La iniciativa de reformas legales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) enviará al Senado de la República para garantizar que los periodistas no sean presionados por autoridades judiciales para que revelen sus fuentes de información, tal y como lo anunció hoy el titular de la institución, José Luis Soberanes, constituye un paso adecuado y necesario no sólo para ofrecer una protección efectiva a los informadores en el desempeño de su trabajo, sino también para preservar y hacer efectivo el derecho a la información de lectores, radioescuchas y televidentes.

Es oportuno recordar que el pasado 18 de enero, cuando el ombudsman pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que prohibiera formalmente a sus funcionarios y empleados cualquier apremio orientado a lograr que los informadores quebranten sus secretos profesionales, La Jornada, en este mismo espacio, señaló, que "se debe ir más allá de reglamentos y lineamientos internos, y (...) el Congreso de la Unión tiene ante sí el deber de legislar instrumentos jurídicos de protección al desempeño periodístico y a los principios éticos de la profesión.

"En tales instrumentos -abundó entonces esta casa editorial-, un punto fundamental debe ser la prohibición a las instancias de procuración e impartición de justicia de cualquier intento de presionar a los reporteros para convertirlos en delatores bajo cuerda, como lo pretendió recientemente la PGR. No se trata de una demanda de mero interés gremial -que lo es-, sino también de una petición de garantías para el suministro de información a la sociedad en su conjunto."

Tales señalamientos se remontaban a las campañas de acoso y hostigamiento realizadas el año pasado contra reporteros de este diario y de otros medios informativos por parte de empleados de la PGR, a quienes les pareció procedente abreviar su tarea mediante la coacción a periodistas para obligarlos a servir como informantes de la policía.

En armonía con la demanda de La Jornada y con la iniciativa anunciada por Soberanes, el ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel destacó ayer que atentar contra la libertad de expresión "no sólo constituye un atropello en sí para quien la ejerce, sino que se convierte en un acto autoritario que vulnera el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer la verdad respecto de las formas como se conduce su gobierno".

Cabe felicitarse, pues, por el hecho de que los desafortunados y condenables acosos contra diversos colegas y compañeros por parte de la PGR hayan dado pie a la iniciativa legal que el ombudsman presentará a la Comisión de Derechos Humanos del Senado con el propósito de que sea discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones. Es de esperar, asimismo, que los legisladores comprendan que la preservación y protección del oficio periodístico es una forma de garantizar el derecho de la sociedad en su conjunto a mantenerse informada.