John Saxe-Fernández
Las mañosadas de la Secretaría de Energía
Del flamante, no menos que mendaz, esquema propagandístico impulsado desde la Secretaría de Energía, encaminado a convencer a la opinión pública de que "apoye la reforma eléctrica" porque la electricidad y el petróleo "no se privatizan", mientras en los hechos se procede precisamente en esa dirección, se puede inferir que en 2003 se profundizará el asalto al patrimonio nacional, en este caso dirigido a la desarticulación y apoderamiento del complejo petroeléctrico y gasero del país. Esta ofensiva es una verdadera guerra de conquista, impulsada en México por Washington desde el BM-FMI, con la indispensable complicidad del gobierno "nacional", como resultado de la crisis de acumulación que afecta al capital de manera persistente desde inicios de la década de los 70.
Teniendo en mente el magno fracaso del programa privatizador en México, así como el gran desbarajuste y fraude generados por la desregulación del sector energético en otros países -notablemente en EU-, es realmente temerario el alineamiento de este gobierno con los intereses del empresariado extranjero, su aparato de seguridad y sus socios locales. Además de la desestabilización sociopolítica del sector agropecuario, el gobierno agrega nuevos riesgos e incertidumbres en un sector tan crucial para el funcionamiento de la economía como el sector energético, aunque su efecto combinado y acumulativo afecte y debilite la estructura productiva y la estabilidad sociopolítica de la nación.
El foxismo persiste en aplicar lineamientos que debilitan y atacan al aparato productivo nacional. Eso no importa. El botín petrolero-gasero y eléctrico ha sido codiciado durante décadas, y ahora las grandes empresas del ramo, mediante nuestros propios instrumentos del Estado, como Energía, cuyo presupuesto pagamos los contribuyentes, apuntalan su ofensiva antinacional con una vergonzosa campaña de desinformación, porque mientras al público por la vía de espots de radio y televisión se le dice una cosa, a los inversionistas de adentro y de afuera se les dan otros mensajes, por escrito, más directos y concretos.
Mañoso, el gobierno jura que ni la Comisión Federal de Electricidad ni Luz y Fuerza del Centro (CFE-LFC) se privatizan, mientras en el documento Prospectiva del sector eléctrico 2002-2011 el BM, por conducto de dicha secretaría, plantea un vasto y conciso calendario privatizador argumentando, además, que debido a la importancia que tendrá la inversión privada "nacional o extranjera" en la expansión de la industria eléctrica "... es necesario brindar certidumbre jurídica adecuada para atraer esos recursos al país".
Siguiendo el guión del BM, encaminado a desplomar la inversión pública en las áreas de interés para los inversionistas extranjeros, bajan el switch, por así decirlo, a los proyectos federales de generación eléctrica mientras Energía indica que intenta otorgar permisos para construir centrales de generación eléctrica por un total de 19 mil 703 megavatios. Energía esperaría que en poco tiempo la capacidad instalada del sector privado, "nacional y extranjero" duplicará la de la CFE y de LFC. Según el mencionado documento, de los 14 proyectos de generación en construcción sólo la planta del valle de México se construye con recursos públicos, mientras otros dos se realizan con préstamos y los restantes son privados. En 2003 el gobierno foxista intenta lanzar cuatro licitaciones de generación con préstamos privados, con el aval del BM y su Internacional Finance Corporation.
Como ocurre en el sector eléctrico, en materia petrolera la inconstitucionalidad es persistente mientras la brecha en la credibilidad del mensaje gubernamental de que Pemex no se privatiza es abismal. Su discurso es cínico, según se aprecia en el manejo que el foxismo hace de Pemex Exploración y Producción (PEP), por medio de los contratos de servicios múltiples (CSM) en favor de empresas petroleras grandes, pequeñas y medianas, algunas texanas directamente vinculadas con la presidencia y la vicepresidencia de EU. Entre las posibles favorecidas con la exploración y explotación del gas natural no asociado en la cuenca de Burgos se mencionan Exxon, Texaco, British Petroleum, Shell, Chevron. Aunque se supone que PEP es la entidad que está organizando reuniones en Houston para coordinar y calendarizar la acción privatizadora y extranjerizadora por medio de los controvertidos CSM, se indica que Hunt Oil y Haliburton -esta última hasta hace pocos años dirigida por Richard Cheney- son las entidades que realmente están a cargo de la coordinación, por ejemplo, de la conferencia internacional El sector del gas en México, que se llevaría a cabo a principios de febrero.
El interés estadunidense por controlar el gas natural mexicano tiene como uno de sus componentes no sólo el magnífico negocio que representa, sino el hecho de que, según informes técnicos del gobierno de ese país, "...durante la última década EU ha visto aumentar su dependencia de gas natural canadiense. Las importaciones de gas de Canadá se han triplicado mientras que el aumento de su consumo de gas natural se ha basado en el canadiense, no en nueva producción gasera estadunidense". Y según el Departamento de Energía, de los tres países que integran el TLCAN, México es el único cuyas reservas de gas natural "permanecen subexplotadas". Aquí están los mayores márgenes de ganancias y Fox parece decidido, por medio de los CSM y al margen de la Constitución, a abrir las puertas de este magnífico negocio a sus amigos.
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