Revés a la SSP
Otorga un juez amparo en favor de banqueros
JESUS ARANDA
El juzgado séptimo de distrito en materia administrativa otorgó el primer amparo en favor de los bancos en su disputa con el gobierno capitalino, respecto a la seguridad en las sucursales, al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 67 bis, 75, 77 fracción IV, 79 y tercero transitorio de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, por considerar que la seguridad y protección bancaria es un asunto federal.
La decisión del juez Alvaro Tovilla León fue emitida el 5 de diciembre pasado, en favor de Banca Mifel, en el amparo 845/2002, al establecer que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invadió funciones y competencia de las autoridades federales, al pretender regular la seguridad de las instituciones bancarias.
Por su parte, el abogado de Bancomer y Banamex, Marcos Nazar Sevilla, confirmó la decisión judicial y sostuvo que las instituciones que representa tienen "tranquilidad absoluta", en el sentido de que las autoridades del DF no pueden clausurar ninguna sucursal, porque los dos bancos cuentan con suspensiones definitivas a su favor y porque los siete votos que emitieron los ministros de la Suprema Corte en contra de la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF (8/10/01), cuando resolvieron la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Procuraduría General de la República, ratificaron que dicha legislación es inconstitucional. Además, sostuvo, sigue vigente la jurisprudencia de la Corte, cuando resolvió la ilegalidad de la Ley de Seguridad Pública de Jalisco, en la que el máximo tribunal confirmó que la seguridad de las sucursales bancarias es materia federal y no de competencia local.
Cabe señalar que además de este fallo, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ha sufrido otros reveses sobre el mismo tema. El 20 de diciembre pasado, la dependencia interpuso ante el juzgado cuarto administrativo un "incidente de modificación de la suspensión definitiva obtenida por Bancomer, con el argumento de que la Suprema Corte había declarado la constitucionalidad de la Ley de Establecimientos Mercantiles y, por tanto, solicitaba la anuencia judicial para clausurar las sucursales que no cumplieran con la ley.
Sin embargo, la respuesta del juzgado fue contundente, en el sentido de que la Corte no había declarado la validez de la citada ley, por lo que la petición era "notoria y absolutamente improcedente". El séptimo juzgado de distrito en materia administrativa recibió un recurso similar de la SSP, dirigido en contra de Bancomer y la respuesta fue la misma.
