Ayer, en la celebración del 25 aniversario de Provida, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, invitado de honor en el acto, refrendó la solidaridad y la simpatía de la oficialidad católica a ese grupo de choque antiabortista. El prelado ratificó la postura del Vaticano en defensa de la penalización absoluta del aborto, sean cuales sean la génesis del embarazo y las condiciones de la madre y del producto.

Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, se jactó, por su parte, de que su labor contra el aborto habría salvado, en cinco lustros, a más de 34 mil bebés.

Ni uno ni otro se refirieron, por supuesto, al gravísimo problema de salud que genera la penalización del aborto -que, por practicarse en la clandestinidad, constituye, en nuestro país, la tercera causa de muerte materna-, a las injusticias sociales a que da lugar -porque son las mujeres en condiciones de pobreza, marginación y educación deficiente las que sufren las peores condiciones sanitarias de la clandestinidad, y porque son las que corren los mayores riesgos de ser descubiertas y sancionadas- ni tampoco a los escenarios de tragedia personal, como los de las mujeres que resultan embarazadas en el curso de una violación o aquellas para las cuales la gestación representa un peligro de muerte.

El fundamentalismo irracional de la Iglesia católica, su nefasta influencia por medio de funcionarios públicos fanáticos y su accionar mediante frentes seculares como Provida alcanzaron recientemente una de sus expresiones más crueles, irracionales e indignantes en Nicaragua, en donde la jerarquía eclesiástica local, que preside Miguel Ovando y Bravo, con la complicidad de una ministra de la Familia, pretendieron impedir que a Rosa, niña de nueve años que resultó embarazada como consecuencia de un abuso sexual, se le provocara un aborto. Pretendían imponer a la niña -quien para colmo se encontraba desnutrida y padecía dos enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de la violación de que fue víctima- el sacrificio adicional de la maternidad precoz y de dudosa viabilidad en un organismo infantil. Como los piadosos hombres de la Iglesia y sus cómplices seculares no lograron su propósito, optaron por excomulgar a los médicos que interrumpieron la gestación y a los padres de la menor. Los devotos funcionarios que pretendieron impedir el aborto ahora amenazan con ejercer acción penal contra los progenitores de Rosa.

También en nuestro país los maridajes de funcionarios civiles con los defensores del dogma vaticano -el aborto fue codificado en 1896 como pecado grave y causa de excomunión en la encíclica Apostolica sedis por Pío IX, quien también proclamó la infalibilidad papal y persiguió a judíos, protestantes y liberales- se han traducido en atropellos como el sufrido por Paulina, en Baja California, y Lucila, en Sinaloa, que han sido documentados en estas páginas en años recientes. Y, lo más grave, la presión de las corrientes cavernarias del catolicismo por mantener la penalización del aborto en las leyes del país se traduce en miles de fallecimientos de mujeres cada año. Gracias a las buenas conciencias antiabortistas, y parafraseando al gran cuentista Edmundo Valadés, la muerte tiene permiso.