Se realizarían en tres etapas desalojos en Montes Azules

En ciernes, operación del grupo paramilitar Opdic en Ocosingo

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 7 de enero. Los desplazados por el conflicto son un "problema sin resolver" que no decrece. El despojo de tierras sigue siendo un crimen que no recibe castigo. Ahora, en la región de Montes Azules se anuncia un nuevo escenario de desalojos más "institucional", basado en argumentos "ambientales", aunque en el norte de Ocosingo también se cierne una operación paramilitar a cargo de la Organización por la Defensa Indígena y Campesina (Opdic).

En las zonas norte, Altos y selva los ataques de grupos paramilitares han causado decenas de muertes entre 1996 y 2002. A los campamentos de desplazados en los municipios constitucionales de Chenalhó, Tila y Sabanilla se suman los primeros desalojados de Montes Azules por el gobierno foxista, que quedaron aventados en un albergue de Comitán.

En Chenalhó, los grandes asentamientos de Acteal, Polhó y otros campamentos reúnen unos 7 mil tzotziles que siguen sin casas, milpas, cafetales y posibilidades de trabajo agrícola, porque los grupos priístas que los despojaron violentamente entre 1996 y 1997 están posesionados de sus tierras y tranquilos. Eso, no obstante que muchos de estos priístas deben vidas y nunca han sido desarmados por las autoridades, y menos castigados. No hay que olvidar que no sólo en Acteal hubo asesinatos.

Los choles y tzotziles que habitan el poblado Nueva Revolución, en el municipio de Tila, así como los de San Marcos y San Rafael, en Sabanilla, pueden contar una historia parecida. Originarios de Moyos, Jesús Carranza y muchas otras comunidades, fueron expulsados de sus legítimas tierras por los "civiles armados" de Desarrollo, Paz y Justicia.

En este 2003 centenares de familias de la zona norte se las arreglan como pueden para sobrevivir, mientras los paramilitares priístas usufructúan sus predios e impiden mediante amenazas el retorno de los zapatistas a sus casas. También Paz y Justicia debe cerca de un centenar de vidas, pero sus miembros gozan de una impunidad aún mayor que la de los asesinos de Chenalhó y tampoco han sido desarmados.

Municipios autónomos como San Pedro Polhó, Ricardo Flores Magón y, en menor medida, San Pedro de Michoacán y Tierra y Libertad están conformados por grupos de desplazados. En el caso de Polhó, la mayor parte de los indígenas autónomos se concentra en campamentos de refugiados, sitiados por el Ejército.

Las amenazas oficiales de desalojar Montes Azules, que siguen el ritmo de las secas (rasgo eminentemente "de guerra"), se mantienen en pie, en el mismo orden de ejecución con que fueron planeados por la Mesa Ambiental desde finales de 2001. Con la colaboración de la comunidad lacandona, propietaria legal de toda aquella selva, las autoridades ambientales, militares y judiciales pretenden desalojar una treintena de comunidades y afectar la propiedad ejidal o comunal de otras 15.

El plan ideado para tal efecto consiste en tres etapas. Grosso modo, primero se desalojaría el sur de la reserva de la biosfera, donde se localizaba Arroyo San Pablo (Lucio Cabañas). Luego la porción central (entre Miramar y Amador Hernández) y enseguida el norte de Montes Azules, donde están las lagunas Ojos Azules, Suspiro y Ocotal, y donde se localiza el municipio en rebeldía Ricardo Flores Magón.

Como lo demuestra el caso del asentamiento Lucio Cabañas, los indígenas que viven en esas regiones de la selva lacandona son los siguientes candidatos al exilio forzado.

Los 27 choles que salieron "por las buenas" de Arroyo San Pablo (Lucio Cabañas) ahora pernoctan en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Humano de la ciudad de Comitán, mientras se acuerdan de ellos la Profepa y la Semarnat, que tan diligentemente los sacaron de su asentamiento en diciembre. Con 5 mil pesos por el maíz perdido y un perdón por sus "delitos ambientales", que neutraliza las promesas de tierra que hicieron los funcionarios la Navidad pasada, se consideran engañados. Mientras las autoridades no demuestren lo contrario, estos choles originarios de Tontiepac, Tila, constituyen ya un nuevo grupo de desplazados. (Aunque en sentido estricto, su peregrinar comenzó a principios de la década pasada; posteriormente serían víctimas del Mocri en Marqués de Comillas, y hoy son "huéspedes" de la caridad gubernamental.)