Diputados señalan que son absurdas las respuestas que dio el instituto a la auditoría

Niega el IPAB que fuera ilegal compra de cartera con intereses moratorios

Los legisladores dicen que sólo el Congreso tiene facultades para avalar tal operación

CIRO PEREZ SILVA

Las operaciones realizadas por el Fobaproa en la compra de la cartera a Serfin y a Banamex fueron aprobadas por el comité técnico de este fondo, avaladas por el Banco de México, y tuvieron el beneplácito del Ejecutivo federal, "por lo que resulta imposible descontar el valor del pagaré en dichos bancos", como demandaron diputados de PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, quienes sostienen que sólo estas dos operaciones representan un quebranto por 21 mil millones de pesos.

De acuerdo con la información que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) entregó a la Auditoria Superior de la Federación en diciembre -como respuesta a las observaciones realizadas por el auditor superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública de 2000-, el IPAB sostiene que la compra de toda la cartera a las citadas instituciones bancarias, con intereses moratorios incluidos, representa compromisos que deben cubrirse con recursos públicos.

"Lo anterior resulta absurdo, y más absurdo resultaría que el auditor superior de la Federación se diera por satisfecho con las respuestas que el IPAB entregó, para las cuales contó con la línea dictada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el apoyo del Banco de México", acusaron los legisladores perredistas José Antonio Magallanes y Rosalinda López.

Advierten que la incongruencia de las respuestas del IPAB en torno a las observaciones del auditor superior de la Federación radica fundamentalmente en que dicho instituto señala que la compra de la cartera con todo e intereses moratorios fue una operación avalada por el Fobaproa, sin embargo, "el comité técnico del Fobaproa ni mucho menos el Banco de México contaban con las facultades de ley que les permitieran la compra de cartera con todo e intereses moratorios", sostienen los diputados.

Destacan que en los casos en que la cartera adquirida por el Fobaproa provenía de empresas en quiebra o en suspensión de pagos --denominada como créditos "E"-, por tratarse de la adquisición de una deuda, requería la aprobación del Congreso.

El vicecordinador priísta, Manuel Añorve Baños, recuerda que en septiembre de 2002 el auditor superior de la Federación "instruyó" al IPAB para descontar aproximadamente 21 mil millones de pesos del pagaré de Banamex en la revisión de la cuenta pública de 2000, ya que la compra de cartera con todo e intereses moratorios no estaba permitida por la ley.

El ex asesor de la Comisión Especial para la Investigación del Fobaproa, Mario Di Costanzo, menciona que de acuerdo con lo que marca la ley, y en caso de no estar conforme con los comentarios del IPAB, "el auditor superior de la Federación está facultado para iniciar una querella contra el IPAB y contra quien resulte responsable por este quebranto, que representa tan sólo en estos dos casos, poco más de 21 mil millones de pesos.", indicó.

Las observaciones al instituto

Di Costanzo mencionó que las observaciones que la Auditoria Superior de la Federación hizo al IPAB fueron, entre otras, que los pasivos totales del IPAB al 31 de marzo de 2002 ascendieron a 876 mil 254 millones de pesos, o sea, el equivalente a 15% del PIB; que en la compra de cartera de Banamex y Serfin se incluyeron indebidamente intereses moratorios por mil 880.2 y 3 mil 400 millones de pesos. Su actualización al 31 de marzo del 2002 refleja un valor de 7 mil 176.6 y 21 mil 890.8 millones de pesos.

En el caso de Banamex, el programa de capitalización y compra de cartera incluyó 19 mil 348 pesos de créditos en litigio y créditos relacionados, además de créditos irrecuperables por 4 mil 658.8 millones de pesos, que a valor actualizado ascienden a 14 mil uno millones de pesos.

En suma, los beneficios irregulares en el caso de Banamex fueron del orden de 21 mil 177.6 millones de pesos, mientras que en el caso de Banco de Oriente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino el banco en mayo de 1997, 2 años y medio después de que se habían detectado las irregularidades. Este retraso originó un costo adicional de 19 mil 457 millones de pesos en el rescate bancario.