Los deudos proporcionarán a la PGJE nombres de sospechosos de la ejecución

Político, el móvil del asesinato de un diputado en Veracruz: familiares

La PGJE llama a declarar a siete personas, entre ellas a la suplente del prísta

ANDRES MORALES Y GUADALUPE LOPEZ, CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO CORRESPONSALES Y REPORTEROS

En medio de gritos de justicia de la muchedumbre y el reclamo de los familiares para que el crimen no quede impune, la tarde de este miércoles fueron sepultados en el municipio de Chinameca, Veracruz, los restos del diputado federal priísta José María Guillén Torres y de su hermano Rafael, acribillados la madrugada del martes en la carretera Minatitlán-Acayucan.

En Jalapa, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que siete personas fueron llamadas a declarar en calidad de presentadas, entre ellas Elizabeth Rosas López, suplente del legislador, y Francisco Espinosa Avalos, chofer y guardaespaldas de la víctima, quien no viajaba en el vehículo durante el atentado.

Durante los funerales, Salvador Guillén Torres, hermano del legislador acribillado, dijo que desde hace varios meses su pariente había recibido amenazas de muerte, y que sospechaba que su domicilio era vigilado por "enemigos políticos", por lo que la familia pidió que se refuerce la línea de investigación hacia una venganza de tipo político.

Agregó que los deudos y personas allegadas al legislador asesinado proporcionarán a la PGJE los nombres de "varias personas" sospechosas de estar involucradas en el crimen.

Aproximadamente dos mil personas se concentraron la tarde del miércoles en el zócalo de Chinameca para rendir un homenaje luctuoso a los hermanos Guillén Torres, cuyos restos fueron trasladados al palacio municipal, donde los asistentes exigieron justicia y castigo a los responsables.

En el homenaje estuvieron diputados y alcaldes de la región sur del estado, quienes horas antes se reunieron en Minatitlán con el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Rafael Rodríguez Barrera; el subprocurador de Justicia en la zona sur, Armando Aíza, y la secretaria general de Gobierno, Noemí Quirazco Hernández.

Los legisladores exigieron al gobierno estatal que realice "el esfuerzo suficiente para que se esclarezca el crimen y se capture a los responsables, pues no se quedará en el olvido ni en la impunidad", dijo el legislador Nemesio Domínguez.

Noemí Quirazco reiteró la disposición de las autoridades para llevar la indagatoria "hasta sus últimas consecuencias".

Tras la reunión señaló que las autoridades judiciales "trabajarán noche y día" para el esclarecimiento del caso.

La funcionaria rechazó que se haya solicitado a la PGR la atracción de las investigaciones.

No obstante, la PGJE dio a conocer en Jalapa que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, ofreció a su homólogo estatal, Pericles Namorado Urrutia, apoyo total en la investigación del homicidio, aunque aclaró que no ejercerá la facultad de atracción, pero sí prestará toda clase de apoyo mediante la Policía Judicial Federal, peritos y de cualquier otra naturaleza que pudiera requerirse.

Mencionó que con la supervisión del subprocurador estatal en la zona sur, Armando Aíza Avalos, el Ministerio Público investigador de Cosoleacaque ha citado a declarar, como parte de la averiguación previa número 008/2003, a siete personas, entre ellas a Elizabeth Rosas López, suplente del legislador ultimado, y a su esposo Mario Viveros Hernández.

También declaró Francisco Espinosa Avalos, chofer y guardaespaldas del legislador asesinado.

El conductor quedó detenido porque tenía una orden de aprehensión por abuso de autoridad en que habría incurrido cuando fue comandante de la Policía Municipal y Guillén Torres era alcalde de Chinameca.

En el transcurso de este miércoles continuarían las declaraciones en torno a este hecho, en el que además resultó herido el menor Marco Tulio Guillén Hernández, de 15 años, hijo de José María Guillén Torres.

El joven permanece en el Hospital Civil de Minatitlán, donde su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.

El secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano, indicó que cuatro grupos móviles de 20 policías buscan a los responsables del doble homicidio y que hay tres líneas de investigación: "una posiblemente sea una cuestión de propiedades; otra, alguna situación política, y una de otra índole".

Repudio en San Lázaro

En la Cámara federal de Diputados, Carlos Aceves del Olmo, compañero de bancada del diputado priísta ultimado, dijo desde la tribuna que es un mal presagio para la vida institucional del país que en la primera sesión de la Comisión Permanente se tenga que denunciar el asesinato de un legislador.

Propuso a la asamblea la aprobación de un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su absoluto repudio al asesinato de Guillén Torres y "el rechazo a que el estado de derecho sea sustituido por formas violentas y apartadas de la ley", además de exigir a las autoridades estatales y federales el esclarecimiento absoluto de los hechos.

El punto de acuerdo fue aprobado luego de considerársele como de urgente y obvia resolución.

"Este año es de elecciones, de convicción con la democracia, de fe en las instituciones de la República. Que el sacrificio de José María Guillén no sea inútil", pidió el legislador Herrera Beltrán, y confió en que los poderes federal y estatal cumplan con esclarecer el homicidio.

El perredista Ramón León Morales dijo que el homicidio les recuerda a todos los perredistas muertos y la impunidad que prevalece en México "porque no se han podido resolver los grandes asesinatos".

Más tarde, el petista Víctor Antonio García Dávila y el legislador por Convergencia, José Manuel del Río Virgen, manifestaron su preocupación por el hecho de que Veracruz ocupe en los últimos días la nota roja de todos los medios de comunicación.

En el Congreso local, el coordinador parlamentario del PRI, Ignacio González, pidió una investigación a fondo del homicidio, mientras que Ernesto Alarcón, presidente de la Comisión de Justicia, pidió la pena máxima de 30 años de prisión que existe en Veracruz para los responsables del asesinato.