Ramón Vera Herrera

La versión tepehuana de Bernalejo

En palabras de las autoridades de la comunidad agraria de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, "los tepehuanos originarios de dicha comunidad venimos sufriendo atropellos, discriminación, desalojos de nuestras propias tierras que nos heredaron nuestros abuelos, en donde son cómplices los gobiernos estatales y federales (...) pese a eso los comuneros fuimos configurados o vistos por los ejidatarios y el gobierno zacatecano como invasores en nuestras propias tierras, como asesinos, mercenarios, bandidos, cochinos, animales incapaces de pensar, inhumanos; bueno, en fin, así fuimos difundidos en toda la República Mexicana, y a escala internacional por los medios de comunicación".

En el enredo creado por el gobierno zacatecano y por el doctor Zedillo en torno del conflicto agrario que se vive entre la comunidad tepehuana de Santa María Ocotán y los ejidatarios del ejido Bernalejo de la Sierra, existe todavía mucho qué decir, sobre todo en el plano histórico.

A la comunidad de Santa María Ocotán, poseedora de títulos primordiales que amparan su territorio, se le concedió restitución agraria por 421 mil 139 hectáreas, lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación šel 22 de septiembre de 1936! No obstante, el menosprecio burocrático y los intereses personales impidieron la ejecución de dicha sentencia hasta el 20 de septiembre de 1975, momento en que se le ejecutaron tan sólo 300 mil 140 hectáreas. Tiempo después, cuando la sentencia se ejecutó "completa", se le habían segregado las 5 mil 469 hectáreas que reclama el ejido Bernalejo.

Como se ha difundido, en 1964 se decretó una resolución "a favor de los invasores mestizos en la hacienda de San Juan Capistrano, y la ejecución se realizó dentro del territorio de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, fundando el supuesto ejido de Bernalejo de la Sierra". Pero la invasión de esos predios es por lo menos 20 años anterior. Según datos de la Procuraduría Agraria la dotación de Bernalejo data de 1956. Sin embargo, las autoridades de la comunidad tepehuana insisten: "en el momento en que nos fueron arrebatadas estas tierras se hizo de manera violenta, asesinando a los defensores indígenas y quemando viviendas; los que quedaron vivos fueron obligados a retirarse de las tierras en cuestión y a refugiarse en las barrancas".

Lo anterior significó que desde por lo menos 1964, es decir hace 40 años, los tepehuanos de Santa María vienen "reclamando por medio de las instancias correspondientes para reintegrar dichas tierras a la comunidad indígena; sin embargo, las autoridades estatales y federales han sido incapaces de resolver este conflicto agrario".

Para confundir más las cosas, el presidente Zedillo decidió "resolver" la cuestión en 1997 -en pleno impulso a su propuesta de reformas constitucionales en derechos y cultura indígena y en contra de la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación- mediante un decreto expropiatorio contra el ejido Bernalejo, cuando que lo que procedía era declarar la nulidad de la fundación de dicho ejido, toda vez que se sobreimponía a los planos de lo restituido en 1936 a Santa María Ocotán y ejecutado en 1975. Tal decreto expropiatorio de Zedillo dejó las cosas a medias, pues enmascaró el fondo agrario del asunto, abrió la puerta para que los ejidatarios interpusieran recursos legales contra el decreto zedillista -hoy ya se declaró su nulidad- y les permitió no reconocer ni acatar lo dispuesto por resoluciones presidenciales previas.

Habría que enfatizar que declarar nulo un decreto expropiatorio no cancela de modo alguno el alcance de una restitución anterior en derecho como la que priva en favor de los tepehuanos. Tal parecería que Zedillo dio pasos que demagógicamente parecían beneficiar al pueblo tepehuano de Santa María y que en los hechos dispararon el actual conflicto.

En su avidez electoral, el gobernador Monreal y su grupo insisten en "defender" la tierra de los zacatecanos como medio para mejorar su imagen sin reparar en los costos sociales que implica no atender el fondo agrario del asunto, muy documentado. La zona de confluencia de Jalisco, Durango y Zacatecas es hoy el punto álgido de un conflicto potencial que pudo haberse resuelto en los 40 años que arrastra. La responsabilidad de la violencia recae en las autoridades estatales, federales y agrarias, que prefieren eternizar y crecer un conflicto (la presencia de la Policía Federal Preventiva cuando todo se encaminaba a resolverse es un ejemplo) en vez de atender sus causas históricas.