Recomienda atender exigencias en la región Loxicha

Pide la CNDH amnistía para supuestos miembros del EPR

Asegura que se violaron derechos de zapotecos presos

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial sobre el caso de la región Loxicha, en el cual destaca que con motivo de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la zona -el 29 de agosto de 1996- y el saldo de 13 personas muertas "se realizaron detenciones ilegales, arbitrarias, maltratos, golpes, incursiones de las autoridades policiacas y militares, acusaciones falsas y una recurrente e irregular integración de averiguaciones previas contra indígenas zapotecos".

El ombudsman exhorta a las autoridades correspondientes a estudiar la procedencia de promulgar una ley de amnistía que beneficie a los indígenas que participaron en esos hechos, los cuales continúan presos por delitos del orden federal; llama a los gobiernos federal, estatal y municipal a privilegiar el diálogo y la concertación política para atender las añejas demandas de esa población, y sugiere que se nombre un fiscal especial para que conozca sobre las arbitrariedades y excesos cometidos por servidores públicos en las indagatorias, que hoy están sin castigo.

Precisa que "bajo ninguna circunstancia la vía armada debe considerarse como medio para la solución de conflictos y demandas sociales y políticas, independientemente de la legitimidad de éstas, así como tampoco debe aceptarse la falta de atención gubernamental a importantes sectores".

En el informe, que consta de 82 cuartillas, la comisión subraya que en el periodo 1996-2000 diversos sectores de la sociedad y varias organizaciones no gubernamentales, así como los propios indígenas de la región, solicitaron su intervención para documentar presuntas violaciones a los derechos humanos, atribuidas a autoridades policiacas y militares.

Las denuncias que la CNDH recibió fueron por privación ilegal de la libertad, detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, desaparición forzada de personas e indebida actuación de las autoridades en la procuración de justicia, a las que se sumaron otras como el traslado de presos indígenas a otros reclusorios e irrupciones de policías y militares en domicilios.

El ombudsman nacional deja en claro que no cuenta con facultades para determinar si las personas acusadas por las autoridades federales y estatales de haber cometido los ataques armados atribuidos al Ejército Popular Revolucionario son responsables de las presuntas conductas ilícitas, pues corresponde exclusivamente a las autoridades federales y locales pronunciarse sobre la posible responsabilidad penal.

No obstante, subraya, las omisiones y acciones en que hayan incurrido las autoridades involucradas en el problema, que deriva en la violación de derechos humanos, sí es competencia del órgano nacional.

Asevera que el Estado mexicano no ha logrado clarificar de manera definitiva las acciones necesarias para ofrecer soluciones adecuadas a los problemas de los indígenas de la región, así como a la situación concreta de los presos.

Impostergable, impulsar programas de desarrollo

También se pronuncia por que los gobiernos federal, estatal y municipal impulsen el desarrollo integral y sustentable de las comunidades de la región Loxicha, para mejorar las condiciones sociales, de seguridad pública y de acceso a la jurisdicción del Estado. Debe permitirse a los indígenas tener un disfrute cabal de sus derechos humanos y revertir las condiciones de marginación y pobreza, en especial de las mujeres de la zona, que han padecido desatención por décadas por parte de instituciones públicas estatales y federales, agrega. Además, señala, los programas sociales que han llegado a la zona son limitados y se ha solapado el caciquismo, al que también los indígenas tienen que hacerle frente.

En el resultado de su investigación, la comisión defensora de los derechos humanos asevera que fueron vulneradas las garantías de personas y en núcleos de población. Asegura que acreditó 14 detenciones arbitrarias, en las que se observó como patrón común que las autoridades se basaron en "la actitud sospechosa" o "con nerviosismo" que mostraban las personas, y por ese motivo fueron privadas de su libertad. En otros casos comprobó que indígenas fueron detenidos para ser "presentados" ante el Ministerio Público sin que hubiera orden de presentación o detención.

Comprobó además que la actuación de la autoridad ministerial en la integración de las averiguaciones ha sido insuficiente para esclarecer los hechos, pues en ocasiones "no se toman declaraciones a participantes y probables testigos, y no se realizaron suficientes dictámenes, por ejemplo en criminalística de campo, fotografía forense y planimetría".