Trabajarían sobre un programa que incluiría reformas al Código Penal y la Ley de Salud

Acuerdan procuradores frente común contra el narcomenudeo

El comisionado contra las adicciones encomia la iniciativa de los representantes sociales

También consideran prioritario el combate a la piratería y las estructuras de la delincuencia organizada

GUSTAVO CASTILLO Y JESUS NARVAEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL

Tepic, Nay., 6 de febrero. Procuradores de todo el país acordaron promover y participar de manera conjunta en un programa nacional de combate al narcomenudeo, el cual prevé reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Salud, con la finalidad de que autoridades estatales y municipales puedan investigar, detener y consignar a distribuidores de droga.

En los primeros acuerdos alcanzados durante la decimotercera Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, también se acordó establecer mecanismos para que autoridades locales y federales organicen operativos coordinados contra estructuras de la delincuencia organizada y la piratería.

En este contexto el comisionado contra las adicciones, Guido Belssaso, calificó de extraordinaria la propuesta, toda vez que "de una vez por todas se va a atender el problema del narcomenudeo en todas sus facetas"; sin embargo, precisó que los resultados de las acciones gubernamentales que ahora se emprenden se verán reflejados en cuatro años.

Facultades compartidas

Al señalar que la venta de drogas a menudeo "es un detonante de delitos del fuero común, como homicidios, violaciones y robos'', el titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora, Miguel Angel Cortés Ibarra, propuso que el combate al narcomenudeo no sea facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR), sino que se comparta con las instancias policiacas estatales y municipales para que éstas también puedan integrar la averiguación previa y ejercitar acción penal ante los tribunales del fuero común.

Explicó que en su propuesta se prevé que se tenga facultades incluso para ordenar cateos y poner detenidos y droga asegurada a disposición de tribunales del fuero común, y una vez que éstos decreten auto de formal prisión, remitan el expediente o el proceso a la autoridad judicial federal.

Para ello "se requiere realizar reformas a la Constitución en su articulo 105, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Salud, para que se otorguen atribuciones a los estados para investigar a quienes venden drogas al menudeo".

Para sustentar su propuesta, el representante social señaló que en Sonora existen únicamente 75 u 80 elementos de la Agencia Federal de Investigación: "Ƒustedes creen que con ese número de elementos van a combatir el gravísimo problema de la comercialización de droga?".

La propuesta -según informó el funcionario sonorense- "fue recibida con entusiasmo'' por el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha.

"Recibió con satisfacción la propuesta y está retomándola con el propósito de analizarla y en su oportunidad, si es preciso, hacer las modificaciones del caso y darle el curso correspondiente. Está de acuerdo, al igual que el resto de los procuradores del país, en analizar esta problemática, y muy específicamente que compartan la responsabilidad los gobiernos de los estados''.

Señaló que el texto entregado hoy "tendrá que analizarse y luego tendría que ser presentado ante el Congreso de la Unión".

Respecto de la participación de los municipios en el combate al narcomenudeo, Cortés Ibarra recordó que en todas las leyes orgánicas de las procuradurías estatales se señala que las policías preventivas municipales son auxiliares del Ministerio Público del fuero común; esas corporaciones también podrían investigar esos delitos y levantar un parte informativo sobre la ubicación de algún tiradero o tiendita y comunicarlo a la representación social, para que a su vez comience la averiguación con las testimoniales recabadas e inmediatamente proceda a la consignación ante los tribunales del mismo fuero.

El procurador de Zacatecas, Aquiles González, dijo que la propuesta ''tendrá que analizarse mediante un debate serio, pues antes de su aplicación también se tienen que establecer medidas de carácter social que no se han tocado, como es el desempleo de niños y jóvenes, la carencia de oportunidades, no sólo de trabajo, sino también de estudios".

Agregó que primero se tiene que apartar a niños y jóvenes del desempleo y la marginación cultural y académica, para que no reincidan, de otra manera -dijo- "no le veo futuro a eso; si no se emprenden acciones sociales de fondo la legislación no ayuda".

El procurador zacatecano advirtió también sobre otros ''riesgos'' por la incorporación de entidades y municipios en el combate a la venta de drogas, pues ''surgen dudas dada la vulnerabilidad de sectores de seguridad, como es la policía preventiva de los municipios".

Indicó que si se calcula el sueldo de un policía preventivo, "que anda en 600 pesos quincenales, el narco le va a dar mil, pues recordemos que las agrupaciones ilícitas funcionan bajo la ley de los dos metales: o plomo o plata''.

Los policías preventivos -abundó- no tienen ni la profesionalización ni las condiciones económicas para participar en esta estrategia.

De lo macro a lo micro

Entrevistado al término de su exposición, Belssaso dijo que hasta hace poco la PGR sólo hacía una labor extraordinaria contra las organizaciones macrodistribuidoras de droga, pero que el verdadero problema para el país se localiza en el narcomenudeo. Consideró por ello que el hecho de que autoridades estatales y municipales participen también en el combate a las drogas es una propuesta "magnífica''.