Las campañas electorales en el estado de México, caracterizadas por la ausencia de propuestas, descalificaciones mutuas entre partidos y candidatos, la manifiesta parcialidad de las autoridades federales, estatales y municipales, juegos sucios de toda clase y, en general, un sentido cívico y republicano casi nulo, desembocaron ayer en unos comicios distorsionados por las marrullerías de los partidos y desairados por los electores.

No habría podido ser de otra manera, si se tienen en cuenta los precedentes. En el estado de México las campañas -especialmente por lo que hace a la rivalidad entre el Partido Acción Nacional y la Alianza para Todos, formada por el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México- desembocaron en las triquiñuelas de siempre por parte del Ejecutivo estatal (priísta), en acciones de abierto proselitismo panista de la Presidencia de la República y en una guerra de declaraciones y demandas judiciales en las que se vieron involucrados incluso el presidente Vicente Fox y su esposa. En ese ambiente enrarecido y contaminado vino a poner la puntilla el atentado sufrido por la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), María Luisa Ferrera, y la peregrina hipótesis esgrimida por el procurador estatal, Alfonso Navarrete Prida, quien aventuró que habría podido tratarse de "lesiones autoinfligidas".

De esa forma, la primera conclusión que puede extraerse de la jornada electoral de ayer en la entidad más poblada de la república es la persistencia de la subcultura política de manipulación y distorsión de la voluntad ciudadana, características del más rancio priísmo. Ayer, los cínicos operativos de compra de sufragios llevados a cabo por el tricolor y su aliado de ocasión, el Verde Ecologista, recordaban los peores tiempos del llamado sistema político mexicano, cuyas prácticas parecen haberse contagiado, para colmo, a las otras formaciones que hoy en día detentan posiciones de poder.

La situación no sólo es preocupante por lo que significa para el estado de México, sino también en la medida en que prefigura lo que pueden ser las elecciones federales de julio próximo (en las que habrán de renovarse la Cámara de Diputados y parte del Senado), de cuyo tono y resultados dependerá, en buena medida, el margen de acción de que dispondrá el gobierno de Fox en la segunda parte de su sexenio.

Aún es tiempo para que la clase política del país -autoridades y fuerzas partidarias- atienda los signos ominosos de los comicios mexiquenses y restaure el entorno de civilidad, legalidad y debate civilizado que debiera imperar en la vida institucional de la república, a fin de orientar al país a unas elecciones propositivas y pacíficas que contribuyan a resolver los problemas nacionales, no a empeorarlos. Para ello es necesario, en lo inmediato, que las anomalías y los presuntos delitos electorales reportados en el estado de México se investiguen, esclarezcan y sancionen conforme a derecho.