Adolfo Sánchez Rebolledo
El 40 y las glorias de la libre empresa
Cualquiera que sea el desenlace de la controversia comercial entre las televisoras, la crisis de Canal 40 marcará hasta el final al gobierno del presidente Fox. Ahora se ve con meridiana claridad que las tempranas evasivas del famoso "y yo por qué" no fueron únicamente consecuencia de la ineptitud, la inexperiencia o la candidez del mandatario y sus cercanos colaboradores, sino la expresión de una complicidad disfrazada con el velo de la neutralidad.
La sospechosa conducta del arquitecto Cerisola y, en general, la abstención activa de la autoridad política para tomar el toro por las astas hallan justificación no en la ley, sino en el dogma liberal que niega toda legitimidad a la intervención del Estado en temas que según esto pertenecen al orden privado, a la libertad empresarial, aun si afectan el interés público, aunque en el fondo dicha conducta sólo sirva, como hemos visto, para favorecer a una de las partes.
Hasta el último minuto, a pesar del absurdo aseguramiento, la administración declinó su obligación de restaurar el orden legal para impedir que Tv Azteca consumara el despojo y, por esa vía, la extinción de CNI como una oferta de pantalla distinta. Dejó correr el tiempo y si no fuera por los coscorrones jurídicos que el juez le propinó al secretario de Comunicaciones todavía seguiríamos "en negros". Siempre creyó, o quiso creer, que estaba ante un problema entre particulares en el que el Estado nada debía ni podía hacer. En cierta forma, la conducta del gobierno en este episodio viene a ser el segundo capítulo de la obra que se inauguró con la expedición del reglamento que liquidó el "impuesto de 12 por ciento" y otras prerrogativas del Estado en y ante los medios electrónicos.
Esta caricaturización del liberalismo en boga parte de una premisa: el gobierno no tiene nada que hacer en el mercado de los medios, pues en definitiva el régimen de concesiones sólo es un estorbo para el desarrollo de la libre empresa en este campo crucial. Esa es la opinión que durante años reiteradamente han difundido los dueños y sus voceros al solicitar que "las compañías sean dueñas absolutas de los canales y frecuencias, desregulándolas totalmente". (Gerardo Valdez R., "Mitos y realidades", Reforma, p. 6, 18/10/02.) Exactamente al contrario de las voces que desde la sociedad plantean que el desafío es "transformar lo estatal en asunto verdaderamente público", como ha dicho Beatriz Solís.
Además, en beneficio de la salud pública, pero también de la competencia empresarial, algunos autores como Raúl Trejo Delarbre han propuesto estimular la oferta estableciendo límites a la propiedad de varios medios de comunicación por parte de una sola empresa: "Si en México existieran reglas como hay en muchos otros países para acotar la concentración de los medios, la diversidad de opciones en la televisión y la radio sería mayor y la sociedad saldría ganando". Tal vez por temor a ese debate los empresarios quieren evitar que la legislación admita toda prescripción que no sea dejar los medios al capricho de sus propietarios. Y avanzan por la vía de los hechos.
La abstención del gobierno para hacer cumplir en todos sus términos los requisitos de las concesiones que discrecionalmente concede, ha abierto la puerta a la interpretación de que para todo fin práctico o comercial la concesión sólo está sujeta a la negociación entre particulares sin mediación del gobierno en representación del Estado. En otras palabras, la autoridad está renunciando tácita y explícitamente a cumplir con sus funciones y a exigir a los demás que sus negocios se atengan a los dictados de la ley.
