Eduardo R. Huchim
El gasto de los partidos
La declaración del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, sobre la conveniencia de reducir los costos de las campañas electorales (La Jornada, 30 de enero de 2003), es compartida por amplias porciones de la sociedad que frecuentemente critican los montos destinados a la actividad comicial. Sin embargo, las propuestas que señala el jefe de Gobierno -reducir los topes de los gastos de campaña y acortar la duración de éstas- no son las vías idóneas para hacerlo.
Al contrario, en lo relacionado con los topes a los gastos de campaña, lo que hace falta es ampliarlos -sin que esto signifique gastar más- como lo hacían, en la parte conducente, las reformas al Código Electoral que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que vetó el jefe de Gobierno.
Me explico: conforme a lo establecido por el Código Electoral vigente, los topes de campaña para diputado local y para jefe delegacional ascienden respectivamente a 3 mil 46 y 7 mil 616 pesos en números redondos, lo cual es absurdo porque a los partidos se les otorga mucho más que esas cantidades, y si nos atuviéramos a esos techos resultaría que no podrían gastar, en campañas, todo lo que reciben de los órganos electorales para ese fin. Por ejemplo, en 2003, el Partido de la Revolución Democrática tendrá 61 millones de pesos para gastos de campaña en el Distrito Federal y, conforme a los mencionados topes, sólo podría erogar 243 mil pesos. El Partido Acción Nacional tendrá 55.6 millones y, conforme a la fórmula vigente, sólo podría erogar los mismos 243 mil pesos. Es necesario, en consecuencia, modificar los topes, pero al alza.
Acortar la duración de las campañas tampoco resolvería nada, porque el monto del financiamiento público que por ley se otorga a los partidos políticos no está asociado al tiempo que duren aquéllas, sino a dos factores -salario mínimo y padrón electoral- que siempre van al alza y, por tanto, el financiamiento partidario también aumenta, y en año electoral se duplica. Dicho de otro modo, si se reducen los tiempos de campaña y los partidos reciben lo mismo, no habrá ahorro alguno.
Además, en los términos de la ley actual, las campañas no han comenzado aún, ni tienen una duración excesiva. Formalmente empiezan en mayo y concluyen 72 horas antes del día de la elección, o sea que su duración no excede de dos meses. Lo que se está desarrollando en estos días es el fenómeno conocido como precampaña, pero su realización no está regulada por ninguna ley -y es urgente que los legisladores, tanto federales como locales, se ocupen de ello- y no se está dando en todos los partidos, aunque sí destacadamente en el que postuló al jefe de Gobierno.
El camino para reducir gastos de campaña no pasa, pues, por sus topes actuales ni por su duración, sino por los montos del financiamiento público. Por disposición de ley, cuando se celebran elecciones los partidos políticos reciben, por concepto de gastos de campaña, una cantidad igual a la que les corresponde por actividades ordinarias permanentes, es decir, el doble de lo otorgado en año no electoral, independientemente del número de elecciones que se realicen. Dicho de otra manera, este año, en que no se elegirá jefe de Gobierno -que es la campaña que por mucho consume más recursos-, de todos modos los partidos recibirán el doble de financiamiento que en año no electoral.
En el ámbito federal, la situación es todavía peor, porque los partidos reciben también un doble financiamiento, pero no se eligen ni presidente de la República ni senadores.
En consecuencia, el financiamiento en año de elecciones intermedias ofrece posibilidades de disminución, sin afectar de modo importante a los partidos. Si, por ejemplo, se redujera en 50 por ciento el financiamiento para gastos de campaña, en el Distrito Federal habría un ahorro superior a los 100 millones de pesos. Y en el ámbito federal el ahorro sería mucho mayor: de más de mil millones de pesos.
Planteamientos como estos no son extraños a los propios partidos, porque ha habido dirigentes y militantes destacados que han coincidido con esa conveniencia. Algunos, incluso, han formulado propuestas legislativas en ese sentido, como la iniciativa de reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que presentaron, en marzo de 2002, los senadores Jorge Zermeño Infante, del PAN; Demetrio Sodi de la Tijera, del PRD, y Antonio García Torres, del PRI. En esa iniciativa se proponía, precisamente, reducir el financiamiento federal a los partidos políticos en las elecciones intermedias. Aunque desde luego existen otras rutas, ahí está un camino para la reducción del financiamiento público a los partidos.
