Se violentaron derechos de expulsados y policías, dice

Emite la CDHDF recomendación por el desalojo en Amalacachico

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina promover ante su Contraloría Interna procedimientos de responsabilidad administrativa contra los policías que actuaron en forma indebida durante el desalojo de predios en Amalacachico, en Xochimilco, el pasado 4 de octubre, al destruir o apoderarse de objetos y valores de las familias expulsadas.

De igual manera, pidió que se proceda en contra del subsecretario Raymundo Collins y otros mandos que encabezaron el desalojo, por no haber proporcionado a los uniformados el equipo adecuado, considerando las características del terreno, con lo cual pusieron en riesgo la integridad física de los elementos.

En su primera recomendación del año, el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, lamentó que el jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard Casaubón, no haya hecho "al menos una crítica moral" al comportamiento de los uniformados.

Sin mencionarla, aludió a la iniciativa de reformas penales que el titular de la SSP promueve ante la Asamblea Legislativa para endurecer las penas por robo: "No se puede decir que se castigará el robo y que en el caso de los integrantes de la policía él (Ebrard) paga las papitas -en referencia a los hechos en Amalacachico-, pues se envían mensajes de impunidad". Agregó que "no se vale robar, mucho menos si lo hacen funcionarios públicos, y menos aún cuando se trata de las posesiones de gente pobre", porque "hechos como ese destrozan la confianza de la gente en los cuerpos policiacos de la ciudad". El ombudsman determinó que en el desalojo se violentaron también los derechos de seguridad jurídica (en su modalidad de garantía de audiencia, defensa y legalidad) y a la vivienda de las personas afectadas.

En la presentación del documento se exhibieron dos videos; uno grabado por personal de la CDHDF que recorrió los predios ocupados por policías y otro de la SSP, del momento en que los uniformados ingresan al predio disparando gas irritante para dispersar y sacar a la gente. En el primero se observa a granaderos saliendo de viviendas y comercios, cuyos interiores se ven en total desorden tras haber sido registrados, y en el segundo caso con los aparadores, refrigeradores y exhibidores vacíos, mientras algunos uniformados llevaban productos que sustrajeron, como refrescos, carnes frías, frituras y alimentos enlatados, entre otros.

En el segundo video se observa que el subsecretario Collins discute con la gente; se escucha que alguien pide que muestre la orden de desalojo y el funcionario responde: "aquí ya no hay nada por escrito. Voy a desalojar". Después ordenó el avance. Cabe recordar que un policía recibió una descarga eléctrica y casi se ahoga en el canal antes de ser sacado por sus compañeros. Alvarez Icaza puntualizó que no había una ambulancia cerca ni otras medida de protección. Por ello, en la recomendación pide aplicar procedimientos administrativos para determinar probables conductas indebidas de quienes tenían atribuciones de mando sobre los policías, al no haberles proporcionado equipo adecuado.

En la recomendación 1/2003, la CDHDF pide también a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal que inicie procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de dos funcionarios de la delegación Xochimilco: Carlos Daniel Torres, director general Jurídico y de Gobierno, y Francisco Pastrana Basurto, cuyo cargo no precisa, pues no se agotaron las acciones conciliatorias e inclusive no se respetaron los plazos señalados en la resolución del proceso administrativo (al que las autoridades de la delegación no permitieron que la CDHDF tuviera acceso). Asimismo, recomienda a la demarcación incluir a las personas desalojadas en un programa de vivienda.

El ombudsman informó que al comunicarse con Ebrard y el delegado en Xochimilco, Juan González, ambos señalaron que estudiarán la recomendación para responder en el plazo previsto, de 15 días hábiles a partir de ayer.