El instituto pretendía obligar a las familias a aportar material requerido por los infantes

Reanudarán protestas por cambios en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS

Estamos a expensas de las autoridades, dicen encargados de las estancias subrogadas

ANGELES CRUZ

El proyecto original del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para renovar los convenios de subrogación de guarderías planteaba que las familias aportaran en especie el material para actividades educativas, de aseo y recreación para sus hijos. La movilización de los prestadores detuvo esa pretensión, pero "a cambio" fueron obligados a firmar dos contratos distintos, "suponemos que para aplicarnos el que corresponda a nuestro buen o mal comportamiento".

Por lo pronto, los dueños de las estancias infantiles informaron que a partir de la próxima semana habrá diversas manifestaciones de protesta de las madres y padres derechohabientes del Seguro Social, incluso anunciaron que se realizará una marcha nacional de las oficinas centrales del instituto hacia la residencia oficial de Los Pinos.

Rechazaron que el movimiento se haya "apagado", como aseguran las autoridades del IMSS. En realidad se abrió un periodo para informar a los usuarios de guarderías sobre las modificaciones que se harán al esquema de atención, principalmente la reducción a nueve horas de servicio que aplicarán a partir del 15 de febrero.

Un ejemplar del proyecto de convenio que presentó el IMSS a los dueños de guarderías a finales del año pasado -cuya copia posee La Jornada- señala en la cláusula 23 que el prestador "se obliga a solicitar a los padres usuarios proporcionen el material de apoyo necesario para actividades educativas, de aseo y recreación del niño(...) en el supuesto de que alguno de los padres no proporcione dicho material de apoyo, será responsabilidad del prestador adquirirlos". Planteaba tres años de vigencia del contrato y se regía con base en los ordenamientos del Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Sin embargo, el convenio que finalmente envió el IMSS a los propietarios de las guarderías vecinales fue modificado. Los inconformes comentaron que quienes eligieron trabajar con el sistema intermedio (nueve horas de servicio, reducción de 7 por ciento en la cuota por niño inscrito, menos exigencias de material pedagógico y de personal) tuvieron que firmar dos tipos de documentos, cuyas copias también están en poder de La Jornada. Ambos son multianuales, pero uno de ellos se rige por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y será suscrito por el director del IMSS, Santiago Levy, como apoderado legal de la institución. Tiene vigencia de dos años.

El otro se elaboró con base en los lineamientos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del instituto. Este será firmado por el delegado regional que corresponda en su papel de representante legal del IMSS y establece un año de vigencia.

Además de lo anterior, los propietarios de estancias infantiles comentaron que como ocurre cada año, esta vez tampoco pudieron conocer los "anexos" del convenio, en los que el instituto especifica todo lo relativo a materiales, personal, condiciones de seguridad e higiene con los que deben cumplir.

Cada convenio se firmó por quintuplicado y se regresaron al IMSS. "Ahora no sabemos cuál de los dos contratos nos regresarán y, en un momento dado, cuál nos van a aplicar", indicaron los prestadores.

Otro aspecto que llamó la atención de los subrogatarios es que el instituto incluyó una cláusula de "no intermediación", por la cual las partes "convienen" que cualquier asunto relacionado con el cumplimiento del contrato, el IMSS lo resolverá directamente con el representante legal del prestador "sin la intervención de ninguna otra instancia administrativa o de cualquier otra índole que pudiera o llegara a representar al prestador".

Para los particulares además de la afectación económica que sufrirán con el nuevo esquema por la reducción de la cuota por niño y la prohibición expresa de que la inscripción no rebase la capacidad de atención de cada sala, lo más grave es que "otra vez quedamos a expensas de las autoridades y con escasas posibilidades legales de defensa", dijeron.