El viernes pasado los televidentes capitalinos descubrieron, con desconcierto o con franco horror, que la frecuencia de CNI Canal 40 se había convertido en una mera repetidora de la señal de Tv Azteca. De acuerdo con información difundida por la concesionaria de la frecuencia usurpada, en las primeras horas del pasado 26 de diciembre unos 30 individuos armados, enviados por Tv Azteca, incursionaron con violencia en las instalaciones de transmisión de CNI en el Cerro del Chiquihuite y, a punta de pistola y con amenazas, obligaron a los trabajadores allí presentes a firmar una "acta de entrega" de la construcción y los equipos. La televisora del Ajusco, por su parte, ha venido proclamando, sin dar más detalles, que "reasumió la operación" del Canal 40 de acuerdo con los términos de pretendidos fallos judiciales emitidos por instancias nacionales y extranjeras.

Al margen de los vericuetos procesales en los que ambas empresas está enfrascadas desde hace años, la información disponible, y hasta ahora no desmentida por Tv Azteca, indica que ésta interpretó a su favor resoluciones del décimo tribunal colegiado de circuito y de la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, y que en forma unilateral, arbitraria e ilegal, y al amparo del pasmo institucional característico de las vacaciones decembrinas, se apoderó de la señal de CNI.

Es por sí mismo suficiente motivo de indignación y escándalo que un corporativo cualquiera se apropie, con el concurso de un grupo armado irregular, de instalaciones y activos ajenos. Semejante medida no corresponde a las prácticas empresariales, sino a los usos de la delincuencia organizada. Parecería necio e innecesario recordar que la enajenación y el traslado de dominio y posesión de bienes sólo puede realizarse en forma legal si existe para ello un mandato judicial y si éste es ejecutado por las autoridades competentes; pero esa noción básica de derecho parece estar ausente en el país en los días que corren.

Por añadidura, el atropello perpetrado en la madrugada del viernes en el Cerro del Chiquihuite -y repetido más tarde contra la audiencia de CNI Canal 40- es también un ataque inaudito e inadmisible al derecho a la información y a la libertad de expresión. Debe considerarse que en el conflicto entre las empresas que encabezan Ricardo Salinas Pliego y Javier Moreno Valle no sólo hay diferendos monetarios y de propiedad, sino también una evidente contraposición de líneas editoriales, perspectivas políticas y hasta percepciones del país y del mundo, y que en esa medida la acción de fuerza de Tv Azteca no sólo está orientada a "continuar la operación" del Canal 40, sino también a suprimir un proyecto mediático, informativo y periodístico que ha tomado distancia de los dos consorcios hegemónicos de la televisión mexicana.

En esta ocasión, Tv Azteca se ha comportado en concordancia con su historial, del que basta con recordar dos datos representativos: en su génesis, la concurrencia de decenas de millones de dólares de dudosa procedencia, aportados por Raúl Salinas de Gortari al proceso de privatización de Imevisión y, años más tarde, el intento de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, por desviar la atención pública y presentar el asesinato de uno de sus animadores como resultado de la inseguridad capitalina y como responsabilidad del entonces jefe de gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas, cuando en realidad el homicidio ocurrió en el contexto de los asuntos de drogas en los que estaba involucrada la víctima.

Pero si de Tv Azteca y de sus directivos puede esperarse cualquier cosa, cabría suponer, al menos, la existencia de instituciones públicas capaces de poner coto a la arbitrariedad, la prepotencia y la ilegalidad, y de impedir actos consumados contrarios a derecho, como el referido en estas líneas. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ejerce su feriado navideño, la de Comunicaciones y Transportes "no tiene nada que decir" y la única dependencia oficial que ha logrado articular una expresión ante el atropello ha sido la Procuraduría General de la República, la cual aseguró, en un tono abiertamente vacacional, que, ante la denuncia interpuesta por CNI Canal 40, "se hacen las diligencias pertinentes en el caso", como si el allanamiento de las instalaciones de esa empresa no exhibiera una clara flagrancia.

Ante los hechos mencionados, el Ejecutivo federal que preside Vicente Fox debe actuar en forma contundente e inequívoca porque, si tolera el despojo y la reasignación arbitraria y a mano armada de una frecuencia que no es propiedad de CNI ni de Tv Azteca, sino de la nación, habrá renunciado, a ojos de la sociedad, al establecimiento de un estado de derecho y admitirá, en cambio, la imposición de la ley de la jungla, la regularización de la impunidad, el hábito de la justicia por propia mano y el imperio de cuerpos militares como el que el pasado viernes confiscó para Tv Azteca la señal de CNI Canal 40.