Muchos programas sólo cambiaron de nombre, señala
Grave subejercicio de recursos en materia social, revela investigadora
ALMA E. MUÑOZ
El subejercicio de recursos en el gobierno federal evidencia que en materia social las acciones están desarticuladas, consideró la investigadora del Colegio de México, Araceli Damián, mientras en la Cámara de Diputados se establece que la problemática responde a los candados que el mismo Estado pone a los programas sociales por medio de sus reglas de operación, las cuales impiden ejercer recursos durante el primer trimestre del año, pues se dan a conocer hasta marzo.
La especialista calificó de grave que la Secretaría de Desarrollo Social presente un subejercicio de mil 903 millones de pesos durante 2002, no obstante el reconocimiento de que prácticamente la mitad de los mexicanos vive en pobreza.
Consideró que a dos años de gobierno la política en la materia es "muy similar" a la desarrollada por los priístas, y lamentó que el mayor impacto se dé en materia de educación (11 mil 687 millones), al tiempo que se pregona como asunto prioritario para el país.
El problema, sostuvo la investigadora, es que el diseño de los esquemas plantea atender situaciones que ya no se consideran "tan graves". Tal es la propuesta de programas para fomentar la enseñanza hasta el nivel secundaria en áreas rurales, cuando la población menor de 15 años ya accede a estos centros educativos sin políticas de por medio, o cuando en las zonas urbanas se promueve la preparatoria siendo que el problema en las ciudades es que la gente ya no estudia más porque la oferta de centros educativos es insuficiente.
Esto refleja, sostuvo Araceli Damián, que no existe una idea de política conjunta, postura en la que coincidió el diputado priísta Víctor Infante, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, quien después de hacer el análisis sobre el subejercicio del gobierno federal, lamentó que en materia de desarrollo social "no se quiera ejercer el dinero deliberadamente o no se sepa hacerlo".
La investigadora hizo hincapié en que los programas federales del rubro social sólo cambiaron de nombre, pero no sufrieron mejora alguna y, por tanto, tampoco se aplican como deberían.