"Intentarán políticos eludir juicio, con el argumento de que prescribieron los delitos"

Enfrentará el Poder Judicial escollos en casos de desapariciones: juristas

BLANCHE PETRICH Y VICTOR BALLINAS

Con una vasta experiencia en juicios internacionales por delitos de lesa humanidad, dos juristas sudamericanos le echan porras a los mexicanos que buscan hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de los hechos represivos de 1968, 1971 y la guerra sucia de los años setenta y ochenta.

Eduardo Contreras, el abogado que interpuso la primera demanda penal en Chile contra el dictador Augusto Pinochet, y el argentino Eduardo Salerno, representante legal de la premio Nobel Rigoberta Menchú en la demanda para que la Audiencia Nacional de España juzgue a otro genocida, el guatemalteco Efraín Ríos Montt, coinciden en reconocer el "caso México" como "absolutamente legítimo", y vaticinan viabilidad y éxito en las querellas presentadas por víctimas y familiares de desaparecidos ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Quizá más escéptico que su colega chileno, Salerno -sobreviviente de un campo de concentración de su país- advierte sobre los escollos que sin duda impondrá el poder político en México para eludir el juicio y el castigo a los acusados de genocidio, entre ellos los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, varios generales del Ejército y decenas de funcionarios.

Salerno está convencido de que los funcionarios acusados consumirán largo tiempo -uno o dos años- intentando desviar el proceso con el argumento de que los hechos que se juzgan ya son delitos prescritos.

Sin embargo, ambos insisten en que el cuerpo de leyes internas del país y el bagaje de tratados internacionales sobre derecho humanitario de los cuales México es signatario, ofrecen un sólido andamiaje para superar estos escollos.

Eduardo Contreras, exiliado en México durante 10 años en tiempos del pinochetismo, habla de los querellantes por la matanza de Tlatelolco en términos de "compañeros". Se siente, dice, identificado con su causa.

"Los compañeros del Comité del 68 están viviendo la misma experiencia que nosotros en el comienzo de los años noventa: buscando, estudiando, investigando, escudriñando en códigos y tratados internacionales para armar el instrumental jurídico que permita librar una gran batalla. Hay también cierta apatía, indiferencia de la sociedad. Eso yo también lo viví hace cinco o seis años."

-En algunos sectores, aquí, hay dudas, desconfianza sobre los alcances de la fiscalía especial...

-Al contrario, me parece que la creación de toda instancia jurídica es un avance. Lo digo por la propia experiencia chilena; prefiero la creación de una fiscalía con todas las dificultades que pueda tener, que el establecimiento de comisiones sin facultades jurídicas. En Chile la llamada mesa de diálogo fue muy perjudicial. La fiscalía puede transformarse en un instrumento valioso en la medida en que tenga los respaldos y la ayuda necesaria; si la dejamos sola, es posible que no se avance demasiado.

-ƑSon un problema real los alegatos sobre la prescripción de los delitos investigados?

-Hoy en día existe conciencia mundial de que en los crímenes contra la humanidad no hay prescripción posible, por los tratados internacionales, por la jurisprudencia. En ese sentido, los juicios a Pinochet en España y en Chile fueron, modestamente, una contribución a esa perspectiva. Los delitos del dictador no prescribieron, primero porque no era posible hacer los juicios contra quienes estaban en el poder y, segundo, porque hay una serie de convenciones internacionales que hacen imprescriptibles esos delitos, y tampoco les concede amnistía.

-Sobre la imposibilidad de ejercer justicia en contra de los miembros de un gobierno mientras éstos estén en el poder, Ƒve alguna similitud en el caso mexicano?

-Lo mejor es responder la pregunta a la luz de la práctica, preguntarnos, Ƒprosperó alguno de los juicios durante esos años? ƑHubo resolución de la Corte, como la que finalmente se dictó y permitió abrir la investigación? Si la respuesta es negativa, habría que concluir que efectivamente no había ninguna posibilidad de hacerlo en el pasado.

-Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documenta la existencia de más de 200 desaparecidos y señala la responsabilidad del Estado en estos crímenes. ƑSe puede quedar sólo en informe?

-No, y menos respecto de los desaparecidos. Hay toda una tipología, una jurisprudencia unánime de que en el caso de secuestro seguido de desaparición hay un delito permanente y continuado, y que en tanto la víctima no aparezca viva o se pruebe por medios legales su fallecimiento, el delito se está cometiendo, no puede prescribir. Por tanto, con mayor fuerza es posible la investigación y el procesamiento y condena de los responsables.

-El caso chileno, por su magnitud, siempre generó solidaridad. Pero las víctimas de la represión en México han estado muy solas en el contexto internacional, nunca contaron con el mismo apoyo. ƑCree que eso pueda cambiar?

-Creo que sí, que va a cambiar. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. La justicia, aunque tarde, llega. México va a despertar esa solidaridad, porque el país es mucho más importante para la opinión pública.

"šQue no se repita en México el caso Guatemala!", demandó.

Eduardo Salerno conoce a fondo el aparato de procuración de justicia guatemalteco. Ha chocado frontalmente con él como asesor en las demandas de la antropóloga Mirna Mack, del obispo Gerardi, de la matanza de Xamán y otros. Sabe cómo desaparecen, burdamente, las pruebas de las masacres, cómo se compran testigos, cómo actúan los jueces por consigna, o cómo son presionados si pretenden salirse del carril. Hace votos para que en los procesos por la represión del pasado en México no se cometan los mismos errores que en Guatemala, "donde el Poder Judicial sigue igual o peor que en tiempos del conflicto armado".

Del "caso México" opina: "No tengo ninguna duda sobre el fundamento ético, moral y jurídico de los procesos. Sin embargo, tampoco dudo de que aquí la magistratura vaya a plantear todos los escollos posibles, por ejemplo, que van a pasar dos o tres años discutiendo el tema de la prescripción, cuando eso ya está totalmente resuelto no sólo por el derecho comparado, sino por los compromisos que ha firmado el Estado mexicano sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Son muy claros los convenios vinculantes que ha firmado México. Por ese lado el sistema no tiene salida."

-ƑExiste el peligro de que el foxismo pacte con las fuerzas represivas de los regímenes del pasado, de manera similar como en Chile, donde el gobierno pactó con el pinochetismo?

-No tengo la menor duda de que eso se va a intentar para oponerse a la sana aplicación de la justicia. Está en los compañeros resolverla. De todos modos ellos tienen la ventaja de estar recorriendo un camino que otros ya han recorrido.

-La figura de la fiscalía...

-Es un instrumento que puede ser narcotizante del proceso, pero que también puede impulsarlo. Hay que saber usarlo. De todos modos, es una opción mejor que una comisión de la verdad, porque se supone que va a promover acciones penales.

"Lo que sí creo que va a ser necesario en un momento es la creación de un órgano contralor de la tarea de la comisión, conformado por expertos extranjeros que pertenezcan a las instancias a las que se suscribió México como Estado, para mandar un mensaje de que la comunidad internacional está expectante de este caso y que no se va a permitir que este trabajo sea como el de Guatemala, la desnaturalización de toda la razón de ser del Poder Judicial, que no es consagrar la impunidad, sino garantizar la justicia."

-ƑHay antecedentes de esta función de contralor?

-En El Salvador y Guatemala los mecanismos de Naciones Unidas -Onusal en el primer caso y Minugua en el segundo- tuvieron mucho de eso. De ninguna manera digo que haga falta una ONU-México, pero sí una instancia con aval político y técnico suficiente como para decir esta fiscalía está trabajando bien o mal, o no trabaja o no se avanza, o lo que tuviera que decir. Creo que sería un gran aporte para el propio fiscal.

-ƑCómo puede afectar al proceso el hecho de que si bien el gobierno en los foros internacionales ha avanzado, en el plano interno no avanza?

-Va a afectar y creo que mucho. La ventaja es que en jurisprudencia ya están resueltas muchas cosas. La ley establece que después de la Constitución lo que sigue son los convenios internacionales vinculantes. Si el debate se coloca en el ámbito jurídico, la solución no puede ser más que positiva. Es inaceptable que por cuestiones de tipo interno se violente incluso la idea básica del Tratado de Viena, el tratado de los tratados. Hay letras muy claras que México está obligado a respetar. No hay salida desde lo legal.

En México, concluyó Salerno, van a encontrar enormes dificultades, por una sencilla razón: este tipo de juicios de crímenes contra la humanidad tiene que ver de frente contra la esencia del poder político, y al comenzar este tipo de juicios se cuestiona al régimen, se toca la cuestión central del poder, los aparatos de seguridad, sus institutos armados... "así de grueso es el problema cuando se entra a este tipo de lucha".