Orlando Delgado
Dos proyectos
La información sobre los resultados económicos de 2002 está mostrando un desempeño que se aleja de las expectativas oficiales. La inflación cerró con 5.7 por ciento, lejos de la meta oficial de 4.5, lo que se explica -según el Banco de México y buena parte de los analistas financieros- por el impacto del aumento de las tarifas eléctricas. En materia de crecimiento tampoco terminaremos con 1.8 como se planteó, sino apenas se alcanzará uno por ciento. En empleo se localiza la carencia mayor: se han perdido 328 mil puestos de trabajo en lo que va de la administración foxista. El tipo de cambio perdió más de 13 por ciento en 2002. El precio promedio de la mezcla de crudo mexicano se sitúo en 20.2 dólares por barril, superior a las estimaciones del Ejecutivo y del Legislativo. Las finanzas públicas cerrarán con un déficit similar al proyectado.
Las dificultades son evidentes. El cumplimiento de las metas para 2003 se complica. La principal para el cuarto gobierno neoliberal es, por supuesto, lograr 3 por ciento de inflación. La trayectoria de la inflación promedio sigue mostrando una tendencia a la baja: fue de 5.03 por ciento en 2002 y había sido de 6.37 en 2001. Lo mismo ocurre con la inflación subyacente que se ubicó prácticamente en la meta. El grueso de los analistas coincide en que no alcanzaremos el tristemente célebre 3 por ciento, pero la inflación se reducirá, cerrando 2003, con 4.2 por ciento, gracias a que los precios públicos se incrementarán 2.7 por ciento. Frente a estas expectativas, el banco central ha actuado con la prontitud que le caracteriza, incrementando el corto en 75 millones, para llegar a 550, buscando que se logre un resultado próximo a 3 por ciento.
Mientras la restricción monetaria se intensifica, el gobierno no da muestras de que se proponga actuar para ayudar a que las metas de crecimiento y de creación de empleos se obtengan. Por el contrario, se alinean con la explicación de Banco de México y, por supuesto, con su política. Guillermo Ortiz ha señalado repetidamente que para poder alcanzar la meta inflacionaria es fundamental que los movimientos salariales sean consistentes con ella, esto quiere decir que sólo aumenten 3 por ciento en este año. Ha agregado que por cada punto porcentual que los salarios aumenten por encima de la meta se perderán 90 mil empleos, por lo que demandó que los salarios reflejen el exceso de oferta convirtiéndose en el factor de ajuste del mercado.
Así, aunque el gobierno foxista no instrumentará topes salariales como hicieron los priístas, y volverían a hacer si fueran gobierno, se trata de convencer a los patrones de que es perjudicial aumentar los salarios reales. Es conocido que desde 2000 ha habido una ligera recuperación salarial. Este año el salario mínimo aumentó 4.5 por ciento, lo que implica que la recuperación se detuvo, y se trata de detener también las mejoras en los contractuales, que crecieron apenas 0.8 por ciento real en 2002. El corto se orienta precisamente hacia ese objetivo, no importa que las tasas de interés se incrementen. Para el banco central ese aumento no afecta la inflación; además es evidente que impacta el crecimiento, según se mostró en 2001 y 2002, y como ocurrirá en 2003.
El empleo y el nivel de vida de los asalariados debiera ser el objetivo central de un gobierno electo democráticamente, es lo que esperaban quienes votaron por cambiar un estado de cosas insoportable. Ello no está ocurriendo. El planteamiento de que vamos bien y que lo importante es que las variables económicas fundamentales estén sólidas, ya no convence a nadie. El gobierno debe proteger el nivel de vida y ello significa defender el salario real para sostener el mercado interno, que seguirá siendo importante.
En el mundo y en México hay otra manera de entender la tarea económica gubernamental. Para los europeos, para el gobierno de Lula, para el gobierno del Distrito Federal, el principal equilibrio que debe mantenerse es el social, el de los habitantes. En la Unión Europea, cuando la inflación resulta mayor de lo esperado se aplican las cláusulas de garantía salarial que permiten a los asalariados recuperar la pérdida del poder adquisitivo. En Brasil se propone como programa central de gobierno el de Hambre Cero, antes que nuevos aviones o aumentos salariales a los altos funcionarios públicos. En la ciudad de México los salarios de los empleados públicos aumentaron 7 por ciento y, a pesar de la oposición del PAN y del PRI, se garantiza una pensión universal de 667 pesos.
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