Los senadores no fueron consultados por la diputación

Sin consenso, reglamento de AN a la ley de transparencia

JENARO VILLAMIL

Sin contar con la fracción del PAN en el Senado, los diputados de ese partido elaboraron una polémica iniciativa de reglamento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información que incluye, entre otros puntos, un órgano unicamaral exclusivamente para facilitar el acceso de los ciudadanos; establece como límite cuatro años para mantener información reservada o clasificada; sugiere sanciones a los servidores públicos que no den cumplimiento a la apertura informativa pero, a decir de especialistas consultados, sus disposiciones son "un laberinto" para poder allegarse la información.

Hasta el momento la iniciativa, de la cual obtuvo una copia La Jornada, no cuenta con el consenso de todos los legisladores del PAN, debido a que se excluyó a los integrantes del Senado, existen dudas sobre los procedimientos que faciliten el acceso de los ciudadanos y ante "la ambigüedad" de varios de los candados establecidos a la información reservada.

En la exposición de motivos, el documento subraya: "los legisladores federales tenemos la obligación de vigilar el correcto desempeño de la administración pública federal, pero no por eso estamos exentos de ser supervisados". El reglamento tiene como objetivo "garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de la Cámara de Diputados".

Entre algunos de sus elementos principales figura la creación de una "base de datos" que podrá ser consultada por los ciudadanos. Ahí se deberá incluir el directorio de los servidores públicos de cada área, su remuneración mensual neta total, "con bonos y compensaciones", y las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable, detallando por cada contrato las obras públicas, los bienes adquiridos y arrendados.

A diferencia de la ley federal, aprobada por unanimidad el año pasado, en esta iniciativa de reglamento se reduce el número de años para mantener clasificada o reservada una información. Si en la ley el plazo máximo es de 10 años, en el reglamento es de cuatro.

La información clasificada

El artículo siete de la iniciativa detalla que la información clasificada y reservada será aquella que "ponga en riesgo los procedimientos en la toma de decisiones en las resoluciones y acuerdos de la Cámara"; la que "obstaculice o ponga en riesgo algún procedimiento de control, verificación, fiscalización o investigación"; los "puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los órganos o unidades camarales"; lo que "debilite o ponga en riesgo el resultado de la gestión que realice algún diputado o grupo parlamentario", y los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia en tanto no haya resolución definitiva.

Por otro lado, los órganos legislativos obligados a cumplir con la apertura informativa son la mesa directiva y la presidencia de la Cámara de Diputados, los grupos legislativos y sus coordinadores, la Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las comisiones ordinarias, especiales y los comités, la Auditoría Superior de la Federación, la secretaría general, las secretarías de servicios parlamentarios y servicios administrativos, la Coordinación de Comunicación Social, los centros de Estudio de las Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de Estudios Sociales y de Opinión Pública y "las demás unidades administrativas".

En el artículo 6 se establece que estos órganos estarán obligados a proporcionar información relacionada con "el presupuesto autorizado"; resultados de control, verificación, fiscalización o investigación por parte de la Cámara; de estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realice su centro de estudios; el diario de debates, la Gaceta Parlamentaria, los dictámenes de las comisiones y la bitácora de asistencia a las sesiones del pleno y comisiones.

También estarán obligados a informar sobre "los viajes autorizados por los órganos de la Cámara; concursos, licitaciones, adjudicaciones y en general las adquisiciones y requerimientos de bienes o servicios; las erogaciones por remuneraciones por servicios personales de honorarios de cualquier naturaleza; la información relacionada con la plantilla del personal, sus erogaciones y cualquier otra información de utilidad o que se considere relevante".

A casi un año de aprobarse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Congreso no cuenta con un ordenamiento propio que aterrice las distintas disposiciones en el Legislativo. Se ignora si PRI o PRD han elaborado algún anteproyecto o iniciativa.