En consejo de guerra, oficiales que hicieron el informe en su contra aceptan no tener pruebas

"Sin fundamento", acusaciones contra Martínez Perea

JESUS ARANDA

El ex comandante de la octava Zona Militar, general de división retirado Jorge Pérez Toledo, aseguró ayer ante el consejo de guerra no haber tenido conocimiento de que el general Ricardo Martínez Perea estuviera vinculado o protegiera a narcotraficantes, que realizara de forma deficiente la vigilancia de la franja fronteriza con Estados Unidos, en el área de Tamaulipas, o que permitiera a sus subalternos conductas ilícitas.

Al contrario, afirmó que el 21 regimiento de caballería, que encabezaba Martínez Perea, fue el que aseguró más droga en relación con otros destacamentos, en el área que comprende la octava Zona Militar. Sin embargo, al mismo tiempo que Martínez Perea era detenido por presuntos nexos con el narcotráfico, junto con el teniente Antonio Quevedo Guerrero y Pedro Maya Díaz, Pérez Toledo era removido de su cargo.

En la audiencia celebrada ayer en el consejo de guerra que se le sigue a los ex integrantes del 21 regimiento de caballería motorizada, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Pérez Toledo señaló que aunque había recibido una directriz en marzo de 2001, de parte de la cuarta Región Militar -que era su superior jerárquica- para que investigara los "intrigantes" decomisos que realizaba la gente de Martínez Perea "sin detenidos", el general de división comentó que encargó la investigación correspondiente, pero que no encontró elementos para sospechar que Martínez Perea protegiera a los narcotraficantes del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén y Gilberto García Mena, El June, quienes se encuentran detenidos en el penal de máxima seguridad de La Palma.

Por su parte, el Ministerio Público Militar pretendió cuestionar al general retirado respecto a si sabía que Martínez Perea tenía a su servicio vehículos decomisados. En ese momento, la defensa del acusado objetó la pregunta y precisó que a Martínez Perea la fiscalía militar ya lo había acusado por robo de vehículos, pero que la justicia federal le otorgó un amparo definitivo, mismo que fue acatado por la justicia castrense desde el año pasado.

Después de un breve escarceo entre el Ministerio Público y la defensora de oficio, Enriqueta Quintana, el presidente del consejo de guerra, general Gonzalo Bernardino Durán Valdés, estableció que no había lugar a preguntas sobre el tema de los vehículos, lo que molestó al fiscal.

Como parte de las presuntas irregularidades que han tenido lugar en este proceso, la defensa de Martínez Perea exhibió un documento del juzgado primero de distrito A en materia de amparo, el cual, el 17 de abril de 2001 apercibió al secretario de la Defensa Nacional para que permitiera el ingreso de un actuario y verificara si Martínez Perea se encontraba en la prisión del Campo Militar Número 1. Obligado por el ordenamiento, se dio paso al funcionario judicial, quien encontró al militar dos semanas después de haber sido detenido, de estar incomunicado y de que las autoridades castrenses negaran tenerlo bajo su resguardo.

Por otro lado, después de que el Estado Mayor de la Defensa Nacional recibiera, vía fax, un anónimo (14/01/2001) en el que se denunciaba que militares del 21 regimiento de caballería motorizada estaban vinculados con el cártel del Golfo, la procuraduría castrense envió a dos elementos a investigar, quienes elaboraron un informe "de versiones y comentarios de personal civil y militar", que sirvió de base para consignar penalmente a Martínez Perea y a los oficiales Quevedo Guerrero y Maya Díaz por vínculos con el narcotráfico.

Ayer testificaron Alberto Rivera Morales y Fidel Hernández Alcántara, agentes de la Procuraduría Militar, como testigos de cargo, quienes reconocieron que "no les constaba" el contenido de su informe, debido a que era la Procuraduría Militar la que tenía que valorar sus conclusiones y actuar en consecuencia.

En el documento se destacan vínculos de los oficiales con Osiel Cárdenas Guillén y Gilberto García Mena, El June; el hecho de que Quevedo controlaba mediante radios de comunicación a sus subordinados para favorecer el tráfico de drogas; que Maya Díaz en alguna ocasión detuvo a El June con droga y lo dejó escapar, luego de hacer una llamada "a Reynosa", y que ambos oficiales contaban con la anuencia de Martínez Perea para cometer dichos actos ilícitos.

Ayer, al confrontarse con los acusados y sus abogados de oficio, los dos oficiales aceptaron que no les constaron las acusaciones, como el que Quevedo utilizaba camionetas robadas, que tampoco les dio tiempo de conocer los lugares en que se habrían cometido los delitos y que no confirmaron hechos y personajes consignados en su informe.

En su momento, Quevedo cuestionó directamente al agente Rivera Morales por haberlo torturado durante su detención, el 31 de marzo de 2001, sin embargo, por objeciones del fiscal militar el presidente del consejo consideró que no había lugar a que el agente contestara las imputaciones. Pese al hermetismo de la defensa de los oficiales, trascendió que está en proceso una denuncia penal en contra del agente Rivera por tortura en agravio de Maya, aunque se desconoce el resultado de la misma.

Sin embargo, en sus declaraciones previas, los dos agentes habían denunciado haber recibido, a través de terceras personas, amenazas de muerte de Quevedo y Maya, por "ser los culpables" de que estén bajo proceso.