Ayer nos enteramos, por información procedente de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, que México, Chile y Canadá (este último no forma parte del Consejo de Seguridad) buscan formular una tercera posición en torno del conflicto entre Estados Unidos e Irak y de esa manera acercar a los bandos de la solución pacífica y de la agresión militar. En el primero se inscriben Francia, Rusia y China, además de Alemania, que no es miembro permanente del Consejo, y del lado de la agresión militar se agrupan los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, ambos con poder de veto, así como los de España y Bulgaria, sin asiento permanente, como es el caso de México y Chile.

La fractura entre las cinco potencias nucleares que disponen de derecho de veto en esa máxima instancia del poder mundial es, sin duda, uno de los signos más ominosos del escenario político internacional contemporáneo, en la medida en que puede traducirse en la parálisis y la pérdida de relevancia y autoridad de la ONU en su conjunto.

De concretarse tal perspectiva sería una tragedia, si se considera que Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, con todo y su carácter antidemocrático, a pesar de su burocratismo y su poca eficacia, es el único organismo mundial capaz de mediar y de resolver conflictos bilaterales y colapsos nacionales, así como el único que puede canalizar, por medio de sus agencias, los esfuerzos multilaterales para hacer frente a problemas como el hambre planetaria, la epidemia de sida, la globalización de la delincuencia y hasta la porción de realidad que subyace en lo que el presidente de Estados Unidos llama la "amenaza del terrorismo internacional".

Los trabajos de construcción de consensos y de acercamiento de posiciones en el seno del Consejo de Seguridad, en los cuales participa nuestro país, son, pues, meritorios y necesarios, siempre y cuando no se traduzcan en una deserción disimulada del partido de la paz, como ha parecido que intenta hacer en días recientes el gobierno de Vicente Fox. La idea de integrar el voto de confianza y el margen de tiempo a los inspectores del desarme iraquí "como piden Rusia, Francia, China y Alemania", con una advertencia explícita sobre el uso de la fuerza en caso de que Bagdad no renuncie a sus armas más peligrosas, tiene un sentido positivo, pero a condición de que los términos y las condiciones impuestas para el desarme no resulten imposibles de cumplir y no se conviertan en mera justificación para la agresión militar contra Irak.

Sería iluso no considerar que el gobierno de George W. Bush necesita desesperadamente la guerra y que, en consecuencia, hace todo lo que puede por desactivar, torpedear o al menos desvirtuar cualquier gestión diplomática orientada a preservar la paz. Se ha hecho público que, en esa determinación, Washington ha ordenado espiar a todas las representaciones nacionales ante el Consejo de Seguridad, excluidas, por supuesto, la suya y la de su aliado servil: el gobierno de Tony Blair.

En los casos de México y Chile, cuyos gobiernos apuestan ahora a desempeñar el papel de intermediarios entre los bandos de la paz y de la guerra, se percibe, se escucha, se palpa el chantaje y la extorsión de Estados Unidos para obligar a nuestros países a alinearse con los partidarios de la destrucción, la muerte y el saqueo. En la hora presente, el voto de México en el Consejo de Seguridad tiene una importancia crucial y definitiva; el Ejecutivo federal mexicano está sometido por ello a una presión tal vez sin precedente en la historia de las relaciones bilaterales.

Ciertamente, la intensidad de tales actitudes injerencistas no significa que no puedan o no deban ser resistidas y rechazadas. Si Turquía, un Estado integrante de la OTAN, tradicional aliado estratégico de Washington y con problemas de desarrollo comparables a los nuestros, ha sido capaz de sobreponerse a las ofertas públicas de soborno y a las amenazas ocultas procedentes de la Casa Blanca, no hay razón por la cual México no pueda hacer otro tanto.

Las autoridades federales deben tener la serenidad suficiente para comprender que, a pesar de todos los chantajes, mensajes ominosos y advertencias, nuestro país es suficientemente importante para Washington -en términos económicos, políticos y estratégicos- como para que el gobierno de Bush emprenda represalias capaces de alterar las relaciones bilaterales en forma significativa; asimismo deben tener la visión de Estado para asumir que una guerra contra Irak es ajena a nuestros intereses y contraria a nuestros principios, y que la defensa resuelta de las soluciones pacíficas traerá, a la larga, muchos más beneficios para el país que la sumisión a los delirios bélicos estadunidenses.

Cabe esperar que el Ejecutivo federal disponga de sensibilidad suficiente y del sentido democrático requerido para mantenerse fiel a las convicciones pacifistas de la gran mayoría de la sociedad y que sepa respaldarse en esas convicciones.