Señora directora: El desalojo de campesinos indígenas en la comunidad de Montes Azules es una provocación más de las que se han venido dando en el estado de Chiapas.

Como todo ciudadano puede entender, las provocaciones y amenazas de más desalojos en Montes Azules de la región conocida como selva Lacandona, donde conviven bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y convergen varias etnias, están lejos de la promesa de diálogo, reconciliación, tolerancia e inclusión de los gobiernos federal y estatal, ya que la actitud de "política de diálogo con fuerza" sin propuestas transparentes e incluyentes, nos conduce a la incredulidad y a una práctica del eterno retorno de la violencia.

En estos duros tiempos de profundas inequidades, se deben adoptar políticas con reglas que reflejen sensibilidad de justicia equilibrada.

Por ello me solidarizo con la propuesta de la conformación de una misión civil por la paz en esta zona.

Porfirio R. Ichin Santiesteban

Señora directora: En relación con la nota publicada en su edición del 28 de diciembre en la página 30 de la sección Capital, donde se informa sobre la recomendación 005/2002, emitida por el procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, queremos comunicarle que la Dirección Jurídica ha realizado las siguientes acciones legales:

Se realizaron visitas de verificación, derivado de las cuales se procedió a cancelar las obras, se impuso una multa de 5 por ciento del valor comercial de las obras ejecutadas, la demolición y clausura de éstas, y se presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la posible comisión de ilícitos ambientales.

Por lo que hace a la recomendación emitida por la Procuraduría Ambiental del DF, es necesario explicar que este órgano otorga diez días hábiles para aceptar o rechazar la recomendación, término que vencería hasta el día 15 de enero de 2003, y otorga 15 días más para dar cumplimiento a la recomendación, término que fenecería, en caso de aceptar la recomendación, el 5 de febrero de 2003.

Por lo tanto, se encuentra en estudio el contenido de la recomendación que nos ocupa, a efecto de resolver si se contesta aceptando o rechazando con argumentos de derecho, según sea el caso, sus puntos resolutivos, tomando en cuenta los aspectos legales, políticos y sociales que se involucran en el caso específico.

Es importante destacar que la jefatura delegacional en Tlalpan no ha hecho caso omiso al asunto que se refiere, ya que se ha actuado desde el momento mismo en que se nos notificó esta irregularidad.

Gilberto López y Rivas, jefe delegacional en Tlalpan

Señora directora: En relación con la información publicada el jueves 26 de diciembre de 2002 en la nota: "Las víctimas de delitos sexuales necesitan peritos ajenos a la PGJDF, señala Adivac" me permito hacer la siguiente aclaración: la Facultad de Sicología de la UNAM nunca ha interrumpido ni interrumpirá la atención sicológica a víctimas y sobrevivientes de agresión sexual; incluso ha ampliado este servicio de manera que el Centro Comunitario Dr. Julián MacGregor y Sánchez Navarro, así como el Centro de Servicios Sicológicos Doctor Guillermo Dávila, pertenecientes a la Facultad de Sicología de la UNAM, también lo prestan.

Beatriz Vázquez Romero, coordinadora de los Centros de Servicios a la Comunidad Universitaria y al Sector Social, Facultad de Sicología, UNAM

Señora directora: Mucho le agradeceríamos la publicación de la siguiente carta:

Lic. Arturo Montiel Rojas, gobernador del estado de México, presente.

Los que suscribimos la presente, alumnos y maestros de la escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán, clave de centro de trabajo 15EAR0025E en turno vespertino y 15EAR0040X en discontinuo, dependiente de la Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social del estado de México, le pedimos de la manera más atenta tenga a bien intervenir en nuestro caso.

Como lo informamos con anterioridad, fuimos despojados de nuestras instalaciones ubicadas en avenida Canales s/n colonia Fundidores, municipio de Chimalhuacán, por miembros de la organización Fedef-25, los cuales desde el sábado 14 de diciembre no nos han permitido la entrada a nuestra escuela a tomar clases de la licenciatura en danza folclórica mexicana. Ellos de manera arbitraria lo que quieren es quedarse en nuestra escuela e imponer a una persona de esa organización de nombre Iván como director, persona totalmente ajena al Fedef-25. Esto va en contra del consenso de todos los alumnos y maestros que apoyamos para ser nuestra directora a la maestra María de la Luz Saldaña Luviano, actual profesora de historia en nuestro plantel y a quien conocemos como una persona comprometida con nuestra institución.

Hemos pedido por escrito al licenciado José Robledo Sandin la institucionalización de nuestra escuela, para que ninguna organización intervenga en las decisiones que sólo competen a alumnos y maestros.

Actualmente nos encontramos tomando clases (periodo intensivo o de fase cerrada) en instalaciones prestadas de la escuela secundaria Primero de Mayo de Ciudad Nezahualcóyotl, y en el mes de enero tendremos que buscar otras instalaciones de alguna escuela en Chimalhuacán si esto no se resuelve de inmediato.

Por lo que pedimos que se nos devuelvan nuestras instalaciones para poder desarrollar con normalidad nuestros estudios.

Que se respete la plantilla de maestros que se encuentran laborando desde el mes de agosto, fecha en que inició el actual ciclo escolar.

Que se nos devuelva nuestro mobiliario escolar, 9 computadoras, archivos escolares, documentos oficiales, sellos, expedientes de alumnos y personal, acervo bibliográfico, etcétera, que han sido sustraídos de nuestra escuela.

Lo único que nos interesa y ya lo hemos manifestado con anterioridad es continuar nuestra vida académica con normalidad y fuera de la manipulación de organizaciones políticas.

Alumnos y maestros: Miguel de la Paz Peña, Víctor Manuel De la Cruz Retes, Juventina López Lima, Ana Lilia Cruz Trebiño, María Aurelia Áviles González, Ana María Islas Morales, Arcelia Juárez Domínguez, Natividad Ortega C., Carmen Pacheco Martínez, Gerardo Bautista García y 26 firmas más