Néstor de Buen

La vieja razón de Estado

El concepto viene de Maquiavelo y se puede leer en El príncipe. Su objetivo es justificar, si es que se puede utilizar el verbo, la violación de la ley, si lo que está en juego con cumplirla es la subsistencia del Estado.

Como puede imaginarse, la formulita ha tenido un éxito mundial. Nuestra historia está llena de razones de Estado desde cualquier perspectiva. Piensen ustedes en los mecanismos truculentos de las elecciones, pasadas y actuales, en las que el PRI echó mano de todos los recursos para mantener el poder. Particularmente en las elecciones de 1988. Pero hay sospechas fundadas de que también hace unos días en el estado de México.

Ahora el concepto se eleva a los niveles más altos del nuevo imperio. Leo una nota de El País del pasado jueves, en la que con el título sugerente de "Epitafio para un consejo", que no puede ser más cierto y deprimente, se afirma que : "EU logra que en la ONU no se discuta sobre la legalidad de la guerra".

Hay personajes que en esta ruptura mundial de la dignidad han estallado en mil pedazos, sin alternativas de sobrevivir. El servil Kofi Annan hoy se apura de las consecuencias humanitarias de la guerra cuando, si conservara un mínimo de dignidad, lo que tendría que hacer era promover en la ONU que se declare a Bush y a toda su familia auténticos delincuentes, y con ellos, por su representación, al gobierno estadunidense.

Dice la misma nota que en La Haya, con motivo de la inauguración de la Corte Penal Internacional, de la que por supuesto Estados Unidos no forma parte, se afirmó que un ataque a Irak sin el acuerdo del Consejo de Seguridad "carecía de bases legales" y que esa posibilidad provocó la alarma del Departamento de Estado, que de inmediato advirtió a los delegados reunidos que no podían condenar la guerra por ilegal.

La razón de Estado vive bajo el disfraz de la legalidad. Nosotros somos expertos en la materia. Alguna vez publiqué un libro con el título de Razón de Estado y justicia social, poniendo de manifiesto todas las truculencias que el sistema político mexicano emplea para reprimir cualquier conducta que pueda poner en riesgo su absoluto control sobre los sindicatos corporativos y sobre el ejercicio de los derechos colectivos por parte de los sindicatos independientes.

Una huelga de Aeroméxico, llevada a cabo por el sindicato de trabajadores de tierra y de la que el sindicato de sobrecargos se retiró, sabiamente, en el último momento, provocó la declaración de quiebra de la empresa, que no podía quebrar por ser empresa de inversión estatal mayoritaria. De allí vinieron despidos masivos, destrucción de contratos colectivos de trabajo y aquel lema repugnante de que Aeroméxico volaba con "lo mejor de nosotros mismos", esto es, con los trabajadores que no habían sido despedidos y que pudiera presumirse que incurrieron en una especie de esquirolismo.

La famosa requisa, prevista en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, es absolutamente inconstitucional y, además, no se puede anteponer a un derecho constitucional como es el de huelga. Sobran los ejemplos en la historia.

El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo determina que el Estado no puede intervenir en la vida interna de los sindicatos. Es norma obligatoria entre nosotros y ahora, a partir de una jurisprudencia de la Corte (LXXVII/99), de rango superior a la ley. Sin embargo, se sigue aplicando el concepto de registro de los sindicatos y tomas de nota, sin los cuales (artículo 692-IV de la Ley Federal del Trabajo) los sindicatos no pueden actuar. Puro control estatal.

Hay otros modelitos. En una huelga estallada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, en aquellos tiempos en que se promovían huelgas para lograr aumentos extraordinarios a los salarios, además de la declaración de inexistencia se decretó la intervención administrativa de la empresa prevista en la Ley de Expropiación, que es una medida temporal para mantener en vigor un servicio que se considera esencial. El problema, insignificante por lo visto, es que la empresa expropiada por el Estado era del mismo Estado. Y hasta ahora no existe el concepto de autoexpropiación. Pero, eso sí, todo de acuerdo con la ley.

Ahora la agresión a todo un país, Irak -antes a Afganistán-, con el pretexto de perseguir a un hombre, reitera lo que hizo Bush padre en Panamá, con el pretexto de detener a Manuel Antonio Noriega, un sinvergüenza sin duda, empleado por los propios estadunidenses como lo ha sido Hussein, y también en la isla de Granada y en República Dominicana. Y también podría mencionarse el hundimiento del Maine en la Bahía de la Habana, en 1898, que costó la vida a 260 estadunidenses, realizado por el mismo Estados Unidos para justificar la guerra contra España. Sin olvidar las hazañas de Lyndon B. Johnson para provocar la guerra de Vietnam.

Pero la ley es la ley y no se vale decir que Estados Unidos la está violando. šQué diría el brillante florentino Nicolás Maquiavelo si viera a dónde llegan sus famosas teorías!