La agresión verbal de que fue objeto ayer el presidente Vicente Fox en la Universidad de Humboldt, Berlín, en donde un grupo de simpatizantes de los zapatistas chiapanecos lo acusó a gritos de asesino, es sin duda deplorable, y representa una forma equívoca y poco afortunada, por decir lo menos, de manifestar una solidaridad transoceánica con las comunidades indígenas que permanecen en rebeldía desde hace casi una década en Chiapas. Al actual mandatario no le corresponden responsabilidades tan graves, ante ese conflicto, como las que pesan sobre los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en cuyos mandatos las instituciones federales y estatales se mancharon con la sangre de inocentes, fueron pervertidas con medidas de represión injustificables e ilegales, y resultaron cómplices o culpables directas de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Una vez formulada esa precisión, resulta difícil entender los motivos por los cuales Fox, ante una acusación a todas luces desmesurada y fuera de lugar, eligió la mentira como táctica de defensa.

Es cierto que los grados de hostigamiento militar contra las comunidades zapatistas son hoy mucho menores que en los años nefastos de Zedillo; que no han sido libradas órdenes de aprehensión contra líderes, militantes o simpatizantes del zapatismo; que las fuerzas policiales y militares no han realizado ejecuciones sumarias de insurgentes, como ocurrió en los primeros días de la insurrección -en pleno salinato-, y que en lo que va del actual sexenio no han sido perpetrados, así sea por buena fortuna, crímenes de lesa humanidad, como los realizados desde el poder público en Acteal, El Bosque y otras localidades de la zona de conflicto durante la última Presidencia priísta. Pero eso no significa, en forma alguna, que las causas -las profundas y las evidentes- del alzamiento de 1994 hayan sido atendidas o, menos aún, resueltas.

No las ha atendido el gobierno federal, cuyos funcionarios de salud y política social evidenciaron un agraviante e indignante desinterés vacacional cuando decenas de recién nacidos morían -por falta de recursos médicos, por miseria simple- en el hospital general de Comitán, y cuyos estrategas agrícolas siguen empecinados en ignorar la existencia de comuneros, jornaleros y ejidatarios en el campo mexicano, incluido el chiapaneco; no lo ha hecho, tampoco, el Legislativo, cuyas reformas constitucionales y legales operadas el año antepasado en materia de derechos y cultura indígenas resultaron un mero remedo y una distorsión de la iniciativa originalmente redactada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la cual retomó, a su vez, los acuerdos firmados por los rebeldes y el Ejecutivo federal en San Andrés Larráinzar.

Los "15 minutos" solicitados por el candidato presidencial Vicente Fox para atender y resolver la lacerante circunstancia chiapaneca se han convertido en 26 meses de autocomplacencia y demagogia vacía por parte de la Presidencia foxista, en una persistente negación de la realidad desde los altos círculos de la clase política -con los tres partidos mayoritarios incluidos- y en una descomposición sostenida -por más que los medios informativos hegemónicos pretendan hacerla invisible- de la suma de confrontaciones sin solución que existen en Chiapas.

Esta misma semana, en Chamula tuvieron lugar dos enfrentamientos -por pugnas religiosas, por intereses caciquiles y, como lo señaló el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, por la marginación y la negación de los derechos elementales de los pobladores de la zona-, que dejaron un saldo total de siete muertos, cuatro heridos y centenares de desplazados.

En lo que respecta a los fallecimientos de recién nacidos en Comitán, la gravedad de la circunstancia es de tal magnitud que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, anunció ayer que esa institución atraería el caso, tanto por la dimensión nacional que reviste la tragedia cuanto porque en ella hay instancias federales presuntamente involucradas.

Estos dos episodios -Comitán y Chamula- son las más escandalosas manifestaciones, pero no las únicas, de la situación imperante en Chiapas, de la falta de solución a los problemas sociales, políticos, agrarios, sanitarios y educativos que padece la entidad y de la ausencia de voluntad gubernamental para superar las causas inmediatas y mediatas que desembocaron en la rebelión indígena de 1994, la cual, diga lo que diga la Presidencia de la República, permanece vigente e irresuelta.