Señora directora: Hago la aclaración al subcomandante Marcos respecto de la autoría de mi canción No volveré, que él dice que es de José Alfredo Jiménez.

Es una equivocación halagadora, pues José Alfredo fue y sigue siendo uno de los grandes compositores de mi época, pero sería bueno aclararles, al que lo escribió y a los lectores de La Jornada, que es la única canción en toda mi vida que escribí sin la ayuda de algún letrista y aún goza del extraordinario favor de mis compatriotas. La registré hace casi medio siglo ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. Gracias por publicarla.

Manuel Esperón

PD. 11 feb.: Pero ya la nube levanta de nuevo su níveo vuelo y llevada por un viento que canta con José Alfredo Jiménez: "Fuimos nubes que el viento apartó / fuimos piedras que siempre chocaron / gotas de agua que el sol resecó / borracheras que no han terminado..."

12 feb.: Tarareando una canción de José Alfredo, entra la nube-piedra a estos suelos que vieron nacer la guerra...
 

Autoritario, el cierre del AGN para los investigadores, dice

Señora directora: La fecha de los 70 años del asesinato de Francisco I. Madero fue recordada a doble puerta cerrada. En los elegantes jardines de Los Pinos, la residencia presidencial que no existía el 22 de febrero de 1913, se realizó el acto oficial llamado de manera eufemística aniversario luctuoso. Es un claro acto de privatización de parte del gobierno del PAN, que quiere para su uso exclusivo el mito del apóstol de la democracia, quien inauguró la larga transición que tiene lugar en México.

En un acto por demás autoritario, en la misma fecha los historiadores nos enteramos de que fue cerrada la consulta del Archivo General de la Nación -precisamente cerca de cuyos muros fueron asesinados Madero y Pino Suárez cuando era la Penitenciaría de Lecumberri-, con el pretexto de la Secretaría de Gobernación de realizar allí algunas de las reuniones del diálogo por el campo. Es inaceptable que durante varios días los investigadores e interesados en el rescate de la memoria nacional no tengamos acceso al recinto porque la autoridad decidió darle uso diferente a esas instalaciones, cuando abundan los espacios que se manejan con fondos públicos en el DF, pero también en el resto de las entidades federativas donde, por lo demás, están las tierras flacas que el neoliberalismo ha dejado abiertas al cultivo.

La explicación para un uso contrario al reglamento del AGN puede responder a que tanto funcionarios del gobierno actual como de los previos quisieran acelerar la ubicación de las protestas y reclamos campesinos entre los expedientes cancelados.

¿Cómo contener los excesos de este régimen que para tapar un hoyo abre otro? Es una pregunta a la que debieran responder los legisladores y la sociedad civil de la que también forman parte los historiadores. Entre ellos, apenas ha destacado la voz de Enrique Florescano para alertar sobre los últimos actos administrativos que atentan contra la memoria la nación.

Carlos Martínez Assad

Sobre expropiación de la zona arqueológica de Toluquilla, Querétaro

Señora directora: Manifestamos el enorme orgullo por el reconocimiento de nuestra lucha que hizo el EZLN en la estela sobre Querétaro que presentó el subcomandante Marcos, así como expresar que los acompañamos en su resistencia. Es también muy importante referirnos a la carta del director del Centro INAH Querétaro, Diego Prieto Hernández, publicada en El Correo Ilustrado el pasado 18 de febrero.

En la demanda por decreto expropiatorio contra diversas instancias del gobierno, la mayoría de nuestros compañeros campesinos ubican como la contraparte a la dependencia que está en posesión de nuestros terrenos en la zona arqueológica de Toluquilla, esto es, el INAH, que además los invadió por más de cinco años antes de dicho decreto, tiempo en el que sustrajo gran cantidad de objetos. Empleados de ese instituto han intentado impedir que realicemos, según nuestros usos y costumbres, las actividades tradicionales del 1º de enero en esos terrenos, pues pretenden condicionar su autorización a través de diversos trámites burocráticos. Trabajadores del INAH realizan los cobros para visitar la zona y diferentes labores relegando a los miembros de la comunidad.

Por lo anterior, nuestros compañeros se refieren al INAH como la cara del gobierno demandada, aunque formalmente es sólo el tercero perjudicado. Por cierto, en este momento el caso se encuentra en resolución del segundo tribunal colegiado para reponer el procedimiento.

Es de sumo interés precisar también, como puede deducirse en la misma carta del Centro INAH Querétaro, que el decreto expropiatorio estableció una indemnización a razón de 2 mil pesos por hectárea, es decir 20 centavos el metro, que no deja de ser a todas luces una injusticia.

Gaudencia González Olvera. Por el Comité Civil de Diálogo La Veracruz del FZLN, Querétaro
 

Profesores demandan voluntad de autoridades para cumplir acuerdos

Señora directora: Las autoridades de la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria en el Distrito Federal cotidianamente actúan en contra de los trabajadores de la educación. Los profesores no encuentran respuesta a sus solicitudes, las gestiones que se realizan no tienen seguimiento alguno y la burocratización que se impone ofende la dignidad de los docentes.

Del mismo modo, las autoridades de la mencionada coordinación cada vez se caracterizan más por la falta de voluntad e incapacidad para mejorar la calidad de la educación, así como por la prepotencia de sus funcionarios en el trato con los maestros.

Los trámites, después de días, semanas o meses no tienen respuesta; los profesores cubren interinatos limitados, que los colocan en situación de indefensión laboral, siendo despedidos y recontratados, con la agravante de que no pueden cobrar bonos, vacaciones o aguinaldo; no hay solución para problemas que exponen en las escuelas. Resulta lamentable que la falta de horas para cubrir asignaturas en las secundarias no tenga respuesta alguna pese a que oficialmente se cuenta con recursos suficientes para atenderlas.

La prepotencia de esa coordinación tiene su peor expresión en el incumplimiento del acuerdo de transferencia de la Sección de Música Escolar del INBA a la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal. No solamente no se han respetado los compromisos académicos para mejorar la calidad de la educación artística en la enseñanza básica, sino que además todos los miembros de la delegación sindical hemos sufrido permanentemente un acoso laboral implacable. Muestra de ello es la cancelación de los pagos correspondientes a cinco quincenas sin explicación alguna. Por ello exigimos que se regularice la situación laboral y salarial de los integrantes de la delegación sindical DIIBA-5.

Para que la educación alcance la calidad deseada los profesores deben ser tratados con dignidad, con apego a sus derechos, sin prepotencia o autoritarismo, de lo contrario los servicios seguirán deteriorándose.

Profesora Rocío Alvarez Lorenzana, secretaria de Previsión y Asistencia Social de la delegación de Música Escolar

Señora directora: Le ruego inserte en El Correo Ilustrado la presente carta dirigida a Bernardo Bátiz Vázquez, procurador General de Justicia del DF.

Solicitamos su intervención y, al mismo tiempo, hacemos del conocimiento de la opinión pública el largo camino que hemos tenido que recorrer en la agencia del Ministerio Público novena bis, unidad uno, en relación con la averiguación previa MH-1T3/1148/01-04. El 6 de abril de 2002 mi esposo José Juan Pizaña Miranda tuvo un accidente automovilístico, del cual resultó responsable Carlos Alberto Castillo Avila, por conducir en estado de ebriedad y con exceso de velocidad.

De estos lamentables acontecimientos resultó muerto mi hijo menor Ricardo Pizaña Santana y gravemente lesionada mi hija Liliana Pizaña Santana. Después de tanto insistir logramos que nos dieran copia de la averiguación previa, en la que observamos que las fojas no coinciden con el número progresivo y también nos percatamos de que las pruebas periciales de tránsito para determinar la velocidad a la que circulaba y de química para determinar los efectos del alcohol hacen responsable al señor Castillo Avila. Cabe mencionar que el día de los hechos tomó conocimiento el titular de la agencia novena del Ministerio Público, licenciado José Villarreal Hernández, y como su secretario el licenciado José Erick Gjumilich Navarro. Fue en la misma agencia donde la apoderada legal de Castillo Avila, licenciada Patricia Gamboa Ortiz, nos dijo a familiares y a mí que otorgáramos "el perdón" y su empresa se haría cargo de todos los gastos que ocasionaron.

A casi un año, la boleta de consignación no ha sido enviada al búnker (el último trámite para posteriormente enviar la averiguación al juzgado). Ignoramos el motivo o interés personal que tengan para ocultar dicha averiguación. Señor procurador, yo sé que a nuestro hijo ya no lo vamos a revivir, pero solamente pedimos que la justicia sea pronta y expedita.

Gloria Santana Peña