Cotidiana violación de derechos por parte del Estado, señala

18 desapariciones forzadas en 2002, dice el Centro Pro

Indígenas, campesinos y estudiantes, las víctimas más frecuentes

VICTOR BALLINAS

La desaparición forzada de personas "continúa", y ejemplo de ello son los 18 casos ocurridos entre enero y noviembre de 2002, sin que ninguna autoridad, desde la Procuraduría General de la República, las procuradurías estatales, la Secretaría de Gobernación o la Presidencia hayan informado sobre las investigaciones respectivas, asegura el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En su informe 2002 destaca que "las violaciones a las garantías individuales siguen constituyendo una práctica cotidiana del Estado que afecta a miles de personas".

Prueba de ello, sostiene el Centro Pro, son los 32 casos documentados en que se violaron los derechos colectivos de los pueblos indígenas; en 32 más se transgredió la libertad de asociación para la defensa de las garantías laborales, en 22 se comprobó la violación a los derechos a la salud, en 53 el derecho a la no discriminación y en 49 se atropellaron las garantías indivuales en operativos policiacos.

Sobre seguridad pública, resalta que entre enero y noviembre de 2002 se constató que 21 por ciento de las violaciones a las garantías individuales ocurrieron en ese rubro, "acompañadas por la casi total impunidad de los transgresores, ya sea policías o militares".

Precisa el informe que en el caso de seguridad pública, "los agresores se encuentran en todos los cuerpos policiacos, "principalmente en los municipales y estatales, aunque no faltan las agencias federales, así como elementos del Ejército. Dichas violaciones han ocurrido indiscriminadamente en todas las entidades, siendo más frecuentes en el Distrito Federal y el estado de México". Subraya que entre las víctimas predominan los ciudadanos comunes, y son blanco preferente indígenas, campesinos, estudiantes y ambulantes.

El Centro Pro apunta que quienes utilizan violencia excesiva en sus tareas son en primer lugar los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y a las respectivas dependencias estatales -policías municipal, auxiliar, Fuerza de Acción y Reacción Inmediata (FARI)-, agentes de la PGR -AFI, AEI y PJF-, las procuradurías estatales, del Distrito Federal, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración, así como funcionarios y custodios de penales".

Las violaciones más comunes son las detenciones sin orden de aprehensión, las que se realizan en retenes, en operativos o en inspecciones de rutina, basadas únicamente en el aspecto "sospechoso" del detenido, las cuales a menudo son acompañadas de maltrato físico y sicológico, amenazas, fabricación de delito y tortura, y en algunos casos son seguidas por desapariciones "breves o duraderas".

El Centro Pro resalta que la detención arbitraria "es el abuso más frecuente", pero otra grave violación a los derechos humanos la constituyen las desapariciones de personas que "continúan en este gobierno, pues en el lapso de enero a noviembre de 2002 se documentaron 18 casos".

Dos de ellos son los de Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina, "detenidos en Colima el 30 de junio de 2001 por agentes de la PGR, y a la fecha, ni esa dependencia, ni Gobernación ni la Presidencia de la República se han responsabilizado de aclarar los hechos".

La tortura, subraya, sigue presente en los métodos de investigación policiaca, "en el periodo referido se han registrado 16 casos, que incluyen a 25 personas torturadas. La práctica de ese delito está acompañada por una cadena de violaciones a otros derechos, que generalmente se inician con detenciones arbitrarias e ilegales, o retenciones, y que incluso pueden derivar en encarcelamientos injustos y hasta la privación de la vida, amén de las consecuencias y los daños sobre las víctimas directas y sus familiares".

Resalta que en el primer semestre de 2002 "tres personas murieron por tortura". Además, insiste en que el uso de esta práctica por militares se verifica principalmente en las zonas rurales e indígenas, donde a menudo actúan conjuntamente con los cuerpos policiacos y en el claro contexto de la estrategia de combate contrainsurgente, y a consecuencia de la presencia militar en las comunidades, que se justifica bajo argumentos que oscilan desde la detección de grupos armados, el combate al narcotráfico, el tráfico de personas, la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el combate a delitos ambientales y la seguridad fronteriza".

Respecto a ejecuciones extrajudiciales, el Centro Pro asegura que se documentaron ocho casos, en los que 11 personas fueron ejecutadas a manos de agentes policiacos, y en otros, cinco murieron cuando estaban bajo custodia de agentes de la AFI, la SSP, la PJE y las policías municipales."