Obtuvo más de 13 mil millones de dólares al especular con energía en ese estado de EU

Empresa eléctrica defraudadora en California opera en México

Se trata de Sempra Energy, que tiene proyectos en el país y otras naciones latinoamericanas

Esta es otra pieza en el caso de manipulación de tarifas durante la crisis de 2000 y 2001

NOTIMEX

San Diego, 8 de enero. De la misma forma que Enron sobrecobró a California, mediante prácticas especulativas, unos 5 mil 100 millones de dólares, las firmas Sempra Energy -con proyectos en México y otros países latinoamericanos- y Coral Power habrían obtenido más de 30 mil millones de dólares.

Sempra Energy, precisó el Sistema Operador Independiente (ISO, por sus siglas en inglés), en un reporte dado a conocer este miércoles, habría obtenido cerca de 13 mil 100 millones de dólares, mientras Coral Power habría sido la compañía energética que más ganancias obtuvo en Estados Unidos con el uso de métodos especulativos, al alcanzar los 17 mil 100 millones de dólares.

Según un reporte de ISO, que supervisa la adquisición y el consumo de electricidad en California, "esta es otra pieza que evidencia el rompecabezas de la especulación de la industria energética durante la crisis de California", ocurrida entre el verano de 2000 y la primavera de 2001, dijo este miércoles el vocero del ISO, Gregg Fishman, al presentar el informe.

Sin embargo, Fishman precisó que el reporte contable de ISO no distingue los acuerdos ilegítimos entre Sempra y otras compañías de los legales.

La investigación del reporte fue terminada en octubre pasado, pero sólo se dio a conocer hasta este miércoles, sin que ISO precisara las razones de la demora.

Fishman dijo que Sempra habría ganado 13 mil 100 millones de dólares por la venta de servicios auxiliares al gobierno de California durante la crisis energética en mayo pasado. Estos servicios incluyeron la venta de emergencia de electricidad o reserva de energía disponibles en el momento. Los investigadores precisaron que algunos proveedores violaron la ley al vender reservas que en realidad no tenían.

El informe de 34 páginas, divulgado en el sitio de Internet de ISO, excluye a las mayores corporaciones energéticas de Estados Unidos, salvo Enron, pues fueron incluidas en otra investigación del Senado y de la Procuraduría General de California.

El estudio de ISO fue dado a conocer a unas semanas de que la Comisión Federal Reguladora de Energía estadunidense (FERC, por sus siglas en inglés) presente resultados de la investigación exclusiva sobre prácticas especulativas de Enron, declarada en quiebra.

Sempra, que construye el mayor gasoducto transfronterizo entre Estados Unidos y México, negó por su parte en forma rotunda los señalamientos de la agencia paraestatal californiana.

Un vocero de la compañía en San Diego, Doug Kline, recordó que bajo juramento ante autoridades federales han declarado que nunca cometieron actos de especulación.

Agregó que la presentación del informe de ISO es "sospechoso", ya que éste se presenta justo cuando las negociaciones entre la compañía y el estado de California, que tenían como objetivo la revisión de un contrato de suministro de energía por 6 mil millones de dólares, se ha roto.

Sempra, la única compañía de las tres energéticas de California que conserva liquidez y crédito tras la crisis, estimó que el estado podría usar el informe de ISO para cancelar el contrato de suministro.

En diciembre pasado, el gobernador Gray Davis pidió a la FERC autorización para prescindir de unos 40 contratos de abastecimiento de energéticos para la próxima década por un total de 40 mil millones de dólares.

Davis argumentó que cuando los contratos fueron suscritos, la industria energética había establecido precios elevados de manera artificial.

La deuda de California con la industria energética contribuyó para que este año el estado afronte uno de los mayores déficit presupuestarios en cinco décadas.

California tiene un déficit de casi 35 mil millones de dólares, 45 por ciento de su presupuesto anual, en el que la deuda por consumo energético implica 15 mil millones de dólares, de acuerdo con estimados de la contraloría estatal.