentáneamente el desalojo, al llegar a varios acuerdos: que la Procuraduría Agraria, junto con los wixaritaris, practique una verificación de límites siempre y cuando se base en las coordenadas establecidas en la sentencia del tribunal unitario agrario, de 1994; que los ejidatarios salgan de la zona; que los gobiernos de Zacatecas y Jalisco garanticen la seguridad en la zona y el cumplimiento de los acuerdos. La indemnización exigida será cubierta por los gobiernos de Zacatecas y Jalisco.

El gobierno zacatecano no ve la suya. Al insistir en que tepehuanos y huicholes eran cómplices en lo del ejido Bernalejo (ahí vienen los indios, parecía decir) los orillaron a actuar juntos. Hoy, en los diálogos que emprenden los wixaritaris de San Andrés, hay comisionados tepehuanos como observadores y algunas instancias del Congreso Nacional Indígena también están pendientes.